Bloomberg — Mientras la minera china MMG Ltd. se dedica a expulsar a un segundo grupo de manifestantes que ocupan la gigantesca explotación de cobre Las Bambas en Perú, otro grupo intenta volver a ingresar a los terrenos.
El personal de seguridad de la mina está trabajando con la Policía para expulsar a los miembros de la comunidad de Huancuire de las áreas cercanas a la mina a tajo abierto, dijo Alexander Anglas, asesor legal de uno de los grupos de manifestantes.
Pero la tarea se ha visto complicada por los esfuerzos de los comuneros de Fuerabamba —que fueron desalojados el miércoles en un operativo que dejó varias personas lesionadas— por regresar a los terrenos de la mina y reanudar las protestas, informó RPP radio.
Los acontecimientos en Las Bambas, que representa alrededor del 2% de la producción mundial de cobre, son la última prueba para el asediado presidente Pedro Castillo. El exactivista rural de un partido marxista está lidiando con un recrudecimiento de los conflictos sociales y el descontento generalizado por el costo de la vida. El conflicto comunitario es un tema clave que se abordará en la feria minera Expomina esta semana en Lima.
Los manifestantes llevan unas dos semanas acampando en los terrenos de la mina, interrumpiendo las operaciones, mientras presionan a la empresa para que cumpla con las obligaciones de comprar las tierras. MMG, con sede en Hong Kong, ha dicho que cumple plenamente.
Tras el fracaso de las conversaciones para llegar a un acuerdo a principios de esta semana, MMG recibió luz verde para desalojar a los manifestantes en un intento por reanudar las operaciones.
Pero los manifestantes no saben por qué se llamó a la Policía ya que se habían programado conversaciones con altos funcionarios del Gobierno. El jueves, el Gobierno pareció lavarse las manos respecto a la decisión de desalojo, diciendo: “El Ejecutivo no interviene en dicho procedimiento”.
En un comunicado, el Gobierno de Perú -a través de la Presidencia del Consejo de Ministros- señaló que el desalojo del día miércoles en Las Bambas no fue ordenado por el Ejecutivo, y apuntó que fue ejecutado por la Policía Nacional de Perú por la solicitud de defensa posesoria de la empresa. Sin embargo, es importante apuntar que la Policía Nacional peruana responde al Ministerio del Interior, entidad que forma parte del Poder Ejecutivo.
“Lamentamos que como consecuencia del desalojo haya heridos de parte de la comunidad y de los efectivos policiales. Desde el Ejecutivo estamos asegurando su atención para su pronta recuperación. Asimismo, se viene investigando cualquier presunto acto irregular durante la ejecución del desalojo, anotó la PCM en su comunicado”.
