Lima — Aún no parece haber consenso sobre el proyecto de ley que exoneraría el impuesto general a las ventas (IGV) al pollo, huevos, azúcar, pastas y pan en Perú, y que tuvo que ser observado por el Gobierno este último lunes tras errores del Congreso que habrían implicado un gasto de más de 3.800 millones de soles para el Estado peruano por la implementación de la norma.
Luego de que este martes la Comisión de Economía del Congreso aprobó el texto que envió el Ejecutivo, dos gremios empresariales han expresado preocupación por la redacción de una parte de la medida dirigida a los productores de alimentos; mientras que uno asegura que el precio del pollo y huevo a nivel nacional “no bajará” por el diseño que tiene esta iniciativa de ley.
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS SE PRONUNCIA
En una carta enviada hoy martes y dirigida a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, Ricardo Márquez, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señala que el gremio observa “con suma preocupación” el artículo 3 del proyecto de ley aprobado, que aborda el uso del crédito fiscal por parte de empresas productoras.
Este artículo indica que las empresas que elaboran los productos que se busca exonerar del IGV “podrán aplicar como crédito fiscal del IGV correspondiente a las adquisiciones y/o importaciones de los principales insumos requeridos en el proceso productivo de los bienes exonerados”. Estos insumos deben ser determinados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una vez se elabore el reglamento de la norma que aprobaría el Congreso.
La preocupación de la SNI, según Márquez, recae en que solo mantener la palabra “insumo” en el artículo de la norma llevaría a que la aplicación del crédito fiscal de las compras de las empresas sea parcial. Por ello, añade que el IGV que paguen los productores en la adquisición de materias primas, bienes intermedios e insumos iría al costo que las mismas asumen y no permitirá trasladar algún beneficio al consumidor.
De acuerdo a Márquez, las empresas “se encontrarían obligadas a trasladar dicho mayor costo al precio de sus productos finales, desvirtuándose de esta manera el efecto que se desea lograr en la reducción de los precios de bienes básicos de la canasta familiar”.
Al mismo tiempo, la SNI solicitó que se elimine del artículo 3 la palabra “principales” porque ello significa que no todos los bienes adquiridos entrarían en el cálculo para la aplicación del crédito fiscal.
Formalmente la SNI sugirió en el documento que se agregue en el artículo 3 de la propuesta de norma las palabras “materias primas, bienes intermedios y servicios” además de la palabra “insumos”, que ya ha sido considerada.
APA: PRECIO DEL POLLO Y HUEVO EN PERÚ NO BAJARÁ
En paralelo se encuentra el pronunciamiento de la Asociación Peruana de Avicultura (APA). En una carta enviada el último lunes y dirigida a la presidenta del Congreso, el ministro de Economía, Oscar Graham, y otros funcionarios, Julio Favre, presidente del gremio de avícolas, señala que la asociación debe manifestar su “mayor preocupación” porque consideran que el plazo de tres meses para la presentación de la solicitud de devolución del ´crédito fiscal es “excesivo”.
Favre remarca que a esos tres meses se le debe sumar “el plazo para la devolución (del IGV), el cual llevará a obtener el reintegro efectivo del IGV en cuatro o cinco meses después de haberlo pagado, al realizar nuestras compras”. Añade que ello significaría un costo financiero “inmanejable” para las empresas del rubro que llevaría a obtener un resultado contrario al esperado, que es la reducción de precios.
“Estimamos que el plazo efectivo para obtener el reintegro debe ser mensual, el mismo que debe alcanzar a todos los productos, insumos y servicios usados en el proceso productivo”, anota la carta.
En esa línea, en un comunicado de prensa enviado este martes la APA advierte que la exoneración del IGV que se busca aprobar “no tendrá como resultado la disminución del precio del pollo a las amas de casa y que inclusive podría hasta subirlo”.
Al igual que la SNI, la APA critica que el texto de la propuesta de norma no contemple devolución del IGV que se paga en los insumos, materias primas, bienes intermedios y servicios usados en su producción, “por lo que este monto se convertirá en costo y afectará el precio final de estos alimentos, causando el efecto contrario al que se busca”.
“La norma que se está evaluando actualmente en el Congreso de la República, por propuesta del Ejecutivo, solo considera, como crédito fiscal, a los principales insumos, lo que hará que los otros insumos y servicios que pueden alcanzar el 40% del valor vayan al costo (de los productos finales)”, explica el comunicado de la APA.
Por otro lado, Favre alerta que la norma “tal cual está planteada” no cumplirá con reducir los precios al público si no se incluye en la exoneración al pollo vivo, que es el 90% del pollo que se consume en el país “y que esencialmente se vende en los mercados y paraditas”.
“La norma increíblemente favorece al importador de pollo congelado, es decir al que vende a través de supermercados” apunta el ejecutivo.
De otro lado la APA insiste con que se dé la posibilidad de que haya reintegro tributario, algo que el gremio ya había sugerido que se incluya en el texto anterior que fue aprobado por el Congreso de la República. Se plantea, en esa línea, que el reintegro se brinde en caso de que el IGV pagado en las compras no pueda aplicase como crédito fiscal.
“Todo esto haría que la medida no logre el resultado que se busca, al subir el costo, reducir la liquidez, afectar la producción y por ende el precio”, remarca Favre.
UN EFECTO GRADUAL EN LOS PRECIOS EN PERÚ, SEGÚN LA APA
Por otro lado la APA señala que si se implementa de forma adecuada la norma de exoneración del IGV “con las mejoras indicadas” el efecto en el precio del pollo y el huevo será gradual y en el tiempo. “Es un mercado que se rige por la oferta y la demanda; y parte del valor agregado en el proceso de beneficio del pollo se da en los mercados de abasto donde, en la práctica, no se aplica el IGV”, resalta el gremio avícola.
El Presidente de la APA culminó sus críticas al proyecto lamentando que ni el Ejecutivo ni el Congreso hayan convocado a su gremio para poder dar aportes a la norma “y evitar que con la aplicación de esta se produzca el efecto contrario al que se busca, en perjuicio de los hogares peruanos”.
“El éxito de una normativa como la de este proyecto radicará en que se realice un preciso análisis técnico que cuenta con la participación de todos los actores públicos y privados, con la celeridad que requiere la situación, pero cuidando con rigor que se proceda adecuadamente”, puntualiza en la carta enviada al Parlamento.
LAS CARTAS ENVIADAS POR LOS GREMIOS EMPRESARIALES AL CONGRESO:
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