QUITO — La liberación del expresidente Jorge Glas ha despertado una confrontación política en el Ecuador. Desde varios frentes acusan al Gobierno de Guillermo Lasso de haber pactado con el correísmo para facilitar la salida de Glas de la cárcel. Y aunque el Ejecutivo y sus funcionarios lo niegan, las coincidencias políticas extrañan a más de uno.
“El Gobierno del presidente Lasso no tiene ningún acuerdo de ninguna naturaleza con el correísmo y no hay evidencia que justifique una afirmación en contrario. No es justo que se especule de tal forma creando un ambiente de especulaciones”, dijo el consejero presidencial Diego Ordóñez durante un debate respecto al habeas corpus concedido a Glas, quien fue binomio presidencial de Rafael Correa (2013-2017) y de Lenín Moreno (2017-2021).
Glas tiene dos sentencias ejecutoriadas por los delitos de asociación ilícita y cohecho relacionados con casos de corrupción. Además, existe una tercera sentencia que está próxima a quedar en firme por peculado. Durante sus vicepresidencias, Glas estuvo a cargo de los sectores estratégicos del país: petróleo, minería, energía, telecomunicaciones... áreas donde se han revelado los más graves casos de corrupción.
LA IDEA DEL PACTO
¿Pero por qué existe en el ambiente la idea de que el exvicepresidente fue liberado por un pacto entre el Gobierno y el correísmo? Mucho se explica por el timing, pues hace pocos días Lasso hizo cambios importantes en su gabinete, ubicando a Francisco Jiménez en el ministerio de Gobierno. A él le encargó recuperar la gobernabilidad, tan venida a menos por la tensa relación con la Asamblea Nacional.
Quienes critican lo ocurrido creen que el correísmo condicionó su apoyo dentro del Legislativo a cambio de la salida de Glas. En el parlamento, los correístas suman 48 voluntades y podrían viabilizar varios proyectos presidenciales que han sido bloqueados. Pero de ser el caso, se estaría asumiendo que el presidente de la República tiene injerencia en la justicia, lo cual es condenable en cualquier Estado de Derecho.
De allí que los voceros del oficialismo rechazan tal afirmación. “¿Qué recibe el Gobierno a cambio de la liberación de Glas? Nada”, insiste Ordóñez. A la par, Jiménez ha anunciado que el Ejecutivo apelará la decisión por la vía legal. “Este Gobierno rechaza categóricamente la decisión del juez en el caso Glas y por eso dimos inmediatamente la disposición al SNAI para que interponga los recursos jurídicos correspondientes y que la justicia actúe también en el ámbito de sus competencias”, manifestó en un breve mensaje a la opinión pública.
“Con la corrupción no se transa, con la justicia no se juega y es indignante ver cómo jueces utilizan el recursos de habeas corpus para favorecer a todo tipo de delincuentes”, añadió en torno a la decisión constitucional que favoreció al exvicepresidente.
LAS COINCIDENCIAS QUE EXTRAÑAN
¿Pero es posible que el Gobierno de Lasso desconociera por completo lo que estaba sucediendo con Glas? La exministra de Gobierno María Paula Romo cree que no. “Siempre se reciben las alertas respectivas, para precisamente tomar acciones tempranas y reaccionar ante cualquier intento de este tipo”, señaló en un debate sobre el tema. Es decir, según Romo, las autoridades sí tenían conocimiento de la petición de Glas y podían haber actuado de otra manera para frenar su excarcelación.
El problema que enfrenta ahora la administración de Lasso, como reflexiona el politólogo Santiago Basabe, es que “no se le puede pedir al ciudadano común que deje de atar estos hechos entre sí, porque si le pedimos que lo haga es asumir que la gente no tiene sentido común”.
Y aunque quizás es cierto que el Gobierno no tiene un acuerdo o pacto político, “el problema desafortunadamente es que los hechos son tan claros que pedirle a la ciudadanía que no piense eso va a ser una tarea muy difícil para el Gobierno”, opina Basabe.
Así, el reto que enfrenta Lasso es quitar del imaginario ciudadano la idea de que detrás de la liberación de un exfuncionario sentenciado por corrupción no existe ningún tipo de alianza con el correísmo.
Pero para Romo existe otro tema importante y tiene que ver con el discurso, pues el relato del correísmo al momento “es que Glas está libre, es lo que pretenden hacernos creer y eso no es cierto. Glas no ha sido declarado inocente, pesan sobre él tres sentencias y en este momento por una triquiñuela legal le han dado estas medidas alternativas a su prisión, pero su sentencia está en firme”.
Al respecto, el propio Rafael Correa posicionó en las redes sociales el hashtag #JorgeEsUnHéroe. “Empieza a desmoronarse tanta injusticia. Cuatro años y medio de tu vida los dejaste ahí, Jorge, por tu patria, por la Revolución, por trabajar día y noche por tu Ecuador. Eres un ejemplo para todos nosotros. ¡Hasta la victoria siempre!”, fue uno de los primeros tuits de Correa.
Después incluso se transmitió en vivo el momento en que Glas abandonó la prisión y luego la caravana que lo fue acompañando hasta llegar a Guayaquil.
En medio de la espectacularidad, las acusaciones no paran. El Partido Social Cristiano emitió un comunicado acusando al oficialismo de pactar con Correa, y enseguida el oficialismo colgó un texto similar diciendo que, en realidad, el pacto ocurre entre los socialcristianos y el correísmo.
EL TEMA JURÍDICO
Mientras los señalamientos avanzan, desde el lado jurídico consideran que el tema no quedará allí. Para la penalista María Paulina Araujo, “el habeas corpus tiene vicios por donde lo vean, incluso en lo formal: en cómo se da, dónde se lo propone, ni siquiera existe una constancia de los argumentos”.
Según el artículo 44 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, este tipo de recursos se debe presentar ante el juez del lugar donde se encuentra privado de la libertad y la provincia de Santa Elena –donde se dio la decisión- está en una jurisdicción diferente a la cárcel de Latacunga, donde permanecía Glas desde inicios de 2018.
La primera sentencia llegó el 13 de diciembre de 2017, cuando cumplía su segundo periodo vicepresidencial, por el delito de asociación ilícita en el caso Obebrecht. La investigación arrojó que la compañía brasilera entregó coimas a funcionarios públicos entre los años 2007 y 2016.
El 7 de abril de 2020, en cambio, recibió la segunda sentencia por el caso Sobornos, que evidenció una trama de entrega de contratos a empresas a cambio de dinero para financiar las campañas políticas del entonces movimiento Alianza PAIS, al que pertenecía Glas.
Pero el 25 de enero de 2021 recibió una tercera sentencia por peculado. Allí la justicia lo condenó a ocho años de prisión. Sin embargo, esta última no está ejecutoriada.
Aunque el exvicepresidente ya había presentado en tres ocasiones recursos para apurar su libertad, estos le habían sido negados. En esta ocasión, la defensa argumentó que Glas se encuentra en un estado de salud delicado, que existe un riesgo contra su integridad física y psicológica y que ha cumplido con el porcentaje legal para acogerse a la prelibertad.
Glas tiene prohibición para abandonar el país y debe presentarse ante la justicia el primer lunes de cada mes.
