Ciudad de Panamá — Proporcional a sus 75,517 kilómetros cuadrados, Panamá es el décimo país en el mundo con la mayor diversidad biológica en el mundo, que hoy día se ve amenazada por la deforestación, la sobreexplotación de sus bosques y la contaminación de sus fuentes pluviales, entre otras afectaciones.
Pese a esta realidad cada vez más palpable, su presencia en la primera conferencia de las partes o COP 1 del acuerdo de Escazú, que se realiza en Santiago de Chile, no cuenta con la asistencia de las autoridades de alto nivel, ni con una coordinada participación ciudadana.
El acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental regional que pretende establecer los mecanismos para la protección del medioambiente, la inclusión social y el desarrollo económico de sus habitantes.
En el encuentro, que ocupa la sede de la Comisión Económica para América Latina (Cepal), se revisa el avance del acuerdo, su implementación y su operatividad.
Panamá adoptó el acuerdo en 2020, y “ahora se debe establecer el mecanismo de participación y ver un comité de cumplimiento para su aplicación, que tenga mecanismos efectivos y robustos para la protección ambiental y los arreglos financieros necesarios”, comentó Joana Abrego del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, organización ecologista que participa en la COP 1 de manera virtual.
Presencialmente, al encuentro asiste la abogada del Ministerio de Ambiente, Francis Barría, en representación de la viceministra de Relaciones Exteriores, Ana Luisa Castro, según informó el embajador de Panamá en Chile, Mario Velásquez.
El funcionario excusó a Castro, señalando que no pudo asistir porque en Panamá se realizaba una reunión ministerial sobre migración, la cual contó con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
Barría explicó que desde 1991 Panamá tiene establecido, a través de la Ley General de Ambiente, mecanismos de acceso a la información y justicia.
Añadió que en temas de participación ciudadana el país avanza en datos abiertos y en el Sistema Nacional de Información Ambiental.
Dijo que se pretende tener “un sistema de documentación avanzado” y que a nivel normativo se tiene como logro que la nación canalera aprobó la ley de los derechos de la naturaleza y el plan de acción climática.
Pero para Ábrego, del Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, “es desalentador que ni el Ministerio de Ambiente ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá hayan priorizado un evento de tanta trascendencia para la región, a la que debieron asistir altas autoridades de ambas instituciones”.
Comentó a Bloomberg Línea que no hubo “ningún” acercamiento por parte del Ministerio de Ambiente con las organizaciones ciudadanas que promueven la defensa del ambiente para esta COP 1.
“Es una pena, porque el propio acuerdo invita a las partes a participar en el foro y que haya un mecanismo participativo de cada país”, afirmó la ecologista.
Consultado al respecto, desde el Ministerio de Ambiente se indicó que para fomentar la participación hubo un plan de acción de gobierno abierto 2017 – 2019, mediante el compromiso “Transparencia en la Calidad y Cantidad del Agua”.
“Es aquí cuando surge la oportunidad y se sientan las bases para incentivarnos como país, a ratificar el Acuerdo de Escazú” e implementarlo con el fin de la rendición de cuentas e invitó a la participación ciudadana al plan de Acción de Gobierno Abierto 2021 – 2023, acotó el ministerio.
El Acuerdo de Escazú ha sido firmado por 24 países de América Latina y el Caribe y ratificado por 12 de ellos, siendo estos Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.
Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021, de acuerdo con la Cepal.
