Bloomberg Línea — El titular de la Defensoría del Pueblo, Walter Gutiérrez, instó este sábado a Pedro Castillo a renunciar a la Presidencia del Perú en un hecho inédito en cuanto a este tipo de solicitudes por parte del organismo autónomo.
“La Defensora del Pueblo le demanda realice un acto responsable con el país, procediendo a renunciar a su cargo para comenzar un curso de salida frente a esta grave crisis”, señaló Gutiérrez a través de un comunicado.
El defensor puntualizó que desde un punto de vista histórico y constitucional, “la renuncia ha sido una forma de solución a la que han acudido exmandatarios cuando han advertido la gravedad de la crisis y comprendido que ellos mismos eran un obstáculo”.
Como garantes de los derechos fundamentales y supervisores de los deberes de la administración -afirmó Gutiérrez- se describió, en el documento, una serie de causas por las que se pidió la renuncia del actual presidente.
Se extiende la mención de un “grave y acelerado deterioro de la administración”, así como “evidentes retrocesos en políticas, producto de acciones y omisiones, que se expresan, entre otros, en el nombramiento de altos funcionarios que no resultan idóneas para dichos cargos”.
En los poco más de ocho meses de su gobierno, Castillo ha sido sujeto de dos mociones de vacancia presidencial desde el Congreso, una figura que permite al Parlamento destituir al presidente en ese país. A ello se suma hasta cuatro gabinetes ministeriales que Castillo ha nombrado, y la constante salida de ministros de Estado en medio del caos político y social.
Entre otra de las situaciones que el abogado peruano critica es el incumplimiento del combate contra la corrupción y en lo que tiene que ver con los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.
Estado de emergencia e inmovilización
Asimismo, destaca la “inconstitucional medida de restricción de libertades y derechos de once millones de peruanos y peruanas, en la que se instrumentaliza la declaratoria del estado de emergencia para evitar atender un conflicto que debió ser solucionado desde un inicio a través del diálogo”.
Gutiérrez afirmó que “hasta el día de hoy no ha rendido usted cuenta al Congreso” luego del anuncio realizado la semana pasada.
El 4 de abril, cerca a la medianoche, Castillo dio un anuncio sorpresivo: además del estado de emergencia decretado por los disturbios y la violencia que se incrementó con las protestas de transportistas y agricultores en diversos puntos del país, el gobierno decidió decretar la inmovilización social obligatoria solo en Lima y Callao.
Estos puntos, curiosamente, no concentraban los reclamos de la ciudadanía en los últimos días a raíz del incremento de precios de combustibles, alimentos, fertilizantes, entre otros insumos, y la explicación detrás de esta decisión fue escueta: ministros de Estado aseguraron que hubo una alerta de inteligencia sobre posibles saqueos que se darían en la capital peruana el martes 5 de abril.
La agencia crediticia Moody’s, con sede en Nueva York, le dijo a Bloomberg Línea que este anuncio demostró una improvisación total por parte del gobierno, que nuevamente dio más ejemplos del descontrol que tienen sobre el diseño de las políticas públicas y sobre la comunicación.
Previamente había señalado que considera que “es poco probable que Castillo termine su mandato y, que será destituido o renunciará. También esperamos que el marco de política macroeconómica ortodoxa de Perú siga respaldando la solvencia del país”.
La agencia S&P Global Ratings, que recientemente rebajó la calificación crediticia de Perú, coincidió en que un escenario de este tipo no puede descartarse.
Según una encuesta de la consultora Datum Internacional, el 76% de la población rechaza la labor del mandatario y tan solo el 19% la aprueba. En tanto, el 5% de los consultados respondió que “no sabe”.
Con información de Paola Villar*
