Bogotá — La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este miércoles que ha formulado pliego de cargos contra la compañía Bavaria, propiedad del gigante AB InBev, luego de una queja presentada por su competidora Central Cervecera de Colombia sobre supuestas obstrucciones al crecimiento.
La SIC comunicó que ha encontrado pruebas que sugieren que la intención de Bavaria habría sido obstruir el crecimiento de ese competidor.
Asimismo, halló que “las exclusividades que Bavaria implementó habrían logrado ese resultado en algunos canales de comercialización”.
“Esa estrategia de Bavaria tendiente a obstruir el ingreso al mercado de su competidor pudo haber consistido en el hecho de que está abusando de unos contratos de exclusividad y además de eso ejerce la posición de dominio en el mercado de cervezas”, informó el superintendente Andrés Barreto en una rueda de prensa.
La estrategia, según esa entidad, habría consistido en el aumento significativo y desproporcionado en el uso de cláusulas de exclusividad con establecimientos de comercio dedicados a la venta del producto para consumo directo.
Con esta estrategia “Bavaria habría obstruido el crecimiento de sus competidores en el mercado de cervezas”.
Según informó la SIC en la rueda de prensa en Bogotá, esta conducta pudo afectar a los consumidores del producto, “pues los habría privado de los beneficios que ofrece un mercado en competencia con la entrada y/o expansión de nuevos competidores, más opciones, mayor diversidad de productos y mejores precios para los consumidores”.
Por estos hechos, la SIC imputó a Bavaria al haber incurrido en presunto abuso de posición de dominio, práctica prohibida por el numeral 6 del artículo 50 del Decreto 2153 de 1992.
Asimismo, se imputó a José Luis González Quiroz por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado el abuso en el que habría incurrido la compañía.
La entidad podría imponer multas de hasta 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes por cada infracción al régimen de libre competencia.
Y a quienes hayan colaborado, facilitado, autorizado, ejecutado y/o tolerado las conductas anticompetitivas por hasta 2.000 salarios mínimos por cada infracción.
