San Salvador — El gobierno salvadoreño prorrogó por 30 días el Régimen de Excepción que le permite combatir a las ‘maras’ o pandillas mediante la detención masiva de sus miembros.
La Asamblea Legislativa ratificó el decreto con 67 votos de 84 posibles, en una sesión extraordinaria que celebró la noche del domingo.
El presidente de la República Nayib Bukele calificó a la votación como “la definición de democracia”, al obtener más de los 63 votos que necesitaba como mínimo.
Las autoridades capturaron a más de 17.000 pandilleros como resultado del primer mes del Régimen de Excepción, celebró el mandatario.
En días recientes, una encuesta de CID Gallup afirmó que las medidas del gobierno contra las pandillas han recibido la aprobación de la mayoría de la población.
Un 78% de los salvadoreños declaró estar muy de acuerdo y el 13% “algo”, un 5% lo está “poco” y 4%, en nada.
“El respaldo a lo realizado por el gobierno tiende a ser generalizado, independientemente del nivel socioeconómico, edad o nivel educativo de la persona”, observó la casa encuestadora.
Aumento de la violencia
El Régimen de Excepción surgió para combatir una escalada de homicidios que ocurrió el último fin de semana de marzo, cuando ocurrieron 86 asesinatos en tan solo tres días.
Desde entonces Bukele declaró una “guerra contra las pandillas” y pidió activar el Artículo 29 de la Constitución, que permite la suspensión de garantías constitucionales.
Por ejemplo, se suprimieron los derechos vigentes al momento de los arrestos y se alargó el tiempo máximo de la detención administrativa de las 72 horas hasta los 15 días.
Además el gobierno adquirió facultades para limitar el derecho de asociación y de reuniones, así como la inviolabilidad de la correspondencia. El ingreso y salida del territorio así como la libertad de expresión conservan sus garantías.
En el marco del estado de emergencia, las fuerzas de seguridad han efectuado acciones, tales como: restringir la movilidad en ciertas zonas de riesgo social, efectuar operativos en las comunidades en busca de pandilleros y reforzar controles policiales.
Los pandilleros han recurrido a todo tipo de prácticas para evadir a las autoridades, hasta las más peculiares como maquillar sus tatuajes alusivos a las ‘maras’ para ocultarlos, esconderse en árboles y cuevas, o emigrar a países vecinos, como Guatemala.
Las acciones gubernamentales han despertado las alarmas de organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su rechazo al incremento de muertes violentas, pero denunció que el gobierno está arrestando a ciudadanos solo por “percepciones subjetivas”.
“Organizaciones de derechos humanos y la prensa denunciaron que muchas de las detenciones se llevaron a cabo de manera ilegal, arbitraria y mediante el uso de violencia, además estuvieron basadas en percepciones subjetivas sobre la pertenencia a grupos criminales por factores como apariencia física, edad o zona en la que habitan”, señaló la CIDH sobre el primer decreto de Régimen de Excepción.
Por esta razón, exhortó al Estado a “investigar a quienes resulten responsables de violaciones a los derechos humanos en observancia al debido proceso legal y absoluto respeto de las garantías judiciales”.
Bukele ha venido desestimando las denuncias de las organizaciones de derechos humanos y llegó a declarar que los pandilleros son “el brazo armado de la oposición, las ONGs y la ‘comunidad internacional’”.
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