Lima — El último lunes la agencia crediticia Moody’s, con sede en Nueva York, consideró que es poco probable que el presidente de Perú Pedro Castillo termine su mandato -hasta julio del 2026-, y señaló que no sería extraño un escenario en el que sea destituido o renuncie al cargo. Pero a pesar de este escenario que evidencia aun más la precariedad política del país, la agencia remarcó que esto no pondría presión sobre los fundamentos económicos peruanos: por el contrario, Jaime Reusche, vicepresidente senior de la firma, señala que se podría ver a una figura más moderada asumiendo la presidencia del país andino.
Bloomberg Línea conversó con el ejecutivo sobre este reciente reporte (puede revisarlo aquí), las perspectivas de la agencia sobre Perú y el último evento de confinamiento en Lima y Callao, que ha significado un impacto millonario para la capital peruana.
¿Bajo qué contexto no verían una presión más fuerte o negativa para la economía peruana en caso se dé una vacancia presidencial contra Pedro Castillo, o una renuncia a la presidencia por parte del actual mandatario?
Ya se sabía de la polarización política que viene ya de varios años atrás, y por supuesto el país ha tenido momentos de inestabilidad bastante marcada, incluso si recordamos en noviembre del 2020 cuando hubo las protestas para sacar al entonces presidente Manuel Merino tras la vacancia del presidente Vizcarra; y luego la transición al presidente Francisco Sagasti. La inestabilidad de ahora es un poco más de lo mismo, aunque con las diferencias del caso. El escenario actual o la potencial destitución pesa sobre la calificación crediticia peruana, pero en realidad no genera suficiente preocupación como para cambiar la calificación o la perspectiva en este momento. Eso es debido a que todavía se mantienen los fundamentos económicos fiscales bastante sólidos, que no se destruyen de manera instantánea. Hay siempre un proceso en el cual poco a poco se van socavando los fundamentos de la economía o fundamentos fiscales y no estamos en ese punto, pero sí vemos con preocupación lo que pueda pasar a futuro.
¿Y eso dependería también de qué fuerza política llegue al poder o si en un escenario de elecciones generales se recompone el Congreso? ¿Qué tanto pesa el Poder Legislativo?
Hemos visto esta confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo desde varios años atrás. Antes era sobre todo el Legislativo (que instigaba la confrontación) y ahora claramente el elemento desestabilizador parece ser más el Gobierno con los vaivenes en políticas públicas, la falta de claridad, la falta de liderazgo y el desgobierno en general que se vive; y es así que el Ejecutivo instiga esta confrontación con el Congreso, donde es el Congreso el que ha jugado un rol de de candado institucional ante muchas de las iniciativas que han podido desestabilizar más la economía o la parte fiscal del país.
Al mismo tiempo el Congreso también ha sido proclive a adoptar algunas medidas que generan ruido en la parte económica y en la parte fiscal, como algunas medidas populistas, pero no tanto como el Congreso anterior (del 2020-2021). En ese sentido, me imagino que la polarización va a continuar (en un escenario de elecciones generales) pero existe la posibilidad de que si el presidente renuncia o es vacado llegue un gobierno un poco más moderado al poder. Existe esa posibilidad y puede que la comunidad empresarial empiece a sentir de que ya no hay inestabilidad en cuanto a cambios de Gabinete Ministerial, en cuanto a vaivenes de política públicas y en general que ya no se da esa falta de de norte político que tiene el país.
Uno de los puntos que también destaca en el último informe que hicieron es la crítica al deterioro de la calidad de la administración pública. Otras agencias ya han hecho la advertencia, y resaltan que es algo que viene de algunos años atrás. ¿Qué tanto perciben que el deterioro se ha dado con más fuerza durante el gobierno de Pedro Castillo y cuánto incide en cómo se percibe al país a nivel internacional?
Se veía un comienzo de esto durante el gobierno de Martín Vizcarra pero se ha acentuado ahora y claramente es mucho más marcado durante el gobierno del presidente Castillo. Vemos muchos más nombramientos políticos; gente no capacitada que está entrando al servicio civil y que va a ser muy difícil de corregir a futuro. Ya de por sí la economía y el servicio civil del país tenía un problema para generar productividad y esto vemos que va a ser aún más marcado a futuro. Esto va a limitar la capacidad del sector privado de invertir. La tramitología de la que siempre se ha estado quejando el sector privado se va a acrecentar bastante más. Esa es una preocupación en cuanto a cómo funciona la economía, pero también cómo afecta la calidad de los ciudadanos en el día a día por el hecho de que va a haber más parálisis cuando se trate con el sector público.
“Existe la posibilidad de que si el presidente renuncia o es vacado llegue un gobierno un poco más moderado al poder”.
