San Pedro Sula — Autoridades hondureñas califican de afrenta al Estado las actividades de exploración y explotación de una filial minera de la multinacional Aura Minerals en un municipio al occidente del país.
Desde 1983, Honduras otorgó una concesión minera a Minerales de Occidente S.A. (Minosa), para la extracción de oro en la comunidad de San Andrés, ubicada en municipio La Unión, en Copán.
La explotación minera a cargo de la empresa extendió operaciones hacia la comunidad de Azacualpa, Copán, específicamente en el cementerio Maya Chortí, un grupo indígena de Honduras, lo cual ha generado conflictos entre los pobladores.
Según la Asociación de Organismos no Gubernamentales (Asonog), pese a que existe una sentencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que prohíbe la exhumación de cadáveres, excepto sí la Secretaría de Salud emite una licencia por cada cuerpo, el Juzgado de Letras de la Seccional de Santa Rosa de Copán autorizó las exhumaciones a Aura Minosa.
Para ello, agregó Asonog, la compañía procedió apoyada de un despliegue militar, “provocando intimidación a los defensores del medioambiente que no están de acuerdo con la exhumación de los cuerpos de sus familiares”.
Las denuncias de la comunidad recibieron un respaldo a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos (SEDH), quien en una visita a la zona constató “graves violaciones a derechos humanos” en la comunidad de Azacualpa, cometidas en el contexto de la actividad minera desarrollada por Aura Minosa.
Territorio libre de minería a cielo abierto
El 28 de febrero, el Gobierno emitió un comunicado declarando a Honduras libre de minería a cielo abierto, disponiendo una moratoria minera para la revisión de concesiones.
Sin embargo, el 11 de marzo, Lucky Medina, secretario de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), declaró que las grandes empresas mineras continuarán funcionando, bajo la estricta mirada estatal.
Para representantes de la Asonog, “esta declaración ha servido de amparo para que Aura Minosa siga comiendo abusos”, lo que llevó a que el 26 de marzo dinamitaran donde antes estaba el cementerio Maya Chortí.
“Veo que es una afrenta al Estado al hacer caso omiso a lo expresado por MiAmbiente con órdenes de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento de parar la explotación minera a cielos abiertos”, dijo Miguel Briceño, comisionado presidencial para la Reforestación Nacional y Medio Ambiente, en entrevista a Bloomberg Línea.
El funcionario recordó que la orden de la mandataria incluía proceder a la revisión total de las concesiones “y de inmediato suspender nuevas solicitudes y todas aquellas que se encuentren violando la ley”.
El 28 de marzo, MiAmbiente ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades que Aura Minosa está desarrollando en el área del proyecto conocido como Tajo La Buffa, hasta que cuente con el permiso emitido por el Instituto Hondureño de Geología y Minas.
Personas de la aldea han instado al Gobierno para que visiten la zona y verifiquen in situ lo que está pasando en esta comunidad y haga una investigación más profunda.
Respaldo del sector privado hondureño a la empresa minera
Esta semana, representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y la Asociación Nacional de Industriales (Andi) hicieron una visita a la comunidad de Azacualpa y alrededores, para reunirse con líderes y patronatos.
“Hemos constatado un cumplimiento real de la empresa con la responsabilidad social y ambiental, cumpliendo con las leyes y reglamentos vigentes en el país aplicables a la actividad minera”, dijo Gustavo Solórzano, gerente de Asesoría Legal del Cohep.
Para el representante del sector privado, “a razón del olvido que ha tenido el mismo Gobierno con las comunidades aledañas”, ha sido la empresa minera “la que ha tenido que cubrir proyectos sociales”.
Por su parte, la empresa Aura Minosa dijo a Bloomberg Línea que “el proceso del traslado del cementerio del antiguo San Andrés fue un proceso en donde se hizo la debida diligencia siguiendo el procedimiento establecido por la guía de las Naciones Unidas sobre la consulta y consentimiento libre previo e informado”.
Agregó que el proceso fue socializado con las comunidades, solicitado por más de 480 personas consultadas y ejecutado a través de una orden judicial.
La empresa minera añadió que el Gobierno ha aclarado la limitación a las operaciones a cielo abierto por parte de empresas mineras que no estén reguladas, “lo que se refiere a aquellas que no cumplan con la legislación y todos los requisitos y exigencias de los organismos ambientales. No es el caso de Aura”.
El año pasado, la exportación de minerales dejó US$293 millones, de los cuales US$163.8 millones fueron por la venta de oro, según el Banco Central de Honduras (BCH).
