Bogotá — El desarrollo del fracking en Colombia está en vilo tras la orden de una jueza de la ciudad colombiana de Barrancabermeja de suspender el proyecto piloto Kalé que iba a adelantar la petrolera estatal Ecopetrol en Puerto Wilches (Santander).
La decisión fue adopatada por la jueza Blanca Martínez al considerar que no se hizo la debida consulta previa con las comunidades afro tras una tutela interpuesta en ese sentido por la Corporación Afrowilches.
Esta fue representada por la Corporación Podion, el Colectivo José Alvear Restrepo y la Alianza Colombia Libre de Fracking, que celebró que esta “es una victoria de las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches y de las organizaciones ambientales”.
“Durante años hemos venido resistiendo al desarrollo de una técnica que se ha comprobado científicamente que contamina el agua y el ambiente, y demuestra una vez más que la implementación de estos proyectos desde sus inicios se ha realizado vulnerando derechos fundamentales a la consulta previa y a la participación ambiental, y sin licencia social en los territorios”, indicó en un comunicado.
Desde Ecopetrol manifestaron que tienen “un absoluto respeto por las comunidades” y actuaron “en el marco legal. La empresa solicitó en los tiempos establecidos en la regulación ambiental y técnica la solicitud de procedencia de consulta previa y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa – DANCP certificó que no procede la consulta”.
“Durante la elaboración del EIA no se identificó presencia o afectación a ninguna comunidad etnica. En concordancia con el debido proceso adelantado, acudiremos a las instancias legales correspondientes para que se considere la posibilidad de continuar con el proceso de Licenciamiento Ambiental de los dos proyectos piloto”, informó.
A finales de marzo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) de Colombia dio aval al piloto de fracking de la petrolera Ecopetrol en Puerto Wilches a pesar de las protestas contra el mismo.
La Anla informó en ese momento que la decisión “se fundamenta en el análisis riguroso del Estudio de Impacto Ambiental, lo verificado en las visitas de campo y lo recogido, entre otros, en los escenarios de participación de la reunión informativa y la Audiencia Pública Ambiental”.
“La solicitud de este trámite la adelantó Ecopetrol para desarrollar pruebas piloto de yacimientos no convencionales en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, para la puesta en funcionamiento de una plataforma y un pozo de fracturamiento hidráulico”, recordó.
Asimismo, indicó que “la viabilidad de la Licencia Ambiental de los PPII – YNC no es, de ninguna manera, un aval para que los proyectos piloto de investigación integral pasen a fase comercial”.
“Esta es una primera etapa que luego el Comité de Evaluación, creado por el Decreto 328 de 2020, analizará para decidir si habrá perforación y producción comercial de hidrocarburos a partir de esta técnica”, apuntó.
Esta licencia era el paso siguiente en la puesta en marcha de este piloto del proyecto Kalé, que fue adjudicado a Ecopetrol a finales de 2020 por unos US$76 millones.
En noviembre de 2020 la Procuraduría General advirtió que la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales “no es compatible con el principio de desarrollo sostenible” en Colombia.
En este sentido, solicitó al Consejo de Estado que declarara nulos tanto el Decreto 3004 de 2013 como la Resolución 90341 de 2014 “que establecieron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, entre ellos el fracking”.
En una reciente entrevista con Bloomberg Línea, el ministro de Ambiente colombiano, Carlos Eduardo Correa, dijo que el país tiene que ser responsable en su transición energética, al considerar que no aún no se puede prescindir de una fuente de energía como el petróleo y que no hay barreras para desarrollar proyectos mineros.