Bloomberg — El modelo de concesión detrás de la predominancia de Chile en el mercado del cobre se enfrenta a preguntas existenciales, ya que los redactores de una nueva Constitución se preparan para votar sobre propuestas revisadas para limitar la propiedad privada.
En decisiones que afectarían la capacidad de la industria minera para satisfacer la demanda de los metales de se utilizan para fabricar baterías, como cobre y litio, los miembros de la Convención Constitucional votarán la próxima semana medidas para reemplazar las concesiones ilimitadas por un sistema de permisos temporales.
Estas son parte de una serie de propuestas modificadas de la comisión de medio ambiente de la Convención que se dirigen a una votación —que podría ser final— en el pleno. Además, el lunes, la Convención decidirá sobre un artículo que consagraría el agua y el viento como activos naturales que se pueden usar bajo permisos, pero no en condición de propiedad. Otra medida que se someterá a votación prohibiría cualquier actividad que impacte la criósfera, incluidos los glaciares.
Desde que una explosión de protestas masivas en 2019 condujera a un proceso para redactar una nueva Carta Magna, la industria del cobre ha estado presionando para mantener el modelo de concesión indefinida, que dice que es fundamental para la planificación a largo plazo que sustenta las inversiones.
Sin esa certeza legal, no está claro qué parte de los proyectos por casi US$70.000 millones para esta década se concretaría. Eso se traduciría en una gran merma para la economía chilena, que depende del cobre, además de ejercer más presión sobre los ajustados mercados mundiales de metales en un momento de aceleración de la demanda a medida que el mundo trata de dejar de usar combustibles fósiles.
Reemplazar los derechos de explotación por permisos temporales y revocables “debilita la capacidad de hacer proyectos, de financiar los mismos y finalmente desarrollarlos”, dijo Rodrigo Álvarez, constituyente del partido de derecha UDI.
Sin duda, las propuestas radicales que surgen de una comisión repleta de jóvenes activistas se han enfrentado a una prueba mucho más dura en el pleno de la Convención, donde requieren una mayoría de dos tercios entre un grupo ideológicamente más diverso.
Cambiar el modelo de concesión también puede contravenir los tratados internacionales, desencadenando procesos legales y posibles compensaciones que desviarían dinero del gasto social. Si tales propuestas llegan al borrador, el documento aún debe ser ratificado en un referéndum programado para septiembre. También existe cierta preocupación en la industria sobre cómo interpretar el lenguaje utilizado en la última versión de las propuestas.
“El panorama tal como está es bastante negativo para la minería en Chile”, dijo Juan Carlos Guajardo, quien dirige la consultora Plusmining. “Confiemos en que el pleno ponga cordura”.
Otras votaciones clave
- El pleno aprobó este miércoles una propuesta para sustituir el Senado por un órgano menos poderoso denominado Cámara de las Regiones
- Anteriormente, aprobó una medida para declarar a Chile un “Estado social y democrático de derecho”. Es multinacional, intercultural y ecológico”. Según este artículo, el Estado debe “proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo”
- También aprobó un artículo que asigna el deber de reparar los daños ambientales a los responsables
- Las lenguas indígenas se oficializarán en sus respectivos territorios, mientras que el Estado promoverá el conocimiento y respeto de dichas lenguas en todo el territorio nacional
- El proyecto de documento también declarará a Chile como un Estado laico que garantiza la libertad de religión y creencias espirituales
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