QUITO — “Allá a la Asamblea Nacional, yo no soy quién para decir si ella debe o no continuar en su cargo”. Con esa frase, el presidente Guillermo Lasso definió su postura frente a la crisis que atraviesa el Legislativo ecuatoriano y que hoy enfrenta un nuevo problema: el intento de la presidenta Guadalupe Llori de aferrarse al cargo y la presión de las bancadas políticas de evaluarla.
A decir del mandatario, lo que ocurre al momento en el parlamento “es solo de responsabilidad de todos los asambleístas, absolutamente de todos” y “lo que pase en ese hemiciclo es problema de ellos, allá que lo resuelvan”, dijo durante una entrevista este martes 5 de abril.
“Yo no quiero ni opinar, que ellos resuelvan lo que debe suceder en la Asamblea Nacional”, al tiempo de advertir que si los legisladores tienen interés de contactarse con el Ejecutivo “ahí está el ministro de Gobierno”.
La semana pasada, Lasso posesionó al exasambleísta Francisco Jiménez como ministro de Gobierno, para delegarle exclusivamente la relación con las otras funciones del Estado, como la Asamblea, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, el Consejo de Participación Ciudadana, entre otras.
Desde que el martes anterior el jefe de Estado anunció que en adelante gobernará como si el Legislativo no existiera, la crisis política se ha agudizado, pero especialmente al interior del parlamento por la negativa de Llori de dar paso a un pedido de conformar una comisión multipartidista que evalúe el accionar del Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Ayer, Llori pidió medidas cautelares a la justicia nacional para evitar ser evaluada por el Pleno del Legislativo. En la petición, la funcionaria solicita que la justicia disponga que el Pleno “se abstenga de conocer, debatir y resolver” el pedido de resolución “para la creación de una comisión ad hoc pluripartidista para investigar las actuaciones del CAL mientras no se siga y se respete el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa”.
A decir de Llori, para formar esta comisión, primero es necesaria la presentación de una denuncia como “requisito previo a la sustanciación del procedimiento” y esta denuncia se debe presentar ante el presidente de la Asamblea con los requisitos que la norma prevé, entre ellos, la exposición de los hechos en que se funda.
Un tribunal de Pichincha conformado por Julio César Obando, Olga Ruiz y Mabel Tapia será el que decida si da paso o no a la intención de Llori.
