QUITO — El Gobierno planea enviar a la Asamblea Nacional una nueva versión de la ley de inversiones que fue archivada hace pocas semanas y también considera proponer una reforma laboral. Así lo indicó el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, durante una reunión con los representantes de las bancadas legislativas.
“Una vez superados estos temas institucionales por parte de la Asamblea, me parecería súper importante poder trabajar en una nueva versión del proyecto de ley de inversiones con los antecedentes de la ley que fue discutida en la Asamblea, y empezar a discutir una reforma laboral”, dijo Jiménez durante el encuentro.
El Gobierno convocó a los representantes de las principales agrupaciones legislativas con el fin de discutir la crisis política que atraviesa el parlamento y que no termina de resolverse. La presidenta Guadalupe Llori se resiste a dar paso a la conformación de una comisión evaluadora y ha recurrido incluso a la justicia para evitarlo. Aquello ha entorpecido y frenado el trabajo del parlamento, que está detenido desde hace varias semanas.
A decir del ministro, el problema institucional de la Asamblea “no se trata de una persona, se trata de un esquema de funcionamiento”. “Gobernar siempre es una prueba y representar al parlamento es una prueba más dura aún y hay que saber estar a la altura de las circunstancias”, advirtió.
Ante ello, expresó que si existen “razones evidentes” de que una autoridad no puede cumplir el cargo asignado, “lo mejor para el país sería que se cambie al conjunto de autoridades”. Precisamente los votos del oficialismo son los que facilitarían que el legislativo se autoconvoque y pueda conformar la comisión evaluadora sin la venia de Llori.
Sin embargo, tras las declaraciones de Jiménez no quedó claro si el apoyo para esta iniciativa se concretará. El funcionario prefirió ahondar en las necesidades actuales del Ejecutivo que pasan por: aprobar la ley de seguridad, discutir una nueva ley de inversiones y un nuevo código laboral.
Para ello manifestó que se trabajará en la socialización de los proyectos, con el fin de que los asambleístas puedan trabajarlos detenidamente y así evitar una negativa como la que tuvo la ley de inversiones.
