Lima — El Gobierno de Perú no ha podido dar solución hasta la fecha al conflicto que se mantiene desde febrero entre la comunidad campesina Tumilaca - Pocata - Coscore - Tala y Southern Perú, que opera la mina de Cuajone ubicada en la región de Moquegua. Desde el 28 de febrero la operación minera se encuentra suspendida y, en paralelo, hace casi 60 días más de cinco mil personas que habitan el campamento de Cuajone no acceden al servicio de agua potable por el bloqueo del reservorio de Viña Blanca.
A pesar que el 12 de abril se firmó un acta entre el Gobierno, la empresa y la comunidad para acordar la instalación de una mesa de diálogo, que debe oficializarse a través de una resolución en el Diario Oficial El Peruano, hasta ahora dicho espacio no ha podido instalarse. “Antes de formar esa mesa, la comunidad y compañía nos íbamos a poner de acuerdo en un texto de convocatoria”, precisa a Bloomberg Línea Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas y CFO de Southern Perú, y resalta que un punto básico es que antes de que salga la resolución de convocatoria y que participen en una mesa de diálogo, la comunidad debe entregar a la empresa el control del reservorio Viña Blanca y la línea del tren que es utilizado para extraer los minerales de Cuajone.
“Hemos recibido tres borradores de la resolución, hemos hecho nuestros comentarios y estamos a la espera de que la comunidad acepte el borrador del texto con nuestras sugerencias”, añade Jacob, quien prefirió no entrar en los detalles de las sugerencias porque estas aún están siendo consultadas.
De acuerdo al funcionario, la comunidad Tumilaca - Pocata - Coscore - Tala celebrará una asamblea este miércoles 20 de abril a las 10:00 a. m. para revisar las sugerencias realizadas por Southern Perú, y se esperaría con ello avanzar. “El acuerdo de la Asamblea el 12 de abril fue que se iba a consensuar un texto. Estamos a la espera de lo que decida”, enfatiza Jacob.
Por cada día que ha dejado de operar la mina de Cuajone se perdió US$5 millones en exportaciones de cobre, y se dejó de percibir en la región de Moquegua ingresos diarios por 8,5 millones de soles por concepto de impuestos y regalías. A su vez, el Banco Central de Reserva (BCR) advirtió que por un mes sin extracción de cobre en la mina de Cuajone, el país pierde un 0,5% del PBI. En tanto la comunidad campesina Tumilaca - Pocata - Coscore - Tala exigen que Southern Perú page US$5.000 millones por el uso de supuestos terrenos que permanecen a dicha comunidad y que concrete el pago permanente del 5% de utilidades netas.
Aunque la mina alertó en marzo sobre el potencial cierre temporal de Cuajone, Jacob aclara que hasta la fecha no se ha tomado ninguna decisión al respecto; aunque la empresa reconoce que esta situación “no es sostenible en el corto plazo”.
“Si nos entregan las facilidades de Viña Blanca y línea del tren podemos empezar un proceso de diálogo. Siempre hemos manifestado nuestra disposición a dialogar pero sin ninguna medida de fuerza”, detalla el ejecutivo, y a la par expresa su preocupación porque a su parecer el Gobierno de Perú no está actuando con la premura que la situación requiere.
“A veces vemos que en el deseo de impulsar un proceso de diálogo se aplican o generan circunstancias que son muy duras para la población. No solamente son las personas que trabajan en la operación, sino todo el ecosistema alrededor que no es menor. Hemos mencionado varias veces que por cada puesto de trabajo fijo en el sector minero, se generan otros ocho puestos de trabajo en el resto del país. La mayoría de esos están en la región donde está la operación minera. Las regiones son las principales afectadas”, remarca Jacob.
