San Pedro Sula — Con la reciente publicación en el diario oficial La Gaceta de la derogación de la Ley Orgánica de las Zonas de Empleos y Desarrollo Económico (ZEDE), las tres plataformas que ya funcionan y operan en Honduras “se vuelven una empresa más”, dijo el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, al explicar que tendrán que apegarse a la legislación mercantil vigente.
El titular del Legislativo brindó una conferencia de prensa el 29 de abril para “recalcar que ninguna ZEDE que se creó, desarrolló, configuró y están funcionando o estuvo funcionando al margen de la Constitución, puede reclamar derechos”.
Redondo refirió que “son, fueron y siguen siendo ilícitas”, a la vez agregó que este esquema, aprobado en 2013, “creó inseguridad jurídica para todos los hondureños, porque violaron los artículos pétreos de la Constitución, además violentaron la soberanía nacional, cometiendo delitos imprescriptibles”.
Desde que estaba en campaña electoral, la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro de Zelaya, prometió que eliminaría las ZEDE, áreas del territorio nacional hondureño sujetas a un “régimen especial”, basado en incentivos legales, económicos y fiscales, con el objetivo de atraer inversión extranjera. Las mismas fueron aprobadas durante la gestión del presidente Porfirio Lobo Sosa.
La derogación de las ZEDE ha recibido reacciones de diferentes sectores. Una ha sido de la Oficina en Honduras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), quien a través de un tuit, destacó la importancia de la votación unánime por parte de los diputados, así como de la sanción del Ejecutivo.
Posibles consecuencias para Honduras
Sin embargo, la votación del 21 de abril en el Congreso Nacional para derogar las ZEDE no las disuelve por sí sola, dado que al estar establecidas en la Constitución, se necesita una reforma constitucional para eliminarlas de los artículos pertinentes.
Es decir, esto requiere una mayoría de votos de dos tercios favorables de los diputados en dos sesiones legislativas sucesivas, de las cuales la votación reciente sería solo la primera y tendría que ser ratificada en la sesión legislativa del próximo año.
“Después de estos obstáculos políticos, el gobierno hondureño enfrentaría una serie de consecuencias legales”, advirtieron Ryan C. Berg y Henry Ziemer, quienes son sénior fellow y coordinador de programa, respectivamente, del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D.C.
En un análisis publicado en el sitio del CSIS, los columnistas expusieron que no existe un mecanismo legal para poner fin a las ZEDE de la noche a la mañana. “Incluso si la reforma constitucional es ratificada en el próximo Congreso, el gobierno de Castro estaría obligado a respetar el período de transición antes de que las ZEDE sean realmente anuladas”.
Según los especialistas, Honduras necesitaría administrar sus obligaciones con los inversionistas de ZEDE bajo los principios constitucionales del debido proceso, el derecho internacional y una miríada de compromisos de tratados. En particular, el Tratado de Inversión Recíproca Honduras-Kuwait, publicado en el decreto 367-2013, el cual contiene una disposición que garantiza la estabilidad de la ley ZEDE por un período no menor a 50 años.
Adicionalmente, el artículo 45 de la Ley Orgánica de las ZEDE señala que de ocurrir la derogación a la legislación misma, “se mantendrá en vigencia por el plazo señalado en la cláusula o contrato de estabilidad jurídica firmado con personas naturales o jurídicas que residan o inviertan en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE)”.
El período de transición, agrega este artículo, no podrá ser menor de diez años y durante ese tiempo, se mantendrán en vigencia los derechos de los habitantes e inversionistas en las ZEDE.
“Si el gobierno hondureño insiste en avanzar en la derogación de la ley ZEDE, los inversionistas tienen a su disposición una serie de mecanismos legales”, señalaron Berg y Ziemer. A nivel nacional, podrían presentar un argumento ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que actualmente está compuesta en su mayoría por personas designadas por el ahora opositor Partido Nacional.
En otro escenario, los inversionistas también pueden presentar su caso bajo el Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica (CAFTA- DR) para buscar medidas cautelares provisionales para preservar el statu quo, así como daños por cualquier inversión perdida y ganancias futuras.
En consecuencia, añadieron los expertos en el análisis publicado en la web del CSIS, a menos que las inversiones existentes de la ZEDE estén protegidas por un período de transición que coincida con la duración del Tratado Honduras-Kuwait y/o los acuerdos internos de estabilidad jurídica, “el gobierno podría enfrentar cientos de millones y quizás miles de millones de dólares en responsabilidades, especialmente si se expropiaran las tierras compradas por los inversionistas de las ZEDE”.
