Lima — El gobierno de Pedro Castillo envió al Congreso de la República un proyecto de ley para impulsar una asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución para el Perú, que sería validada a través de la consulta ciudadana en las próximas elecciones municipales y regionales en octubre.
Según se ha planteado en el texto, si el Congreso aprueba el proyecto, la ciudadanía votaría en un referéndum para aprobar o no una reforma constitucional y convocar a una Asamblea Constituyente. El camino a utilizar, en esa línea, sería la consulta popular.
“Si la población va por el sí, entonces se tendrá que convocar a la asamblea constituyente, que será la que redacte la nueva Constitución, la cual será nuevamente consultada al público para su aprobación. Si la población no aprueba el nuevo texto, ahí termina todo”, señaló el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, este lunes tras una sesión extraordinaria del Consejo ministerial que aprobó la propuesta de ley enviada al parlamento.
La posición de Torres fue contraria a lo que había dicho el pasado 2 de marzo, cuando señaló que el gobierno no iba a promover la asamblea constituyente. Además, a la par de la presentación del proyecto de ley el mandatario peruano, Pedro Castillo, enfrenta u 67% de desaprobación a nivel nacional según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) mientras que su respaldo solo llega al 25%.
Asimismo, el 68% de los encuestados dijo estar a favor del adelanto de elecciones y un 65% no considera que Pedro Castillo terminará su mandato presidencial.
Asamblea constituyente en Perú: balance de la medida
Ante la iniciativa del gobierno de Castillo la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, consideró que la propuesta sería “inviable” en la actualidad y amenazó que los que la impulsen podrían ser objeto de una denuncia constitucional por ir contra los actuales parámetros de la ley peruana.
Expertos consultados por Bloomberg Línea han señalado también que el trámite para convocar a la asamblea y lograr una nueva Constitución podría no ser el correcto; y hasta llegaría a ser un mecanismo inconstitucional.
El abogado constitucionalista Natale Amprimo precisa que este proyecto busca incorporar un mecanismo adicional de reforma constitucional y que, desde su óptica, “debería ser rechazado por el Congreso”.
“La conformación que se pretende de la Asamblea, que es una burda o mala copia de lo que se hizo en Chile, olvida que somos un país unitario, en el cual todos tenemos igual número de derechos y de obligaciones. Aquí se pretende crear una representación distinta, no en base a la voluntad mayoritaria del país, sino creando diferencias étnicas inaceptables en el Perú”, explicó.
¿Cómo funcionaria la iniciativa?
El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, explicó el lunes que convocar a este referéndum para una nueva Carta Magna es una “salida” a las dificultades del país, y que ni el Presidente ni ninguno de los ministros redactaría algún artículo para la nueva Constitución.
Según explicó el Premier, la Asamblea Constituyente se conformaría por 130 miembros y tendrían que quedar elegidos en un plazo no mayor a 120 días después de las votaciones y si las mayorías ciudadanas aprueban el referéndum.
Además, señaló que la Asamblea se instalaría en un plazo de 15 días después de ser elegida y el plazo para un nuevo texto constitucional, que se tendría que aprobar a través de otro referéndum, es de nueve meses con posibilidades de extenderse a doce.
Sin embargo, ante las condiciones planteadas por el gobierno de Castillo para la Asamblea Constitucional, el constitucionalista Amprimo aseguró que el proyecto es “impertinente”.
“Busca esconder la mediocridad en la cual nos tiene sumidos el actual gobierno, que pretende distraernos con el proyecto de Asamblea Constituyente, como si la redacción de una nueva norma constitucional los fuera a convertir en eficientes, cuando han demostrado que son mediocres”, precisó.
Al tiempo, el experto dijo a este medio que adelantar una nueva Constitución para el Perú generaría un clima permanente de inestabilidad. Desde que se anunció la iniciativa, Amprimo también ha asegurado que la legislación peruana no permite consultas abiertas a la ciudadanía sobre un cambio de Constitución, lo que haría que el proyecto de ley fuera inconstitucional.
Problemas de orden y lógica en el proyecto
Por su parte el abogado constitucionalista Luciano López expresó a Bloomberg Línea que la propuesta del gobierno de Pedro Castillo no sería constitucional tal cual ha sido planteada ante el Congreso peruano.
“El presidente ha presentado una propuesta que modifica la Constitución para incorporar un artículo 207 en cuyo contenido dice que la Constitución se puede reformar a través de una asamblea, pero que la iniciativa de convocatoria al referendo es algo que no existe en la Constitución del 93 (...) No es la vía correcta porque no se ajusta a los antecedentes y tiene deficiencias técnicas (el proyecto)″, destacó.
La actual Constitución de Perú, en el artículo 207, al hablar de una asamblea constituyente, especifica que la elaboración y aprobación del proyecto de una nueva constitución está a cargo de una Asamblea elegida por el pueblo y cuya propuesta de texto constitucional es sometida a referéndum popular ratificatorio.
“La iniciativa de convocatoria referéndum para la elección de miembros de la asamblea constituyente corresponde al presidente de la República con aprobación del Consejo de Ministros o por solicitud de los dos tercios del número legal de congresistas o por un número de ciudadanos y ciudadanas equivalente al 0,3% de la población electoral Nacional de iniciativa se remite al congreso de la república para su aprobación”, dice el texto constitucional.
Junto a este argumento, López señaló que el proyecto de ley de Castillo dice que la convocatoria es para elegir representantes, lo que significa que el gobierno está “colocando la carreta por delante de los caballos”, porque se deben elegir los representantes después de que la ciudadanía haya respondido favorablemente a una norma que plantee cambiar la Constitución.
“Hay un orden lógico que el gobierno no sigue”, apuntó.
Por último el experto coincidió con Amprimo que un proyecto de esta magnitud no es “pertinente” para el Perú en este momento, pues los esfuerzos del gobierno deberían estar enfocados a otras prioridades para superar la crisis que dejó la pandemia.
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