Bogotá — Empleados y exempleados de la cadena de descuento duro expusieron su crítica situación en medio del proceso de reorganización de Justo & Bueno, que fue citada este jueves por la Superintendencia de Sociedades a una audiencia para explicar las razones del presunto incumplimiento a sus obligaciones.
Durante la audiencia, el delegado de Procedimientos de Insolvencia, Santiago Londoño Correa, informó que ese despacho ha recibido 371 memoriales de los arrendadores solicitando el pago y la fecha de restitución del inmueble por presunto incumpliendo de contrato.
Asimismo, recibió 18 memoriales de las empresas de servicios públicos y los dueños de los locales arrendados denunciando la falta de pago.
Del lado de los acreedores laborales, se recibieron 98 memoriales en los que solicitan el pago de su nómina y sus liquidaciones.
En la audiencia, también se expuso que se recibieron 501 denuncias por el incumplimiento de los gastos de administración.
Atado a lo anterior, el delegado de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades se refirió a las 20 tutelas que han interpuesto tanto los acreedores laborales como los arrendadores ante el supuesto incumplimiento de los compromisos desde la fecha de admisión al proceso de reorganización.
El presidente del sindicato de Justo & Bueno, César David Higuita, dijo que en la actualidad el número de empleados de la cadena supera los 7.000 y que muchos de estos llevan más de 90 días sin recibir salario.
Además, según denuncia, se han presentado presuntos incumplimientos al pago de las ARL, caja de compensación y EPS, por lo que calificó esta situación de bastante “compleja y grave”.
Lamentó, en ese sentido, que los empleados que están yendo a trabajar de forma presencial no tengan “una ARL que les pueda garantizar los riesgos laborales que se puedan presentar”.
Los empleados y exempleados de la compañía hicieron un llamado urgente a la Superintendencia para que se tenga en cuenta en el plan de salvamento a todos los trabajadores.
Varios de ellos mencionaron que han visto vacíos en el proceso de reorganización, por lo que pidieron una mayor claridad sobre el tema y que los avances se representen en algo tangible.
“Para que por favor nos tengan en cuenta a los exempleados de la ciudad de Pasto, puesto que ya son más de cuatro meses que no hemos recibido nuestras liquidaciones, nuestras cesantías, vacaciones, dotaciones, con la promesa que nos hicieron firmar una carta de mutuo acuerdo con una indemnización, la cual no hemos recibido”, lamentó una de las trabajadoras durante la audiencia.
A ella, le siguieron varios más que expusieron la difícil situación laboral que viven en los distintos puntos de operación de Justo & Bueno.
Un empleado denunció desde Coveñas (Sucre) que fue contratado en febrero y desde entonces ni le han pagado el salario ni le han cumplido con los pagos a la EPS sin recibir respuesta por parte de Recursos Humanos.
Desde Bogotá una madre cabeza de familia dijo que lleva un año y siete meses trabajando en esa empresa, pero que desde enero no le pagan ni el salario ni la salud.
Reclamó que la compañía presuntamente le ha respondido con evasivas y no le contestan los correos electrónicos en los que expone su situación.
En Pacho (Cundinamarca) otra trabajadora denunció que no recibió el saldo de su licencia de maternidad, pese a que desde la EPS le habían comunicado que el dinero ya había sido desembolsado.
De acuerdo a lo expuesto durante la audiencia por las autoridades tributarias, Justo & Bueno presentó un impago en la declaración del impuesto al consumo en el bimestre enero-febrero de 2022 con un saldo de $15,735 millones e intereses por $550.000.
Igualmente informaron que tiene un impago en la declaración de retención en la fuente desde septiembre del año pasado hasta marzo por unos $20.483 millones, contando los intereses.
De otra parte, se expusieron las obligaciones en aportes con Porvenir por más $600 millones, con Protección por $332 millones y Colfondos por $108 millones.
Yeimi Alfonso Verano, vocera de los propietarios de las bodegas que arrienda Justo & Bueno, dijo que “con inmensa preocupación” recibieron la copia de un informe de marzo pasado en el que se informa de la “inminente falta de materialización del capital del inversionista”, que desde agosto de 2021 les ha venido informando la empresa.
“Llevamos más siete meses escuchando el rumor de inversionistas extranjeros que logren la capitalización de la empresa, sin definirse de forma clara y contundente el socio o socios que realmente deseen entrar en el sector”, indicó.
Lamentó el supuesto incumplimiento reiterado de los cánones y que no han recibido el pago desde febrero, por lo que la deuda está entre los $30.000 millones y los $40.000 millones entre sus representados, que calculó en unas 400 personas.
