San Pedro Sula — Por unanimidad de los 128 diputados, el Congreso Nacional derogó la noche del miércoles las denominadas Zonas de Empleo y Desarrollo (Zede), sujetas a una jurisdicción especial con el fin de atraer inversiones y generar empleos, al considerarlas una violación de la soberanía nacional.
Según el dictamen de derogación de la reforma constitucional de las Zede, aprobado por el Poder Legislativo, las mismas “contravienen la lógica del Estado nacional, el Estado de Derecho, la justicia, la democracia, la forma de Gobierno, la distribución territorial y en general, la dignidad y los derechos humanos del pueblo hondureño”.
Con este dictamen, relacionado a la iniciativa de ley que presentó el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, las Zonas de Empleo y Desarrollo serán eliminadas tanto de “la reforma Constitucional de aprobación y ratificación que contienen la creación, configuración y todo lo concerniente a las Zonas de Empleo, como del decreto que contiene la Ley Orgánica, que fue aprobado el 12 de junio del 2013″.
Las Zede fueron creadas en 2013, durante la presidencia de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández como titular del Poder Legislativo, con el fin de generar fuentes de empleo para mejorar las condiciones de vida de la población y de garantizar el desarrollo en los sectores de salud, educación, infraestructura, seguridad pública y otros, en un modelo similar al de Hong Kong o Singapur.
Objeto de controversias
Conforme al decreto 120-2013, referido a la ley orgánica, las Zede contaban con personalidad jurídica y estaban autorizadas a establecer su propia política y normativa, premisa que, desde un principio, las hizo objeto de críticas y controversias por parte de diferentes sectores.
Entre esos criterios se sumó el del Sistema de Naciones Unidas, quien en junio de 2021 expresó su “preocupación respecto al marco constitucional y legal” de las Zede.
Al asumir la presidencia el 27 de enero, Xiomara Castro de Zelaya reiteró su promesa de campaña de derogar las Zonas de Empleo y Desarrollo en los primeros 100 días de su administración, para lo cual nombró a Fernando García como comisionado presidencial contra las Zede.
Durante la exposición de motivos ayer en el Congreso Nacional, García calificó a las Zede como “una afrenta total” para la soberanía nacional y el Estado de Derecho. También, “para la dignidad de todos aquellos ciudadanos que consideramos que nuestra patria tiene un sentido histórico de mucha trascendencia”.
Según la comisión de dictamen del Legislativo, la ley orgánica de las Zede “trasciende el escenario de lo posible”, al tratarse de la circunstancia en que el Estado de Honduras “acepta voluntariamente su desarticulación, su fragmentación y su desmembramiento”, situación sin precedentes.
¿Qué pasará con las Zede?
Por tratarse de una modificación a la Constitución Nacional de Honduras, la derogatoria de las Zede requiere una segunda votación en una nueva legislatura anual, que deberá llevarse a cabo en 2023, para que luego entre en vigor.
“Va a pasar un año y, quiero dejarlo claro, esto lo vamos a ratificar en la siguiente legislatura”, dijo Rasel Tomé, vicepresidente del Congreso Nacional.
Actualmente, se encuentran en funcionamiento tres Zede en el país centroamericano: Ciudad Morazán (Choloma), Orquídea (Colón) y Próspera (Islas de la Bahía).
Tomé, diputado del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), agregó que los inversores de las Zede “tienen todo este tiempo para ir adonde la presidenta de la República a decir que quieren ser empresarios y que quieren cumplir con la Constitución de Honduras”.
La ley orgánica de las Zede las autorizaba, entre otras figuras, a crear su propio presupuesto, recaudar y administrar sus tributos y a establecer sus propios tribunales de competencia.
Al respecto, Tomé dijo que los inversores de estas Zonas deberán reconocer ante la mandataria Castro que el Ejecutivo es el único poder legítimo para administrar impuestos y solo el Congreso Nacional el facultado para crear leyes.
Repercusiones de la derogación
En conversación con Bloomberg Línea, Franklin Anariba, docente universitario de ciencias químicas e innovación en Singapur, explicó que si se llegase a una ratificación el próximo año, “las ZEDE continuarán funcionando por un mínimo de 10 años y es posible que en ese periodo las condiciones políticas del país, y de percepción de las Zede en la ciudadanía haya cambiado”.
Para el especialista, la decisión del Congreso Nacional “pareciese a la ligera” y tendrá un impacto “fuerte” en cuanto a la reputación del Gobierno Central en el ámbito de inversión internacional.
“Además, este efecto de imagen internacional podría amplificarse si el gobierno central no ofrece opciones aceptables para los inversionistas de las Zede ya que estas continuarán funcionando, aun después de una eventual ratificación”.
Según Anariba, cualquier inversión planeada a desarrollarse en el país, ya sea a través de la herramienta de inversión Zede o a través de los otros regímenes existentes, “se pensará con mucho más cuidado”, debido al mensaje beligerante dirigido a la inversión en las ZEDE, “dando lugar a dudas sobre la habilidad del gobierno central en ofrecer garantías a la inversión o seguridad jurídica”.
Durante su intervención en el Congreso Nacional, el diputado Tomás Zambrano, jefe de bancada del ahora opositor Partido Nacional, dijo que el nuevo gobierno está “improvisando porque no solo es ir a derogar un elemento y un instrumento que va a generar empleo, era venir a dar propuestas de generación de empleo”.
