San Pedro Sula — El Congreso Nacional recibirá mañana el decreto legislativo que contiene la ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, para someterlo a consideración del Legislativo.
El proyecto surgió en el Consejo de Secretarios que llevó a cabo la presidenta Xiomara Castro de Zelaya la madrugada del sábado y busca brindar un servicio de energía eléctrica con precios justos, además de resolver la deuda acumulada de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), que supera los 75,000 millones de lempiras (HNL), unos US$3,059.9 millones, equivalente al 10.1% del PIB nacional.
“Estaremos analizando ese proyecto de decreto con la Comisión de Energía, posteriormente se hará consultas con diferentes sectores para obtener retroalimentación”, dijo Hugo Noé Pino, diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Para 2019, conforme a los datos más recientes, el 86.9% de las más de 2.2 millones de viviendas en los 18 departamentos de Honduras tenían acceso a la electricidad, según la Secretaría de Energía (SEN).
El proyecto de decreto propone que el Estado declare emergencia nacional en el subsector eléctrico, que comprende las estructuras de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), el Operador del Sistema (ODS), las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, la importación y exportación de energía y otras operaciones del sistema eléctrico.
También, el Estado estaría asumiendo la obligación de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a toda la población urbana y rural.
Revisión de los contratos
En su artículo 4, el decreto autoriza a la Enee para que, a través de su junta directiva y la gerencia general, plantee bajo sus prerrogativas y facultades, y por razones de interés público, la renegociación de los contratos y los precios a los que el Estado a través de la estatal adquiere el suministro de energía eléctrica generada por plantas térmicas.
En especial, en cuanto a los cargos fijos que comprenden operación, mantenimiento y utilidad razonable, y los cargos variables constituidos por el combustible, operación y mantenimiento, tomando en consideración que la mayoría de las plantas ya han sido pagadas, señala el proyecto.
En caso de no ser posible la renegociación, la Ley autorizará plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio.
Además, propone la renegociación de los precios y los contratos a los que el Estado adquiere el servicio de energía solar y eólica, tomando como referencia los precios de Centroamérica, el Caribe y el resto de América Latina. De igual forma, en caso de no ser posible la renegociación, se autoriza plantear la terminación de la relación contractual.
La tarde del lunes, funcionarios de la SEN sostuvieron en Casa Presidencial la primera mesa de renegociación de contratos con generadores de energía solar, y en días posteriores se llevará a cabo con los de térmicas y eólicas.
En tanto, otra parte de la Ley va enfocada en la reforma de los artículos 1, 3, 5, 9, 10, 11, 15, 27, 28 y 29 de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), vigente desde 2014.
“Básicamente es una reconfiguración de la dinámica de los actores del subsector eléctrico. Es volver a traer el Centro Nacional de Despacho (CND), lo que con la LGIE se le había denominado Operador del Sistema (ODS), y de esta forma la garantía del suministro eléctrico y la forma en que se despacha va a cargo de la Enee”, dijo Erick Tejada, titular de la SEN.
Demanda del Estado a la EEH
A través de un tuit, Tejada informó que el viernes 29 de abril se introdujo, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), en el juzgado de lo civil una demanda contra la Empresa Energía Honduras (EEH) de tutela sumaria para garantizar el servicio.
“Se presentará posteriormente una demanda por daños y perjuicios contra EEH por al menos 10,000 millones de lempiras (407.9 millones de dólares)”, agregó el funcionario.
A medios de comunicación de la capital, Tejada explicó que la demanda se debe a que el contrato suscrito en agosto de 2016 entre el Estado de Honduras y el consorcio colombiano-hondureño, para reducir el nivel de pérdidas de energía de la Enee, “es lesivo y presenta vicios de nulidad”.
“Nunca se había presentado una demanda por parte del Estado contra EEH”, agregó el secretario de Energía, al tiempo de recordar que el consorcio tiene interpuestas cinco demandas contra la Enee, las cuales superan los 5,500 millones de lempiras (224.4 millones de dólares) y una demanda internacional contra el Estado de Honduras por 527 millones de dólares.
“Hay toda una maraña legal, por lo que estamos claros que el contrato es lesivo para el interés público”, agregó Tejada.