La crisis actual de protestas y bloqueo de vías en el Perú se prolonga hasta ahora. Si bien se han dado medidas de alivio para transportistas y promesas hacia agricultores, el presidente Castillo no llegó a dirigirse a Junín que era donde pedían su presencia la semana pasada. ¿Cómo ve esta situación?
Claramente hay una falta de diálogo y falta de liderazgo por parte del gobierno. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) está limitado en cuanto a las medidas que puede tomar si es que no hay voluntad o decisión política. El MEF trató de sacar una medida paliativa, pero que en realidad mitiga muy poco del efecto del incremento en el precio de los combustibles. Creo que al interior del MEF se tenía la idea de que había otros mecanismos o herramientas que se podían diseñar de mejor manera si es que se hubiese considerado el problema con mayor anticipación por parte del Ejecutivo, y ahí la Presidencia del Consejo de Ministros ha fallado un poco en reconocer que esto podría generar significativo malestar en la población. Nuevamente dan señales de la falta de capacidad que tiene el gobierno para adelantarse a los problemas que tiene el país y enfrentarlos. Efectivamente los precios de los combustibles y los alimentos están aumentando también en otros países de la región y el mundo, pero las medidas que se están diseñando se hacen manera muy cuidadosa y con un diálogo y comunicación más efectiva en otros lugares. En Perú, el gobierno no ha estado a la altura del reto.
¿Y se ha potenciado este escenario del gobierno como un elemento desestabilizador para la economía y para el manejo público?
Sí lo vemos como un impedimento importante para la actividad del país. Creemos que el potencial de crecimiento de la economía sigue por encima de 3%, ligeramente por encima, pero la coyuntura política lo limita y a raíz de eso es que tenemos esta proyección de crecimiento de 2,5% para este año que responde a una contracción de la inversión privada. El Banco Central de Reserva (BCR) si tiene que la invasión privada tendrá un crecimiento de 0%; nosotros sí la vemos contrayéndose, justamente a raíz de estos mensajes cruzados y estos vaivenes de políticas públicas que tiene el gobierno.
En el último reporte de inflación, sin embargo, el BCR dijo que hay un sesgo al alza en el crecimiento económico de Perú esperado para este 2022. ¿Coinciden con esto, o la crisis actual y los conflictos que impactan a otras operaciones del país como Cuajone, mina paralizada hace más de 30 días, podría cambiar la perspectiva?
Debería darse ese sesgo al alza, pero no lo tenemos. Vemos que el balance de riesgos es neutro en cuanto a nuestra proyección de crecimiento de 2,5% porque hay riesgos a la baja como lo que estamos viendo en estos días en cuanto a las protestas y a la incertidumbre política que ha sido una constante, pero que ahora es mucho más marcada. El sesgo al alza en realidad es por el aumento de los precios de las materias primas que debería traducirse en mayor inversión. Si está paralizado el motor principal de la economía y no hay mucha voluntad de invertir en grandes proyectos mineros, que es lo que deberíamos de estar viendo en ese momento, entonces es difícil que los sesgos al alza se manifiesten para nuestra economía a despecho del buen empuje que hay por el lado externo a raíz del alza de las materias primas.
Aunque el Perú cerró el año pasado con un déficit fiscal más bajo al esperado por el significativo incremento de ingresos, hoy vemos más demandas por gasto y anuncios del gobierno que le costarán millones de soles al Tesoro Público. Es el caso de las medidas de exoneración temporal de ISC de combustibles y lo que se propone para exonerar del IGV a productos alimenticios de la canasta básica hasta por tres meses, ante las demandas de la población estos últimos días. ¿Qué riesgo ven por estas medidas para el país? ¿Podría ser difícil luego que esos impuestos retornen a la normalidad?
Cuando uno quiere subsidiar los combustibles o los alimentos, típicamente se hace focalizando el subsidio. Pero no se tiene la capacidad en este caso, porque se ha reaccionado muy tarde. Estas medidas para desgravar los combustibles mitigan muy poco el aumento de precios; son regresivas en el sentido de que son indiscriminadas, pues pueden beneficiar tanto a la gente que puede absorber el costo como a los que no pueden en lugar de ser focalizado y asegurar la entrega de la ayuda a las personas que más lo necesitan. Y es cierto que pueden tener un costo más permanente de lo que se prevé porque una vez se generan exoneraciones, va a ser difícil volver a instalar el impuesto porque siempre habrá resistencia.
La gente se malacostumbra a no pagar los impuestos. No tenemos una cultura tributaria en el Perú. Por eso tal vez el mecanismo que se está utilizando para generar este subsidio no es el correcto en este momento y tiene ciertos riesgos fiscales.
¿Han visto que en algún otro país se apliquen mecanismos que quizás podrían funcionar en el Perú?
