Bloomberg — El gobierno federal de los Estados Unidos puede seguir excluyendo a Puerto Rico de un programa de beneficios de seguridad social, dictaminó la Corte Suprema en una decisión que impedirá que más de US$2.000 millones al año vayan a parar a los residentes de la isla.
Con una votación de 8 a 1 a favor de anular la resolución de una corte de menor rango, los jueces dijeron que la cláusula de protección equitativa de la Constitución (o Cláusula Territorial) no requiere la inclusión de los residentes de Puerto Rico en el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI por sus siglas en inglés), que cubre a las personas necesitadas que son discapacitadas, ciegas o ancianas.
El juez Brett Kavanaugh dijo que el Congreso puede tratar constitucionalmente a Puerto Rico de forma diferente a los 50 estados de EE.UU. en algunas circunstancias. Aunque los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses, no pueden votar en las elecciones federales y, por lo general, no pagan el impuesto sobre la renta (ISR) en Estados Unidos.
“Si esta corte requiriera un tratamiento idéntico por el lado de los beneficios, los residentes de los estados podrían presumiblemente insistir en que los impuestos federales se impongan a los residentes de Puerto Rico y otros territorios de la misma manera que esos impuestos se imponen a los residentes de los estados”, escribió Kavanaugh.
“Hacerlo, sin embargo, infligiría nuevas e importantes cargas financieras a los residentes de Puerto Rico, con serias implicaciones para el pueblo y la economía puertorriqueña.”
La jueza Sonia Sotomayor, cuya familia es de Puerto Rico, fue la única disidente. Escribió que “no hay ninguna base racional para que el Congreso trate a los ciudadanos necesitados que viven en cualquier lugar de Estados Unidos de forma tan diferente a los demás”.
Cubrir a los residentes de Puerto Rico con el programa SSI costaría US$23.000 millones en los próximos 10 años, según una estimación de la Administración del Seguro Social para 2020. El gobierno federal pagó US$56.000 millones en beneficios de SSI en 2019.
El gobierno del presidente Joe Biden defendió la exclusión, argumentando que el estatus fiscal especial de Puerto Rico dio al Congreso una base legítima para negar los beneficios del SSI a los residentes de la isla. La administración dijo que la exención del impuesto federal sobre la renta permite a Puerto Rico imponer sus propios impuestos territoriales que luego puede usar para financiar su propio programa de beneficios.
La sentencia permite al gobierno federal tratar de recuperar más de US$28.000 de José Luis Vaello-Madero, un hombre discapacitado que recibió beneficios incluso después de mudarse de Nueva York a Puerto Rico. El gobierno demandó a Vaello-Madero en 2017.
Los abogados de Vaello-Madero, respaldados por el gobierno puertorriqueño, dijeron a la Corte Suprema que la exclusión era similar a la discriminación por motivos de raza y origen nacional, por lo que es casi imposible que Estados Unidos la justifique.
El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, condenó la decisión y pidió el fin del “estatus colonial” de la isla en un comunicado publicado en Twitter (TWTR). “La única y mejor solución es la estadidad”, dijo.
El caso es U.S. v. Vaello-Madero, 20-303.
Este artículo fue traducido por Andrea González
