San Salvador — La prohibición a los medios de comunicación para reproducir mensajes de las ‘maras’ o pandillas recibió una demanda de inconstitucionalidad por parte de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de la fundación Cristosal.
Ambas organizaciones advirtieron este martes que las reformas presentan vicios de forma y fondo, que otorgan al gobierno salvadoreño un amplio margen para interpretar la ley y de procesar penalmente a periodistas que cumplan con el deber de informar a la población.
La Asamblea Legislativa aprobó a inicios de abril penas de 10 a 15 años para “medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digitales” que reproduzcan o transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por pandillas, “que pudieran generar zozobra y pánico en la población”.
La censura a los periodistas surge en el contexto de un Régimen de Excepción, activo en El Salvador desde el 27 de marzo, por una declarada “guerra contra las pandillas” que lleva a cabo el gobierno de Nayib Bukele.
Las modificaciones al Código Penal utilizan términos jurídicos indeterminados, tales como el de la ‘zozobra’, planteó Ruth Eleonora López, jefa Anticorrupción de Cristosal.
“Esto podría conllevar a que con una manipulación incluso gubernamental pueda controlarse el discurso desde las mismas redes, desde la misma actuación del gobierno y que implique que los periodistas pueden verse acusados por la comisión de un delito”, manifestó López.
Limitación del derecho a la información
Cristosal señala violaciones del derecho a la libertad de expresión a los cambios hechos al artículo 345 del Código Penal y al Artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.
“Estas reformas en ambos casos están promoviendo una limitación absoluta de derechos, en este caso particularmente sobre el ejercicio periodístico pero también sobre el ejercicio de cualquier ciudadano en su derecho a informarse debidamente”, dijo la representante de Cristosal.
“Esto podría implicar que cualquier ciudadano y en este caso particularmente los periodistas puedan ser procesados por informar y por cumplir con una obligación social, pero también por promover un derecho que la misma ciudadanía tiene que es estar debidamente informado”, profundizó.
Además, la demanda plantea que se ha cometido “inconstitucionalidad de forma” al establecer la vigencia inmediata de las disposiciones, cuando la Constitución establece que al tratarse de leyes de carácter permanente deben entrar en vigor ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
“Estas reformas están acompañadas de una narrativa y unos discursos que pareciera que lo que está combatiendo el gobierno no son los pandilleros, sino que lo que está combatiendo el gobierno son a los periodistas”, señaló César Fagoaga, presidente de la APES.
Hay pocas posibilidades de que el recurso de inconstitucionalidad prospere admitió el representante del gremio periodístico. “Nuestras expectativas son limitadas dado que se trata de una Sala de lo Constitucional espuria”, agregó, y no descartó acudir a instancias internacionales en caso de que no sean escuchados por el gobierno salvadoreño.
No obstante, espera que prevalezca el derecho a la información de la ciudadanía. “En este supuesto combate contra la delincuencia se están cometiendo demasiados abusos, se están limitando derecho, se está restringiendo la libertad de prensa. Me parece muy importante en estas circunstancias que no se le esconda a la gente su derecho a saber”, dijo Fagoaga.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se ha referido a la legislación como una “criminalización del trabajo de los medios y de los periodistas”, que contraviene los principios constitucionales y tratados internacionales sobre la libertad de prensa.
“Un país no puede bloquear la violencia censurando a la opinión pública, ya que es justamente en el debate público donde las sociedades encuentran los remedios a sus problemas”, defendió Jorge Canahuati, presidente de la SIP y presidente del Grupo Opsa de Honduras.
Bukele ha defendido las restricciones como un paso necesario para el combate a las pandillas, así como el gobierno de Alemania lo hizo en su momento con el nazismo.
“Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología Nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada, era compresible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas”, ha argumentado el presidente de la República.
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