Bloomberg — Los Gobiernos de América Latina deben hacer un mejor uso de las reglas de intercambio automático de información para aumentar los ingresos fiscales y combatir los delitos financieros, dijo el martes la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Dado que se estima que alrededor del 27% de la riqueza de la región se encuentra en el extranjero y que las tasas de evasión de impuestos corporativos superan el 50% en muchos países, los Gobiernos tienen muchos incentivos para sumarse, dijo la OCDE en su último informe sobre la transparencia fiscal en la región.
El sistema de intercambio de información fiscal ha generado 2.600 millones de euros (US$2.700 millones) en ingresos fiscales adicionales en la región durante el período entre 2014 y 2021, aunque gran parte (1.700 millones de euros) provino de un país en 2018.
“Estas cifras impresionantes demuestran la eficacia del intercambio de información previa petición (EOIR) y señalan la necesidad de que los países utilicen más activamente esta herramienta en sus estrategias de cumplimiento tributario”, dijo la OCDE.
Hasta el momento, 15 países de América Latina se han unido al Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, mientras que el número de participantes en el Intercambio Automático de Información bajo el Estándar Común de Información ha aumentado a 10, luego de que Ecuador se uniera el año pasado.
Los Gobiernos también se han vuelto más activos con la cantidad de solicitudes de intercambio de información, aumentando a 649 en 2021, desde 319 en 2020.
La aceptación entre los Gobiernos participantes varía significativamente. Argentina es por mucho el usuario más activo de la región, representando el 55% de las solicitudes de intercambio de información realizadas el año pasado, seguido de México, con el 15%. La mayoría de los Gobiernos hizo muy pocas solicitudes.
Si bien casi todos los Gobiernos participantes otorgan una alta prioridad al intercambio de información, faltaba conciencia entre los funcionarios acerca de su importancia, y los Gobiernos a menudo no asignaban suficiente personal a la tarea, señaló la OCDE.
Un proceso de revisión por pares encontró que solo Brasil y Colombia habían implementado marcos legales adecuados, y la mayoría aún necesitaba realizar mejoras. Costa Rica aún no ha implementado un marco legal.
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