Con el regreso del Sambil de La Candelaria a sus propietarios, los Cohen, luego de 14 años de intervención chavista, se alzaron las expectativas en torno a nuevos lineamientos en este terreno de expropiaciones, que fueron impulsadas durante la era Chávez, y que ahora la administración de su sucesor, Nicolás Maduro, busca revertir.
Se trata de un proceso que si bien viene gestándose desde hace al menos un año, bajo la mediación de la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación que instaló la Asamblea Nacional de mayoría chavista, electa en 2020, apenas estaría avanzando hacia hechos tangibles, luego de largas conversaciones y reencuentros con los afectados.
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Fincas y hatos son parte de esa lista de propiedades que el chavismo evalúa. Son al menos 70 casos que fueron presentados, en principio ante el Ministerio de Agricultura, por la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga). Ellos constituyen desde invasiones hasta lo que el gobierno calificó como restitución de tierras, que para algunos casos, ya fue alcanzado un acuerdo.
El Fundo San Roque, en el estado Zulia, con 176 hectáreas, representa el más reciente y notorio de ellos. Luego de 5 años de haber sido tomado ilegalmente por cerca de 50 familias campesinas de la etnia Wayú, sin mayor actuación del Estado en el resguardo del territorio y sus propietarios, finalmente fue desocupado. El propio Instituto Nacional de Tierras comunicó el acuerdo, que de acuerdo a la narrativa oficial, fue alcanzado a través del diálogo que permitió la reubicación voluntaria.
Alexis Algarra, consultor jurídico de Fedenaga fue el encargado de presentar el listado que contempla terrenos agropecuarios como el Hato Las Mercedes, en Barinas; el Fundo San Antonio, en el estado Yaracuy, el Fundo Buena Esperanza, en el Zulia, y el Hato Cristo, en el estado Mérida.
El abogado dijo a Bloomberg Línea que en marzo de 2021 sostuvieron la primera reunión con el Parlamento Nacional, luego de que en 2020, la Consultoría de Fedenaga iniciara con una metodología que permitiera respuestas más concretas en casos con hasta 20 años sin solución.
“Iniciamos el enlace con la Comisión Especial, debo destacar al diputado Luis Eduardo Martínez y planteamos la inquietud de llevar nuestros planteamientos, como el tema de la inseguridad jurídica, porque así calificamos estas intervenciones, y el tema de la seguridad personal en contra de los productores agropecuarios, todo orientado hacia la recuperación de la confianza en el sector”, agregó Algarra.
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A partir de ello, se creó una subcomisión especial para la sistematización de propuestas para el sector agropecuario, integrada por los diputados oficialistas Ricardo Sánchez y Antonio Benavides Torres. También se acudió luego ante el Ministerio Público, y aunque las conversaciones comenzaban a alargarse, desde Fedenaga se entendió que era un proceso delicado y extenso.
“Observamos una disposición de escuchar, de reconocimiento, una clara disposición al diálogo, aunque hubo un momento que se lo decíamos, estamos llenos de logros intangibles, es un logro sentarnos pero necesitamos logros tangibles, y ahora ha comenzado de una manera sobria a dar respuestas”, destacó el consultor jurídico, en referencia a la mesa de diálogo establecida con el gobierno venezolano y cómo las muestras concretas se han ido presenciando en los últimos meses, con la revisión y reversión de algunos rescates de tierras.
Deudas pendientes
De acuerdo al Observatorio Gasto Público de Cedice- Libertad, el gobierno chavista cuenta con 59 demandas arbitrales en su contra, de las cuales 29 ya tienen condena. El informe sostiene que de la deuda externa gubernamental de Venezuela, que representa aproximadamente 162 millardos de dólares, alrededor de 30 millardos pueden ser consecuencia de demandas ante centros de arbitraje formuladas en respuesta de expropiaciones, confiscaciones y vulneraciones a la propiedad privada de inversionistas extranjeros.
Exxon Mobil, con un monto condenado de 188,342,482 dólares (12.96% pagado); Crystallex, con una suma condenada de 1,202,000,000 dólares (38.04% pagado) o ConocoPhilips, con una condena aprobada de 8,446,305,166 dólares, de los que se ha cancelado un 25.36%, son algunos de los casos más reconocidos, que fueron tratados por el CIADI y la Cámara de Comercio Internacional (ICC).
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Algarra explicó a BBL que aunque algunos de los casos que Fedenaga discute con el Estado venezolano, fueron presentados únicamente ante instancias internacionales como la OIT, en la que aún se encuentra el proceso abierto, no descarta que parte de la línea que implementa actualmente la administración de Maduro con relación a estas intervenciones, bien sean fincas o empresas internacionales, podría estar vinculada al intento de disminuir la deuda externa y además promover la confianza en la inversión nacional y extranjera.
“Yo creo que el gobierno va a ir escuchando en el marco de la Constitución a las personas que tengan que ser reivindicadas y a medida que el clima político lo permita, va a ir dando respuestas. Observamos que el gobierno si está en disposición de resolver”, acotó Algarra.
Bloomberg Línea solicitó comentarios a la Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación así como a Fedecámaras y hasta el momento no fueron respondidos.