TRABAJADORES DE SOUTHERN LLEGAN A LIMA (DE NUEVO)
Javier Acosta, representante del sindicato de trabajadores de Southern Perú, coincide con Jacob en la preocupación sobre la falta de atención del Gobierno a este conflicto en particular, toda vez que son casi 60 días que miles de personas han visto interrumpido el flujo de agua hacia sus hogares y también se han visto afectadas las operaciones de colegios en Cuajone y del hospital que opera en la zona.
Para los trabajadores la situación no solo ha dejado de ser sostenible: algunos ya contemplan tomar medidas de fuerza contra la comunidad campesina para recuperar el reservorio Viña Blanca, ante la ausencia de acuerdos y la falta de presencia que denuncian por parte del Poder Ejecutivo, advierte Acosta a Bloomberg Línea.
Esto también había sido alertado en un reciente comunicado de las juntas directivas de los trabajadores de Southern, emitido el pasado 16 de abril. “Advertimos, que los directivos, no nos responsabilizamos, por la inacción del gobierno y señalamos que no podremos controlar a la masa trabajadora que por sus propios medios, quiere dirigirse a la represa de Viña Blanca a abrir las válvulas de agua”, se lee en dicho documento.
“Hemos hablado con nuestros compañeros y les hemos pedido que esperen a que nosotros podamos tener la última respuesta del Gobierno“, resalta Acosta. Este miércoles a las 9:00 a. m. una delegación del sindicato de trabajadores de la empresa se reunirá con las autoridades de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para pedirles, nuevamente, una solución al asunto.
“De no haber nada favorable lo hemos advertido varias veces al Gobierno, mediante comunicados, que no vamos a ser responsables de lo que pase, porque hemos estado tratando de buscar la solución como el mismo gobierno lo indica, dialogando. Estamos esperando que el mismo gobierno instale el Estado de derecho, pero no lo hacen, entonces el pueblo de Cuajone y los trabajadores se cansan”, precisa a Bloomberg Línea Acosta.
Para el trabajador de la minera, el Gobierno de Perú le está dando actualmente más valor a las demandas de las comunidades que al derecho de acceso al agua de las personas que se ven afectadas en la zona; y esa situación, advierte, ha generado cansancio que podría tornarse en una situación más grave.
“Desde el Ejecutivo nos han mandado a nosotros un (mensaje por) Whatsapp indicando que estaríamos cometiendo un delito si alguno de los comuneros sale herido, y que vamos a ser denunciados. ¿Por qué a nosotros sí nos amedrentan y nos limitan si a la vez no actúan de la misma forma con otros?”, opina Acosta.
Una de las quejas de las juntas directivas de los trabajadores de Southern es que no hay certeza de qué pasará si las comunidades campesinas se niegan a acordar un texto con la empresa para que pueda salir la resolución esperada. Mientras no se resuelve ese tema, el campamento de Cuajone sigue expuesto a la incertidumbre de si se retoma o no el servicio de agua hacia la zona.
“Nosotros seguimos sin agua en el campamento y estamos en Lima para empujar eso. Nos han dado muestras que no están a la altura del caso. Ni por la alerta de que nuestros compañeros estaban a punto de salirse de la línea para recuperar las válvulas, ni por eso el gobierno ha tenido la intención de resolver este tema lo más pronto posible”, indica Acosta.
¿INVERSIONES EN CUAJONE NO SE DARÁN?
Jacob aclara a Bloomberg Línea que aunque no es oportuno hablar de nuevas inversiones a raíz del bloqueo de la mina, el deseo de Southern Perú es que las operaciones en el país aumenten y que en la mina de Cuajone pueda darse finalmente la expansión valorada en US$850 millones. Pero esta, agrega, tiene que hacerse bajo condiciones adecuadas.
“Nuestras inversiones en Perú son a largo plazo. En tanto las condiciones sean las adecuadas y lo han sido por muchísimos años, nosotros no tendríamos mayor inconveniente y tendríamos que ver otro tipo de cosas como cómo está el precio del cobre y otras variables. El compromiso de la compañía en Perú es a largo plazo”, puntualiza Jacob.
