San Salvador — En su urgencia por recluir a miles de pandilleros arrestados en el Régimen de Excepción, el gobierno de El Salvador aprobó una ley que autoriza la expropiación para construir más cárceles.
La Asamblea Legislativa avaló el martes la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, que encomienda al Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), en colaboración con la Dirección General de Centros Penales (DGCP), el adecuamiento de más prisiones.
EL MOP poseerá dominio y derechos reales sobre los inmuebles existentes ya inscritos en favor del Estado y las municipalidades, así como la facultad de “declarar de utilidad pública los bienes, obras y edificaciones que comprenderán el área de construcción de los centros penitenciarios”.
Cuando el MOPT defina una expropiación deberá publicarla en el Diario Oficial o en un periódico de mayor circulación y los propietarios tienen 15 días hábiles para manifestar por escrito su están dispuestos a la venta voluntaria de los inmuebles afectados.
“El MOPT, a través de la Fiscalía General de la República, podrá seguir el procedimiento especial de adquisición de inmuebles en aquellos casos en los que no se logre un acuerdo con los propietarios referidos”, plantea la ley.
Los propietarios afectados podrán presentar recursos de apelación solamente cuestionando el monto de la indemnización.
EL MOPT construirá los centros penales, ya sea por cuenta propia o por medio de asociaciones y convenios con el sector privado. La administración quedará a cargo de la DGCP.
Las contrataciones de bienes y servicios estarán fuera de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), una legislación que garantiza la igualdad de condiciones para nacionales y extranjeros en las contrataciones públicas. La LACAP solo aplicará en cuanto a las garantías, infracciones y sanciones.
El proceso de contratación se regirá, en cambio, por disposiciones de la Unidad Normativa de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública del Ministerio de Hacienda.
Crisis de hacinamiento en las prisiones
El punto de quiebre que desató la “guerra contra las pandillas” del actual gobierno sucedió el último fin de semana de marzo. El sábado 26 de ese mes se registraron 62 homicidios en apenas 24 horas, ante lo cual el gobierno de Nayib Bukele respondió con una declaratoria de Régimen de Excepción.
Antes de ese fin de semana los pandilleros recluidos en los centros penales ya eran 16.000. En los últimos 25 días, El Salvador ha arrestado a más de 14.000 personas presumiblemente miembros de pandillas, según cifras de la Policía Nacional Civil (PNC).
El presidente Nayib Bukele dijo que a finales de marzo unos 70.000 pandilleros se encontraban en libertad. Basados en estos datos, desde la entrada del Régimen de Excepción hasta la fecha, las fuerzas de seguridad han capturado al 20% de los miembros que estaban fuera de los centros penales.
Bukele ha admitido que no todas las detenciones de sospechosos se realizan con precisión y estima un margen de error del 1%.
Todo esto ha agudizado una crisis de hacinamiento que ya existía en el sistema penitenciario salvadoreño, que a diciembre de 2020 tenía una sobreocupación del 36,6% en 29 prisiones, según un estudio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).
La población reclusa en ese momento era de 37.190 personas, una tasa de encarcelamiento de 563 personas por cada 100.000 habitantes. Un 75,56% ya había recibido condena y 9.088 estaban presos sin sentencia final.
Justo hace un año, el gobierno había anunciado el cierre de tres centros penitenciarios en Sonsonate, Metapán y La Unión.
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