Lima — El Congreso de la República de Perú aprobó con 95 votos a favor, 10 en contra y tres abstenciones un proyecto de ley que permitirá exonerar del impuesto general a las ventas (IGV) a cinco productos de la canasta básica familiar: pollo, huevos, azúcar, pastas y pan; una iniciativa impulsada por el Gobierno peruano en aras de mitigar el alza de precios de los alimentos y aliviar la carga de gastos de los más pobres en el país.
El dictamen de allanamiento de exoneración del IGV aprobado esta mañana con 14 votos a favor y solo uno en contra en la comisión de Economía exonera el impuesto a las ventas a los productos mencionados hasta el 31 julio del 2022, y permite que las empresas productoras accedan a un crédito fiscal por las adquisiciones o importaciones de los principales insumos requeridos en el proceso productivo de los bienes exonerados, que tendrán que ser determinados por el MEF. Dicha propuesta de ley corregía errores cometidos por el Congreso, que aprobó una iniciativa similar la semana pasada pero que incluía a productos como lomo fino, faisán, entre otros.
El último lunes, Silvia Monteza, presidenta de la Comisión de Economía del Congreso, explicó que había sido un error no revisar en comisiones los proyectos de ley que se sumaron a la propuesta del Ejecutivo para exonerar el IGV a alimentos la semana pasada, y finalmente el Pleno del Congreso aprobó una norma que beneficiaba a muchos más productos que los previstos por el MEF y que se extendía hasta fin de año, implicando un gasto para el Perú de más de S/3.800 millones (US$1.021 millones aproximadamente).
Ahora se tuvo mayor consenso con una norma que ha aceptado los requerimientos del MEF. Aunque el lunes el ministro de Economía, Oscar Graham, no acudió al llamado del Congreso para revisar de forma presencial las observaciones que el Gobierno realizó, sí se envió un documento junto a la observación aclarando los errores que esta propuesta cometía.
Pero a pesar que la iniciativa aliviaría los costos de los alimentos que han subido a raíz de una mayor inflación y del incremento global de precios, economistas consultados por Bloomberg Línea coinciden en que la medida no será del todo efectiva para aliviar los bolsillos de los más pobres. Por el contrario, sugieren otras propuestas que serían más efectivas.
EXONERACIÓN DEL IGV VS. SUBSIDIOS EN PERÚ
Lo que ocurre en el Perú no es un hecho aislado: en el mundo los precios de los alimentos han subido a máximos de décadas y la inflación es un problema que enfrentan casi todas las economías a nivel global. Aunque cada país ha tomado acción de diversas maneras para mitigar el impacto en los ciudadanos.
En medio de protestas sociales y conflictos que han puesto en jaque al Gobierno de Pedro Castillo, el Ejecutivo ha reaccionado con medidas paliativas de última hora. Primero fue la exoneración del impuesto selectivo al consumo (ISC) a los combustibles, que pudo aprobar de forma directa, y luego la propuesta de exonerar el IGV para ciertos alimentos que debió mandar al Congreso para que sea debatida y aprobada.
Con la aprobación de la norma el Gobierno espera aliviar a la población que está siendo impactada por una inflación de alimentos mayor al 10%, que perjudica sobre todo a los más pobres. Para Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat, el problema de exonerar el IGV y mandar una propuesta de esta naturaleza al Congreso es que se abrió la puerta a que surjan más iniciativas de gasto y con un mayor impacto para la caja fiscal; exactamente lo que ocurrió la semana pasada y que llevó a que se apruebe un proyecto que exoneraba a productos como faisán, ravioles, lomo fino, entre otros que no forman parte de la canasta familiar básica.
“Si el objetivo es ayudar a las personas más vulnerables hay que buscar otros mecanismos como los subsidios directos, que seguramente será más barato que una medida transversal como exonerar a todos de pagar el IGV. Hay subsidios directos de electricidad, de agua; se puede diseñar un programa de transferencias monetarias o no monetarias para los más necesitados. Las experiencias de subsidios directos vía descuentos en recibos del servicio público, vía transferencia monetarias, transferencias en especies, son empleadas en Brasil y México, y en Perú mismo se ha aplicado en los últimos dos años”, apunta el economista.
Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, y Eduardo Zegarra, investigador principal de Grade, coinciden en que un mejor mecanismo para aliviar los bolsillos de los más pobres en Perú es mediante la entrega de subsidios o bonos transitorios, correctamente focalizados y diseñados para llegar de forma rápida a la población que requiere el beneficio.
