Bloomberg — La deuda externa de Perú se ha desplomado a mínimos históricos debido a que una ola de malestar social en medio de una aceleración de la inflación pone patas arriba un mercado que alguna vez fue famoso por su resistencia a una crisis política casi perpetua.
Los bonos del Gobierno con vencimiento en 2031 cayeron 6 centavos la semana pasada para negociarse a un mínimo histórico de 88,5 centavos por dólar, impulsando los rendimientos a lo largo de la curva de la deuda de Perú. El bono a 100 años de la nación ha caído a un récord de 68 centavos mientras que el sol se ha debilitado un 2% en los últimos cinco días.
El presidente, Pedro Castillo, está luchando para detener los disturbios en respuesta a los altísimos precios de los alimentos y el combustible, exacerbados por la guerra en Ucrania. Hay una creciente presión para que renuncie, tras solo ocho meses de iniciado su mandato e incluso después de que recientemente saliera victorioso de una segunda votación de juicio político. Con cinco presidentes en poco más de cuatro años, existe la sensación de que Perú se está volviendo ingobernable.
“Mi preocupación no es un movimiento hacia la izquierda, es solo un colapso total de la formulación de políticas”, dijo Álvaro Vivanco, director de estrategia de mercados emergentes de NatWest Markets. “En este entorno de renta fija global, es muy difícil ver algún valor en Perú”.
Los bonos en dólares de Perú son los segundos con peor desempeño en el mundo en lo que va de abril, según datos recopilados por un índice de bonos de Bloomberg, solo superados por los de Sri Lanka, que anunció el martes planes para suspender los pagos de la deuda externa. Este año los bonos en dólares peruanos han bajado más de un 10%.
Inflación creciente
La caída revela un mercado que está perdiendo la paciencia con Perú. Hace apenas 16 meses, a pesar de un período de agitación política, el Gobierno pudo vender el bono a 100 años con el rendimiento más bajo que alguna vez haya subastado un país de los mercados emergentes.
Lo que ha cambiado en Perú es un rechazo aún mayor a la clase política gobernante y una inflación galopante. Si bien los precios al consumidor, que se ubican en 6,8%, están por debajo de los de muchos pares latinoamericanos y globales siguen registrando la tasa más alta desde 1998. Eso expone riesgos económicos y fiscales reales.
Se proyecta que la economía crecerá alrededor del 3% en 2022.
Una encuesta publicada el domingo por Ipsos muestra que el 79% de la gente desaprueba el Congreso, el 76% rechaza el Gobierno de Castillo y el 63% quiere que renuncie.
La decisión de Castillo a principios de este mes de declarar estado de emergencia para evitar saqueos y protestas en la capital después de huelgas a gran escala de camioneros y agricultores avivó aún más el descontento.
El Congreso también aprobó un proyecto de ley vetado por Castillo para devolver alrededor de 42.000 millones de soles (US$11.300 millones) a los trabajadores que contribuyeron a un fondo de vivienda desaparecido, y los legisladores están debatiendo propuestas para permitir que las personas retiren la totalidad de sus ahorros de pensión.
Grado de inversión
Olga Yangol, jefa de estrategia de mercados emergentes para América en Credit Agricole, señaló que la sostenibilidad de la deuda no es una preocupación para Perú, que restableció su regla fiscal con un límite para el déficit fiscal nominal de 3,7% del producto interno bruto y de 38% del PIB para la deuda bruta.
Perú todavía tiene una calificación de grado de inversión para su deuda y su diferencial sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos se encuentra entre los más bajos de América Latina, en 192 puntos básicos. Pero es posible que esas métricas no se mantengan por mucho más tiempo, según el economista de Barclays Capital Inc. Alejandro Arreaza y el estratega Juan Prada.
“Perú está en camino de perder el estatus de grado de inversión”, escribieron en una nota. “Hasta ahora, el efecto de la inestabilidad política persistente en la posición fiscal ha sido limitado. Sin embargo, las medidas que están tomando las autoridades, aunadas al deterioro de las perspectivas de crecimiento, podrían acelerar el debilitamiento de las métricas fiscales”.