Es más difícil focalizar los subsidios que funcionan en otros lugares porque requieren mayor inteligencia e información, y tener un registro efectivo.
Que ahora Perú no tiene.
Exactamente. Este gobierno debió empezar a mejorar muchos de los mecanismos que se generaron con el pago de bonos durante la pandemia, ya que se dieron una gran cantidad de bonos que han podido servir para generar inteligencia financiera y económica y para entender dónde focalizar los subsidios a futuro. Los mecanismos que tenemos para la entrega de estos subsidios actualmente son subóptimos. Los mismos bonos cuando se anuncian desde el gobierno se demoran mucho en llegar al destinatario final y ahí se trata de falta de intermediación financiera y de mecanismos que que se han podido estar diseñando con más tiempo. Eso no se hizo y es algo sobre lo que el MEF está muy consciente. La cartera de Economía quiso tratar de empezar algún programa de focalización de subsidios, pero no hubo voluntad política para hacerlo. Ahí es donde el gobierno le está haciendo daño a las cuentas fiscales peruanas, y no está utilizando sus herramientas de manera debida para ayudar a la población.
¿Considera que hubo una reacción tardía del gobierno con respecto a este incremento de precios que ha afectado a diversos sectores de la población?
Ha reaccionado tarde en cuanto al diseño de los mecanismos que iba a utilizar para subsidiar parte del efecto de la guerra de Rusia con Ucrania. En otros casos tal vez se han demorado en implementar los subsidios pero porque han estado diseñando los mecanismos apropiados para focalizarlos. Han sido pocos los casos de Latinoamérica donde vemos que los subsidios han sido focalizados de manera efectiva, pero típicamente son los países que tienen mejor manejo de políticas públicas y económicas. El Perú debería estar entre esos y antiguamente lo estaba, pero en este caso se ve la falta de liderazgo; y sobre todo de liderazgo político.
Esa falta de liderazgo político parece haber resaltado ayer martes con el toque de queda decretado de forma repentina en Lima y Callao. ¿Cómo ven esta situación desde Moody’s?
(El confinamiento) demostró improvisación total por parte del gobierno, que nuevamente da más ejemplos del descontrol que tienen sobre el diseño de las políticas públicas y sobre la comunicación. No hay una buena articulación de las medidas que se quiere tomar y no se entiende porqué se toman las medidas; son vaivenes que son constantes porque hacia finales del día se retiró el toque de queda cuando el decreto decía que era hasta las 11:59 de la noche...
Y nunca salió la norma que oficializó lo que el presidente anunció, que la inmovilización terminaba.
Tal cual. Eso habla de este descontrol y desorganización que tiene el gobierno. Ojalá el ciudadano entienda que todas estas medidas que adopta el gobierno tienen consecuencias y costos muy reales para ellos y por eso hay que tratar de escoger mejor a los políticos, porque claramente cuando hay mucha improvisación se generan costos reales para el ciudadano de a pie.
¿Hay mucho riesgo para el Tesoro Público por el costo que implicaría medidas como la exoneración del ISC de combustibles y el IGV a alimentos?
Está casi al límite de lo que puede absorber el Tesoro Público. Ya de por sí se iba a hacer una contribución al Fondo de Estabilización Precios de Combustibles (FEPC), lo cual te ayuda a mitigar un incremento radical en el precio de los combustibles, pero al mismo tiempo desgravar los combustibles y algunos alimentos si puede que genere costos fiscales importantes sin mucho efecto sobre el precio final (que asumen los consumidores). A final de cuentas el IGV es 18%, el ISC es un porcentaje incluso menor y en efecto el impacto es relativamente modesto sobre el precio de estos insumos. En parte, el efecto sobre las cuentas fiscales de Perú es tolerable por el hecho de que vemos que la inversión pública se ha estado cayendo; y eso es producto de todos estos recambios de gabinetes y de servidores públicos que hemos visto en los últimos meses.
¿Hay espacio fiscal?
Sí lo hay pero la razón no es de las más saludable. No es óptimo el equilibrio que se está generando pero es tolerable por el momento. Aquí de casualidad salió una medida que no afecta el equilibrio fiscal en sobremanera; si lo afecta, pero es absorbible. Sin embargo, es absorbible solo porque se está cayendo la invasión pública y eso no es un equilibrio óptimo.
En el Congreso hay propuestas también de exoneración del ISC a más combustibles de los que planteó el gobierno y una similar a la del MEF sobre la exoneración del IGV a alimentos, que regiría hasta diciembre si se aprueba. También se suman propuestas de retiro de fondos de AFP por la pandemia. ¿Cómo contrastan estos planteamientos con esa visión que se tiene de un Parlamento menos antitécnico? ¿No es muy similar a lo que planteaba el Congreso anterior?
