Bogotá — La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del registrador nacional de Colombia, Alexander Vega Rocha, luego del escándalo desatado por las presuntas irregularidades en el conteo de votos durante las elecciones al Congreso y las consultas internas del pasado 13 de marzo.
El Ministerio Público informó que ha evaluado más de 400 quejas y denuncias por presuntas irregularidades en el proceso electoral y determinó iniciar 33 actuaciones disciplinarias.
Estas actuaciones se centrarán en las presuntas irregularidades de los jurados de votación, errores en inscripción de cédulas, compra de votos, constreñimiento al elector y anomalías en los puestos de votación, entre otros.
En marzo, la Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió sobre comportamientos “claramente atípicos” en el número de mesas que no recibieron votación alguna por la coalición de izquierda Pacto Histórico, liderada por Gustavo Petro.
Las inconsistencias en el proceso electoral, indicó, van desde un diligenciamiento inadecuado de las casillas de los formularios hasta sumas incorrectas de los votos depositados y errores en la captura de los mismos en el sistema de preconteo.
La procuradora Margarita Cabello informó que con esta investigación se buscará determinar si el registrador pudo incurrir en faltas disciplinarias relacionadas con presuntas irregularidades en las elecciones y contratación estatal.
“Y una posible omisión en sus funciones en el control de las votaciones y en la capacitación de los jurados”, indicó.
La investigación también tratará de determinar si hubo extralimitación de sus funciones “al exigir identificación biométrica de los votantes, presuntamente en desconocimiento de las disposiciones legales que regulan la materia”.
Asimismo, se busca determinar si hubo irregularidades en la selección y contratación de Indra Sistemas S.A. “por la existencia de situaciones que comprometerían la transparencia de la selección y en el procedimiento de contratación de dicha empresa y ante un supuesto conflicto de intereses”.
De otra parte, Cabello indicó que la Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios por establecer de la Registraduría por las presuntas irregularidades que pudieron presentarse en el proceso de inscripciones de cédulas o traslado de los puestos de votación, entre otros.
La procuradora requirió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral para que se informe el plan estratégico completo para las próximas elecciones presidenciales en el término de 5 días.
Con esto, se busca de forma preventiva “eliminar o mitigar los riesgos o hechos como los que se presentaron el pasado 13 de marzo”.
La misión de observadores de la UE para las elecciones colombianas constató numerosos indicios de compra de votos en el marco de las elecciones legislativas y las consultas internas de tres coaliciones políticas en Colombia, según se informó a mediados de marzo.
“Presenciaron incluso algunos casos (de compra de votos), especialmente en la costa Atlántica y en los departamentos con mayor población vulnerable”, lamentó el jefe de la Misión de observadores de la UE para las elecciones colombianas, Javi López.
“Eso es algo que el país conoce, en tanto que hoy hay procesos judiciales abiertos por estas causas, y de hecho los legisladores recientemente incluyeron en su sistema penal delitos relacionados con la compra y venta de votos”, añadió.
El pasado 13 de marzo, tras la apertura de las votaciones, se generó una polémica por las fallas en la página de la Registraduría Nacional para consultar las mesas.
Asimismo, algunos votantes hicieron eco en las redes sociales de su molestia por los presuntos cambios en los puestos de votación.
Horas después, la Registraduría Nacional informó que pudo restablecer el servicio de la página de la entidad y de la aplicación InfoVotantes, a través de la cual las personas tienen a su alcance información de interés sobre este proceso electoral.
