Ciudad de México — El presidente Andrés Manuel López Obrador intenta reorganizar el esquema de autoabasto eléctrico en México, después de dos años de confrontación legislativa y judicial con empresas e inversionistas.
Aunque hoy solo existen 234 centrales eléctricas para autoabasto de energía, las plantas cuentan con 77.000 socios privados, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa estatal, y solo basta un dólar o menos para formar parte de una sociedad.
El Gobierno mexicano busca revocar 110 permisos en esta modalidad.
La administración de AMLO ha intentado modificar la operación de sector eléctrico en favor de la CFE, que dirige Manuel Bartlett, mediante acuerdos, reforma a la Ley, incluso un cambio a la Constitución Mexicana que desechó el Congreso el 17 de abril, pero una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado el oxígeno suficiente para retomar su agenda eléctrica.
El mandatario apoya su advertencia jurídica en que la Corte validó su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) tras desechar una acción de inconstitucionalidad, promovida por senadores de oposición, el 7 de abril de 2022.
“No quiero que lo primero sean las demandas penales, lo primero es un llamado a sentarnos al diálogo”, amagó el presidente durante su conferencia matutina del 20 de abril.
Uno de los puntos que desechó el máximo tribunal sobre los reclamos de los senadores ante la nueva ley fue la posibilidad de revocación de permisos de autoabasto porque violaba el principio de que la Ley no puede ser retroactiva, es decir, que la norma aplique a situaciones previas a su entrada en vigor.
Abogados consultados previamente por Bloomberg Línea dijeron que los tribunales decidirán caso por caso si proceden los amparos.
El lobby corporativo, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), consideró que la decisión de la Suprema Corte no puede resumirse de forma binaria a “un sí, o un no”.
“Ofrece múltiples puntos de vista que enriquecerán la labor cotidiana de los jueces y magistrados”, agregó el grupo que preside Francisco Cervantes en su perfil de Twitter.
Pero el Gobierno de México, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), ya había realizado su primer movimiento en contra de los autoabastos al negar la migración de un permiso de Iberdrola a uno de generación. El resultado fue que CFE se quedó con sus clientes industriales en Monterrey, Nuevo León.
El presidente López Obrador dijo que la renegociación durará dos semanas para discutir las alternativas con las empresas.
El origen de la discusión
El autoabasto nació en 1992, cuando el Gobierno del expresidente priista Carlos Salinas de Gortari modificó la entonces Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para permitir a las grandes industrias -como la minera, automotriz y cementera- la generación de su propia electricidad y usar las redes de transmisión de la CFE para llevarla a los puntos de consumo.
Tras la extinción de la norma con la reforma de 2013, el esquema sobrevivió para evitar indeminizaciones.
López Obrador y su equipo energético han dicho que el espíritu del modelo se distorsionó y creó un mercado negro para la venta de energía eléctrica, que le ha costado US$3.400 millones a CFE en subsidios tarifarios.
El director de la filial comercializadora CFEnergía, Miguel Reyes, dijo en febrero que mientras las empresas de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) pagan MXN$3,4 pesos por KiloWatt-hora (KWh), los “autoabastos ilegales” están pagando entre MXN$0,90 y 1,5 pesos por KWh, durante un parlamento abierto en la Cámara de Diputados.
“Estos daños son a la hacienda pública, permanentes, diarios. ¿Quién los paga? El contribuyente mexicano”, agregó.
Las empresas involucradas en el autoabasto incluyen al gigante Iberdrola, Naturgy, Enel, Mitsui y Saavi Energy, con fondos de inversión detrás como BlackRock y Vanguard, que tienen como socios a los gigantes Femsa, Bimbo, Cemex, Walmart, entre otras.
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