Montevideo — La empresa portuaria Montecon, propiedad de la chilena Ultramar y la canadiense ATCO, anunció este miércoles el inicio de un proceso de demanda contra el Estado uruguayo por el acuerdo para la extensión de la concesión a Terminal Cuenca del Plata (TCP) en el Puerto de Montevideo, operadora de la terminal especializada de contenedores que es 80% propiedad de la belga Katoen Natie y 20% de la Administración Nacional de Puertos (ANP), estatal uruguaya.
Los accionistas de Montecon afirmaron en el comunicado difundido este miércoles que el origen de la controversia tiene lugar en la extensión de la concesión en favor de TCP por 50 años hasta 2081, acordado en febrero de 2021 y aprobado en abril del año pasado. Desde el punto de vista de la empresa, la disposición “establece un monopolio de hecho” y “una serie de privilegios” en favor de TCP, que “atentan contra la libre competencia” y “restringen el alcance de las habilitaciones portuarias de su filial Montecon”, sostuvo
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La empresa agregó que “han dado inicio al mecanismo de solución de conflictos previsto en los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones celebrados por la República Oriental del Uruguay con Chile y Canadá, que consideran un arbitraje internacional para resolver la controversia”.
El artículo 16 del acuerdo de inversiones entre Uruguay y Chile establece que en caso de una controversia, el demandante y el demandado deben buscar solucionarla mediante consultas y negociaciones, que deberán comenzar en menos de 60 días a la recepción del reclamo. En tanto, si la controversia no fue resuelta en un período de seis meses, el demandante podrá someter la reclamación a arbitraje, dice el artículo 17.
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“El Estado de Uruguay interviene el mercado de servicios portuarios para favorecer a Terminal Cuenca de Plata S.A., disponer el desvío imperativo de servicios de línea a dicha terminal y establece otra serie de privilegios que en la práctica generan un monopolio de hecho en su favor”, señaló el comunicado.
Un conflicto con historia
La disputa comercial de TCP y Montecon, que opera en los muelles públicos, tiene ya varios capítulos. La empresa belga, a cargo de la terminal especializada desde 2001, también cuestiona la legitimidad de la actividad de Montecon con contenedores, que opera en los muelles públicos.
El acuerdo para la extensión de la concesión de TCP ocurrió en medio de una negociación del gobierno con la empresa belga para evitar una demanada con la que Katoen Natie amenazaba al Estado uruguayo por US$1.500 millones. La compañía alegaba el incumplimiento de acuerdos y que el Estado uruguayo habilitaba a Montecon a operar en los hechos como una terminal pero en los muelles públicos. La empresa sostenía que había ganado una licitación, por lo que debía haber una sola terminal de contendores, mientras Montecon operaba con autorizaciones que ANP le otorgaba para los muelles públicos.
Además de la extensión por 50 años (la primera fue por 30 años desde 2001), el nuevo acuerdo estableció un compromiso de no otorgar nuevas concesiones o permisos o para una nueva terminal, y está vigente un nuevo reglamento de atraque que centraliza la operativa en la terminal especializada.
Montecon, en tanto, reclama haber sido perjudicada por ser desplazada en su operativa luego del nuevo acuerdo.
La disputa tiene también aristas políticas. El gobierno, en tanto, señaló el reiteradas ocasiones que Montecon operaba de forma irregular, fuera de los parámetros de la primera concesión de la terminal especializada en el año 2001. La oposición del Frente Amplio, en el gobierno entre 2005 y 2020, inició una denuncia penal tras conocerse los términos del acuerdo por delitos contra el patrimonio público.
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