¿Qué dicen los inversionistas de las ZEDE?
En la administración gubernamental pasada se establecieron tres ZEDE: Ciudad Morazán, en Choloma, Cortés; Orquídea en San Marcos de Colón, Choluteca y Próspera en Roatán, Islas de la Bahía.
“Próspera vino a Honduras con las mejores intenciones de invertir y generar oportunidades, basándonos en compromisos legales adquiridos por cada parte, y está intención y compromisos se mantienen”, dijo Erick A. Brimen, fundador y CEO de Próspera a Bloomberg Línea.
El ejecutivo agregó que respetan la soberanía de Honduras “y tenemos una tremenda apreciación por el pueblo hondureño y su potencial. Buscamos desatar este potencial con esquemas de inversión sostenibles que generen oportunidades a una escala que catalice prosperidad generalizada, con un enfoque en resolver de raíz fricciones que limitan el desarrollo socioeconómico en el país”.
Brimen reiteró que Honduras Prospera (HPI) “sigue adelante”, comprometida a respetar la soberanía nacional y las leyes de la República, “con sus planes de inversión y desarrollo basados en compromisos y derechos adquiridos por el Estado de Honduras y HPI que son legalmente vinculantes según la constitución, leyes nacionales, leyes y tratados internacionales, y contratos de estabilidad legal”.
Según el CEO, esto significa “que los planes de negocio de HPI no han cambiado ni tienen porque cambiar puesto que están amparados por las leyes de la nación y tratados internacionales, son legales y respetan la soberanía nacional. Reconocemos y respetamos la potestad del Congreso de Honduras de reformar, derogar, y crear leyes y nos acogemos a ellas según apliquen en nuestro caso en particular, siempre respetando la soberanía nacional”.
Próspera tiene con planes para construir edificios modernistas diseñados por el estudio de arquitectos Zaha Hadid, según exponen los inversionistas en el sitio oficial de la plataforma de desarrollo.
A través de Twitter, Víctor Wilson, inversionista de AgroAlpha-Orquídea, explicó que esta ZEDE genera a la fecha 900 empleos permanentes en la zona, más 3,000 indirectos y ha exportado más de 200 contenedores de vegetales y hortalizas. “Iba ser 2,700 empleos en dos años más, pero estamos reevaluando planes de inversión en este momento”.
Para 2024, el agroparque AgroAlpha-Orquídea Honduras planeaba convertirse en el mayor productor y exportador de tomates, pimientos y chiles de la región centroamericana, expone un artículo de Fresh Plaza, que la ZEDe compartió días atrás.
Por su parte, Massimo Mazzone, uno de los accionistas de Ciudad Morazán, explicó que a la fecha ya han invertido US$10 millones. “Alrededor de US$2.5 millones han sido destinados a la tierra y más de US$2 millones a la infraestructura, que incluye el muro perimetral, el cual debemos tener por Ley”.
Otra parte de la inversión, cerca de US$1.5 millones ha sido destinado para el proyecto habitacional, que actualmente suma 64 viviendas, estilo unidad familiar de dos habitaciones y 60 metros cuadrados, las cuales están dirigidas al mercado de Choloma.
Este segmento está caracterizado porque gran parte de la población trabaja en maquilas textiles y devengan el salario mínimo promedio de esta industria, que ronda los 13,966.55 lempiras (HNL), unos 569 dólares. La renta de las casa es de 120 dólares al mes.
El monto restante de la inversión ha ido destinado a la construcción de 4,000 metros cuadrados de área industrial, y la elaboración del plan urbano, el estudio de impacto ambiental y asuntos legales.
Conforme a la planificación de Ciudad Morazán, en enero de este año comenzarían a construir un edificio de apartamentos de 25 metros cuadrados por unidad, más otra infraestructura acorde al cierto grado de autonomía fiscal y regulatoria con la que contaban.
“Por la situación política actual, estamos medio parados, porque cada dos días nos amenazan que cierran la ZEDE, entonces no sabemos cómo actuar”, dijo Mazzone a Bloomberg Línea, un día antes que el Congreso Nacional aprobara la derogación de las ZEDE.
Desde su Twitter, el empresario consideró que la anulación de las ZEDE “ha sido un error y un daño para Honduras”. Cuando conversó con Bloomberg Línea, Mazzone dijo que sí el Estado tomaba esa resolución “espero que lo hagan según la Ley, con dos tercios del Congreso y después tenemos lo que dice los tratados internacionales”.