Justamente el problema es que son medidas que no están siendo consultadas con el Ministerio de Economía ni con los entes o las autoridades económicas que pueden diseñar y articular mejor una medida, con el objetivo de que beneficie a la población y tenga menor impacto fiscal. Son medidas un poco desesperadas pero se entiende que la desesperación nace de la falta de liderazgo que hay en el gobierno. Si el Congreso quiere reaccionar, no está reaccionando de la mejor forma. Está reaccionando con medidas antitécnicas. Tenemos nuevamente un desorden y va a ser muy difícil entender cómo entran todas estas variables en el equilibrio que vamos a tener hacia final de año junto a lo económico, lo fiscal y lo político. Aquí es donde urge mucho apoyarse sobre las entidades técnicas para diseñar mecanismos que sean sostenibles y no improvisados, por más que exista esta desesperación. En estos casos el Legislativo no está ayudando mucho al caso, sino que genera mayor desorden al tratar de ayudar.
Se imponen propuestas en el Congreso que implicarían mayor gasto en un contexto aún complicado para el país.
Sí, y si hay una lección en todo esto es que claramente con las variables fiscales y el manejo fiscal del país no se puede jugar. Deberíamos apoyarnos más en nuestros técnicos que en nuestros políticos, y los políticos deberían concientizarse más en ese sentido. Sino, tenemos el descontrol que hay en este momento.
Se han dado diversos cambios gerenciales en Petroperú en medio de la crisis que sufrió la empresa por los downgrades a los que fue sometida, debido a que no llegará a presentar su auditoría financiera a tiempo. ¿Ve un escenario más óptimo con los cambios que la estatal ha hecho?
Estamos viendo que se corrige el error de los nombramientos políticos que efectivamente tuvieron un costo muy real, y ahora se está tratando de corregir con un directorio más técnico y con una una administración bastante más robusta. Pero el daño ya está hecho. Estamos a la espera de lo que digan los bonistas de la empresa estatal. Para que veamos en realidad los costos verdaderos que generan los nombramientos políticos, la improvisación y el desgobierno, se debe tener en cuenta que Petroperú va a tener que pagar US$8 millones a los bancos de inversión para este proceso de consultar a los bonistas (por un plazo más largo para presentar la auditoría). Ese es el precio más directo de tener que hacer estos cambios y corregir los problemas que generaron los nombramientos políticos. Más allá de eso habrá otros costos tanto financieros como reputacionales para Petroperú a raíz de este descontrol. Nuevamente hay evidencia que el ciudadano debe considerar sobre que se generan costos muy reales y malgasto de recursos que se pueden usar de mucha mejor manera. Se están corrigiendo (los problemas) pero estamos a espera a ver qué dicen los bonistas, para que esto no pase a más.
¿De qué otro tipo de costos estamos hablando?
Por el lado de la calificación los costos no son directos e inmediatos porque ya cuando veíamos que había esta cercanía entre el gobierno y Petroperú, empezamos a contabilizar la deuda de la estatal y las otras empresas públicas como deuda del gobierno. Veíamos que existía la posibilidad de pasivos contingentes, como los que estamos viendo ahora. Si el gobierno llega a absorber esa deuda de Petroperú obviamente no es un equilibrio óptimo, pero generaría un costo fiscal inmediato en el que se tendría que responder con otra deuda. Desde ese punto de vista la calificación no se afecta porque ya lo teníamos contabilizado, pero desde el punto de vista reputacional si genera costos donde se socaba un poco la credibilidad del país y de las empresas públicas. Nuevamente todo es producto de nombramientos políticos y escándalos de corrupción.
¿La entrada de operación de la Refinería de Talara que se daría este 12 de abril podría ser beneficiosa para el país en medio del alza de precios de combustibles? ¿Cómo ve este evento?
Eso está por verse porque en realidad no tenemos idea de cuál va a ser el precio de equilibrio al cual puede producir y refinar combustible Talara. Va a depender de los costos de los insumos y del petróleo que se utiliza para refinar. La entrada en funcionamiento creo que va a ser gradual, no puede ser de golpe que uno empieza a refinar al 100% de la capacidad. Tiene que ser un proceso gradual para que no haya problemas o defectos en la operación de la refinería.
¿Puede mitigar, en todo caso?
Creo que va a ser muy poco. El efecto de de la reducción del IGV o del ISC podría ser incluso mayor, pero todo está por verse porque todavía no tenemos cifras fehacientes de cuál es la eficiencia operativa de la refinería; o cuál es la verdadera capacidad de producción para este año; y si es que efectivamente va a estar lista para el 12 de abril, que esperemos que si lo esté. Va a ser un alivio por fin terminar esa refinería que ha generado tantos costos.
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