Buenos Aires — La aceleración de la inflación representa uno de los principales problemas para el Gobierno argentino y, luego del pico de 6,7% en marzo, economistas y consultoras estiman que en abril se ubicará por lo menos en un 5%.
Ante la pérdida de poder adquisitivo, el presidente Alberto Fernández anunció el pago de un “refuerzo de ingresos”, conocido también como “IFE 4″, con el fin de mitigar los efectos del alza del costo de vida.
Sin embargo, en el sector privado advierten que esa medida podría tener un impacto en otros aspectos de la economía e incluso, según la modalidad que elija el equipo económico para hacer frente al gasto, podría también poner más presión sobre el Índice de Precios al Consumidor.
Aunque las autoridades económicas del país buscaron asegurar que los bonos anunciados no serían financiados mediante emisión monetaria o a través del mercado de capitales, sino con recursos existentes, esa promesa ha empezado a generar dudas.
Por lo pronto, el economista de la consultora Ledesma, Gabriel Caamaño, advierte que el Gobierno está cerrando abril con un financiamiento neto negativo de más de $80.000 millones en los primeros meses de 2022. En otras palabras, no ha logrado renovar, o rollear, la totalidad de los instrumentos de deuda en pesos que vencieron en el periodo, complicándose así a futuro en vistas de su objetivo de evitar recurrir al Banco Central para hacer frente al gasto público.
Eugenio Marí, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, consideró en diálogo con Bloomberg Línea que “el refuerzo a la asistencia social y las jubilaciones anunciado por el Gobierno significa una mayor presión en el corto plazo al gasto público”.
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El costo del “IFE 4″
“El costo final de la medida dependerá de la cantidad de beneficiarios totales, algo que no está claro, pero se estima en torno a 0,2 - 0,3% del PBI”, calculó. “La pregunta fundamental para ver cuál será su impacto es cómo se financiará”, apuntó en diálogo con Bloomberg Línea.
En ese sentido, evaluó que “la opción menos distorsiva es una sustitución de gastos, tal que el total se mantenga neutro, pero exigiría definir cuál va a ser el gasto que va a bajar”. “Otra sería subir impuestos. Si bien se habló del impuesto a la renta inesperada, es poco probable que pase por el Congreso”, estimó.
Ante ese contexto, el economista advirtió que “la monetización del gasto vía Banco Central sólo daría más combustible a la inflación en el cortísimo plazo, mientras que, si se usa la herramienta predilecta hasta ahora, la deuda interna, afectará la tasa de interés y el crédito interno”.
Por ello, remarcó que, para otorgar el pago de $12.000 para jubilados y de $18.000 para trabajadores informales y monotributistas, “no hay opciones sin costos para el Gobierno”.
Más dinero en la calle
“Los nuevos bonos a jubilados y trabajadores autónomos implican que se ponga en la calle el equivalente a 0.3% del PBI”, calculó Alejandro Giacoia, economista de Econviews.
En declaraciones a Bloomberg Línea, analizó: “Es mucha cantidad de plata. Habrá que ver cómo se financia, pero es muy probable que se necesite algo de emisión del Banco Central”.
“En este caso, seguramente, tendrá impacto sobre la inflación, que va en aumento”, manifestó. “Además, al buscar estimular el consumo, es decir, demanda, con una oferta fija o que no crecerá igual de rápido debido a la escasez de insumos e importaciones, también se puede esperar que pegue sobre los precios”, argumentó.
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