“Calzaría un bono transitorio así como se ha hecho con anterioridad. Considerando que el déficit se ha reducido el 2021 más rápido de lo que se esperaba y has tenido una recaudación extraordinaria, capacidad y recursos hay”, remarca Odar.
El economista señala que es probable que el Gobierno no quiera ir por el camino de otorgar subsidios debido a que en el pasado se ha criticado la mala focalización con los bonos otorgados a la población durante la pandemia. No obstante, considera que es la forma más directa de lograr que el comerciante traslade el descuento hacia el usuario final.
Aunque Zegarra reconoce que el problema con los bonos es que toma tiempo armar el aparato y direccionamiento de la medida, añade que un bono alimentario podría, por lo menos, ayudar a generar algo más de tranquilidad social.
“Lo más claro es un bono alimentario que debería entregarse inmediatamente por un monto equivalente a un porcentaje de la canasta básica alimentaria, debería ser en efectivo y llegar a las personas de pocos ingresos de la población”, precisa el economista.
A su vez, Zegarra apunta que esta medida se podría hacer más rápida en colaboración con todos los bancos “porque es un tema de emergencia y solidaridad con la gente”, para generar mecanismos de rápida distribución del bono alimentario.
“Tenemos experiencia de casi dos años. Creo que sería una medida mucho más efectiva. Lamentablemente muchos creen que son medidas populistas o una especie de dádivas y eso es una distorsión. Son mecanismos concretos de ayuda a la población que está siendo golpeada y no tiene cómo generar esos ingresos en el corto plazo. Es una forma de enfrentar un tema económico complejo de la mejor forma posible”, remarca el investigador de Grade.
Arias Minaya agrega que es más fácil entregar estos subsidios de manera temporal y aprovechar que ahora se tienen los recursos para hacerlo. “El boom no solo de minerales sino el propio hecho de que el petróleo esté a más de 100 dólares, el trigo está más caro, y todo eso ha aumentado la recaudación de bienes importados. Se puede usar los recursos que se tienen por el alza de precios para un fondo para subsidios directos. Está el dinero. Lo otro (la exoneración del IGV) tiene mayor riesgo de quedarse permanente”, advierte.
Para Odar, sin embargo, uno de los mayores problemas es que no se ha desarrollado en los últimos dos años de pandemia el manejo logístico y de base de datos requerido para reaccionar de forma rápida con subsidios que beneficien a la población. “La experiencia nos ha enseñado que en una situación crítica se puede ir por ese camino. Desde el 2020 se ha tenido tiempo para desarrollar esas capacidades y dos años después no lo tenemos”, puntualiza.
LAS CRÍTICAS DE EMPRESARIOS
Luego de que la Comisión de Economía del Congreso aprobó el texto que envió el Ejecutivo sobre la exoneración del IGV, dos gremios empresariales han expresado preocupación por la redacción de una parte de la medida dirigida a los productores de alimentos; mientras que uno asegura que el precio del pollo y huevo a nivel nacional “no bajará” por el diseño que tiene esta iniciativa de ley.
En una carta enviada hoy martes y dirigida a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señala que el gremio observa “con suma preocupación” el artículo 3 del proyecto de ley aprobado, que aborda el uso del crédito fiscal por parte de empresas productoras.
La preocupación de la SNI, según Márquez, recae en que solo mantener la palabra “insumo” en el artículo de la norma llevaría a que la aplicación del crédito fiscal de las compras de las empresas sea parcial. Formalmente la SNI sugirió en el documento que se agregue en el artículo 3 de la propuesta de norma las palabras “materias primas, bienes intermedios y servicios” además de la palabra “insumos”, que ya ha sido considerada.
De otro lado la Asociación Peruana de Avicultura (APA) insistió con que se posibilite que haya reintegro tributario, algo que el gremio ya había sugerido que se incluya en el texto anterior que fue aprobado por el Congreso de la República. Se plantea, en esa línea, que el reintegro se brinde en caso de que el IGV pagado en las compras no pueda aplicase como crédito fiscal.
TE PUEDE INTERESAR
- Presidenta del Congreso de Perú no descarta posibilidad de elecciones generales
- Perú: Aprobación de Pedro Castillo cae tras protestas y toque de queda en Lima
- Cambio climático: ¿cuánto le costó a LatAm y el Caribe en los últimos 20 años?
- Defensor del Pueblo de Perú demanda a Pedro Castillo renunciar a la Presidencia
- Rappi lanza piloto en México para incursionar en el mundo de las criptomonedas
