Bogotá — Hoy en día los colombianos compran un galón de gasolina en promedio a $9.030 en las 13 principales ciudades del país, y aunque muchos han sentido que el dinero ya no rinde como antes y que la gasolina está cara, lo cierto es que el galón debería estar entre $5.000 y $6.000 más caro, es decir, en un poco más de $15.000.
Sin embargo, ese aumento no se ha dado pues el país tiene el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) mediante el cual el Gobierno evita que el precio nacional suba si hay un incremento drástico y repentino en los precios internacionales, como ha sido la coyuntura reciente en la que el barril del crudo está por arriba de US$100, cifras que no se veían desde hace varios años.
En otras palabras, se busca que a través de dicho subsidio a los combustibles se proteja la capacidad adquisitiva de los consumidores que de por sí ya se ha visto bastante reducida por la inflación que en marzo ya supera el 8,5%, datos que no se veían desde hace cinco años.
Según datos del Ministerio de Minas y Energía, “un aumento de aproximadamente $1.000 en gasolina y ACPM aumentaría la inflación en casi un punto porcentual, en una coyuntura en la cual la inflación ya se encuentra en niveles históricamente altos”.
Sin embargo, como es normal, entre más subsidios se den, más recursos se tienen que destinar para cubrirlos. Dada la coyuntura expuesta, se pronostica que para 2022 el déficit que acumularía el FEPC sería de casi $3 billones mensuales.
“Se estima que, aún si se aplicara la fórmula del ingreso al productor desde mayo 2022, y en ausencia de pagos del Gobierno, el déficit del FEPC podría alcanzar los $33,7 billones al cierre de 2022″, dice el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
No obstante, según comentó José Ignacio López, jefe de investigaciones económicas de Corficolombiana, en el corto plazo va a ser difícil reducir el déficit acumulado que tiene el FEPC “porque hay un desbalance muy grande entre los precios que está pagando el consumidor final de los combustibles en el mercado local y el precio equivalente internacional”.
López añadió que “ese déficit se soluciona en el mediano y largo plazo diseñando un precio de convergencia gradual del precio local al internacional que sea sensible a la inflación. Es decir, en una situación como la actual donde la inflación está más al alza la convergencia sería más lenta y en la medida en la que la inflación vaya cediendo se daría una convergencia mayor para llegar a niveles de subsidios mucho menor o inexistente”.
¿Qué más se podría hacer con los $33,7 billones del déficit del FEPC?
Para aterrizar esa cifra o dimensionarla mejor se podrían poner varios ejemplos. Esos $33,7 billones representan el 68,2% del total que Colombia asignó al rubro de educación en 2022 a través del Presupuesto General de la Nación (PGN).
También se podría cubrir casi cinco años el costo del Ingreso Solidario que beneficiará a 4 millones de hogares colombianos en vulnerabilidad, pues la inversión requerida para este es de $7,2 billones en 2022.
Además, con $33,7 billones al año se podría sacar de la pobreza monetaria a alrededor de 8,5 millones de personas si se tiene en cuenta que en 2020 se consideraba pobre en el promedio nacional a una persona que viviera con menos de $331.688. Ahora bien, vale decir que la línea de pobreza monetaria se actualizará para 2021 este martes cuando el Dane entregué las cifras oficiales de pobreza del año pasado.
Sacar a 8,5 millones de personas de la pobreza monetaria representaría ayudar al 40,5% de la población que estaba en esta condición en 2020 (21 millones). En el año de la crisis del coronavirus 3,5 millones de personas entraron a la pobreza comparada con las que había en 2019 (17,47 millones).
“Para reducir la pobreza en Colombia un buen crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente (...) es necesario hacer fácil generar empleo, mejorar la formación para el trabajo, sustituir cargas laborales por impuestos generales, promover la participación femenina en el mercado laboral mejorando los cuidados a la primera infancia y facilitar la protección social para las personas que trabajan por horas”, dice Germán Machado, docente de economía de la Universidad de los Andes.
Adicionalmente, comenta Machado, es necesario mejorar los programas sociales para los hogares más pobres. “Una buena manera de hacerlo es focalizando mejor los programas sociales, considerando que el país gasta cerca de 10% del PIB en subsidios, pero muchos de ellos (como los pensionales, de compra de vivienda o los del FEPC) no ayudan a las personas más pobres y vulnerables, y, al ser regresivos, además, empeoran la desigualdad”.
