Bogotá — La Contraloría hizo auditoría a la gestión del Banco Agrario respecto a los subsidios de vivienda de interés social rural otorgados hasta 2017 y encontró 36 incidentes administrativos de los cuales, 11 tienen presunta incidencia fiscal por valor de $5.292 millones, 29 de carácter disciplinario y 2 con solicitud de indagación preliminar.
De acuerdo con el ente de control, no hay conformidad sobre la verificación de los parámetros o requisitos de los hogares beneficiarios de los subsidios familiares de vivienda de interés social rural otorgados hasta 2017, que fueron reemplazados o retirados por el Banco, en el período de enero de 2019 a junio de 2021.
Además, la Contraloría verificó también la estructuración de proyectos en predios no aptos para la construcción de vivienda; incertidumbre respecto a la titularidad de los lotes; la entrega de las viviendas sin el cumplimiento de los requisitos técnicos conforme a los tipos definido y cantidades de obra ejecutada y pagada menor a la contratada.
Así mismo, se determinó que reclamaciones ante las compañías de seguros se realizaron de forma tardía, por cuanto en la mayoría de los casos se encontraban vencidas las coberturas de las garantías, lo que repercute aún más en el riesgo de pérdida de los recursos públicos que fueron desembolsados a las gerencias integrales, y de éstas, como anticipos en los contratos de obra, dice la entidad.
La Contraloría también resaltó que “los hallazgos con presunta connotación fiscal evidencian la no aplicación de los controles existentes a cargo de la supervisión de los contratos, entre el Banco y las gerencias integrales, y de la interventoría contratada para verificar la ejecución de las obras; así como omisión en el seguimiento del recurso público desembolsado en los diferentes proyectos”.
Principales deficiencias del banco halladas por la Contraloría:
- La labor de seguimiento a cargo del Banco Agrario como otorgante y responsable del programa de subsidio familiar de vivienda de interés social rural.
- La supervisión adelantada por el Banco de forma directa o por contratación, respecto de los contratos suscritos con las gerencias integrales o con los oferentes (según el programa aplicable), que no se adelantó de forma oportuna al no detectar los presuntos incumplimientos contractuales y los riesgos sobre los recursos públicos involucrados.
- Los informes de supervisión y avance de los proyectos no se encuentran actualizados, lo que repercute en el conocimiento del estado real de los mismos y la ejecución de las viviendas para la aplicación de los subsidios.
- Las actuaciones administrativas para la protección y salvaguarda de los recursos invertidos en los proyectos, así como las acciones judiciales y de reclamaciones no se adelantan en forma diligente y en los tiempos establecidos.
- Las bases de datos de los proyectos y de los beneficiarios presentan deficiencias, no se actualizan de forma oportuna y no son confiables, en algunos aspectos, respecto del estado real de ejecución.
