QUITO — Luego de que un juez de la provincia de Santa Elena (este del país) le concediera el habeas corpus solicitado por su defensa, el exvicepresidente Jorge Glas abandonó el centro de detención de la Latacunga, donde cumplía dos sentencias ejecutoriadas de seis y ocho años por asociación ilícita y cohecho, respectivamente.
Glas fue binomio del exmandatario Rafael Correa -también sentenciado por la justicia y hoy prófugo- y del expresidente Lenín Moreno, que gobernó entre 2017 y 2021.
La primera sentencia llegó el 13 de diciembre de 2017, cuando cumplía su segundo periodo vicepresidencial, por el delito de asociación ilícita en el caso Obebrecht. La investigación arrojó que la compañía brasilera entregó coimas a funcionarios públicos entre los años 2007 y 2016.
El 7 de abril de 2020, en cambio, recibió la segunda sentencia por el caso Sobornos, que evidenció una trama de entrega de contratos a empresas a cambio de dinero para financiar las campañas políticas del entonces movimiento Alianza PAIS, al que pertenecía Glas.
Pero el 25 de enero de 2021 recibió una tercera sentencia por peculado. Allí la justicia lo condenó a ocho años de prisión. Sin embargo, esta última no está ejecutoriada.
GOBIERNO APELARÁ LA DECISIÓN
Aunque el exvicepresidente ya había presentado en varias ocasiones recursos para apurar su libertad, estos le habían sido negados, hasta ayer. La defensa argumentó que Glas se encuentra en un estado de salud delicado, que existe un riesgo contra su integridad física y psicológica y que ha cumplido con el porcentaje legal para acogerse a la prelibertad.
Tras haber abandonado la cárcel, a las 11:25 de hoy, medios de comunicación reportaron que se dirigirá a Guayaquil, donde residía antes de su aprehensión. Sin embargo, tiene prohibición para abandonar el país y debe presentarse ante la justicia el primer lunes de cada mes.
Tras conocer la decisión, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso anunció que la apelará. En un escueto comunicado dijo que “por orden de la Presidencia de la República y del Ministerio de Gobierno, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) apelará la decisión del juez de Manglaralto”.
De su lado, el ministro del Interior, Francisco Jiménez, solicitó directamente al SNAI agotar “todos los mecanismos de impugnación de sentencia que sean pertinentes conforme el régimen jurídico aplicable”.
¿ES O NO LEGAL LA LIBERACIÓN?
El debate no se ha hecho esperar en torno a la validez de la decisión judicial, pues según el artículo 44 numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional este tipo de recursos “se presenta ante el Juez del lugar donde se encuentra privado de la libertad”. Y la provincia de Santa Elena está en una jurisdicción diferente a la cárcel de Latacunga.
“El habeas corpus debe presentarse ante juez del lugar donde se presuma que está privado de libertad o ante el del domicilio, si se desconoce el lugar. En ningún caso en Manglaralto”, escribió el abogado Ramiro García en su cuenta de Twitter. Otros juristas, en cambio, defienden la medida.
