Lima — Durante una conferencia del Consejo de Ministros la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, reveló que el Gobierno de Perú aprobó la declaratoria del estado de emergencia en la provincia de Mariscal Nieto (Moquegua), epicentro del conflicto entre la comunidad Tumilaca - Pocata - Coscore - Tala y la mina de Cuajone operada por Southern Perú.
La norma se oficializó a través de un decreto publicado en edición extraordinaria de El Peruano este miércoles, donde se establece que por 60 días calendario (casi dos meses, hasta junio), habrá Estado de Emergencia en el distrito de Torata (Mariscal Nieto). La Policía Nacional del Perú deberá mantener el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
El conflicto se ha extendido por casi 60 días y la paralización de la operación minera Cuajone se mantiene desde el 28 de febrero pasado. Al mismo tiempo, el campamento de Cuajone se encuentra sin el servicio de agua hace más de 50 días a raíz de que la comunidad campesina no solo tomó las vías del tren sino también el reservorio de Viña Blanca.
Con la declaratoria del estado de emergencia el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, resaltó que esto implica que ya se agotaron todas las propuestas de diálogo en la zona y “ya no podemos soportar más que la gente esté sin agua”. El primer ministro de Perú consideró “irracional” el pedido de la comunidad campesina de US$5.000 millones a la empresa Southern Perú por el supuesto uso de terrenos que les pertenecerían, e indicó que es un monto ilógico para una comunidad de poco más de 470 personas.
“Si bien es cierto (que) hay temas irresolutos que se tienen que dialogar con la empresa, es necesario saber que a 5 mil personas que están en un campamento se les ha dejado sin el derecho al agua, no se han podido empezar las clases y tenemos un hospital casi colapsado. (...) Valoramos el pedido de todos los peruanos, pero así como lo hemos dicho antes no podemos diferenciar a unos peruanos y otros peruanos: en el país todos somos iguales”, explicó Chávez sobre la medida y el impacto que ha dejado la protesta de la comunidad campesina en Cuajone.
Chávez añadió que el objetivo es instar al diálogo. Recordó que existe un acta unilateral firmada el 12 de febrero donde los comuneros piden no solo US$5.000 millones de pago, sino también el 5% de utilidades de la empresa Southern Perú por la operación de Cuajone.
“Hemos instado desde el viceministerio de Gobernanza el diálogo, que consideramos que no ha terminado. Pero con el fin de salvaguardar la integridad física tanto de los comuneros como de los trabajadores y evitar u enfrentamiento, tiene que ingresar el principio de autoridad. En esa línea es que se declara este estado de emergencia”, remarcó la ministra de Trabajo.
El primer ministro Torres dijo haberse comunicado con trabajadores, comuneros y miembros de la empresa la semana pasada sobre un acuerdo que aún no fue suscrito por la comunidad, para que se dejen de lado las medidas de fuerza y a la vez Southern Perú retiraría las denuncias contra miembros de la comunidad campesina. Estos acuerdos finalmente no se cumplieron, mientras que la mesa de diálogo aún no ha sido formalmente oficializada.
Javier Acosta, representante del sindicato de trabajadores de Southern Perú, comentó este miércoles a Bloomberg Línea que algunos trabajadores de Southern en Cuajone estaban contemplando tomar medidas de fuerza contra la comunidad campesina para recuperar el reservorio Viña Blanca, ante la ausencia de acuerdos y la falta de presencia por parte del Poder Ejecutivo para solucionar la falta de agua en la zona.
“Advertimos, que los directivos, no nos responsabilizamos, por la inacción del gobierno y señalamos que no podremos controlar a la masa trabajadora que por sus propios medios, quiere dirigirse a la represa de Viña Blanca a abrir las válvulas de agua”, se lee en un comunicado de los trabajadores de Southern Perú emitido el pasado 16 de abril.
Tras el anuncio del Gobierno Acosta precisó a Bloomberg Línea que finalmente no se realizó la reunió entre la PCM y los trabajadores de Southern presentes en Lima porque se concretó el anuncio esperado. “Se supone que el Estado, de acuerdo a su informe, estaría aplicando el Estado de derecho y liberando el área”, indicó.
El ministro de Justicia, Félix Chero, apuntó que la declaratoria de emergencia en la zona de operación de la mina de Cuajone responde a razones “estrictamente de seguridad” e “invocación al diálogo”, y puntualizó que los pedidos irracionales de los comuneros hace inviable seguir promoviendo diálogos en la zona.
“Se ha declarado la emergencia para establecer líneas de diálogo más razonables y transparentes. El Gobierno, a través del Ejecutivo, tiene que restablecer el principio de autoridad salvaguardando la integridad física de los mismos comuneros, trabajadores y el derecho a la vida porque están privados del derecho elemental del agua”, puntualizó Chero.
