Bloomberg — Los inversionistas pueden estar confiados de que Gustavo Petro dirigirá un Gobierno fiscalmente responsable si gana las elecciones de Colombia, y los temores de que acumulará una deuda enorme están fuera de lugar, según economistas que asesoran al candidato presidencial de izquierda.
Una Presidencia de Petro buscaría aliados en el Congreso para impulsar los ingresos fiscales y encaminar las finanzas del país en una senda de sostenibilidad, según Luis Fernando Medina, Ricardo Bonilla y Diego Guevara, quienes ayudaron a formular el programa económico de quien encabeza la intención de voto para las elecciones.
“En la propuesta económica somos muy tranquilizadores para los inversionistas tanto afuera como en Colombia. Es una estrategia que por un lado busca consolidación fiscal y simultáneamente una transformación productiva”, dijo Medina, economista educado en la Universidad de Stanford que enseña en Madrid, en una entrevista por video con sus colegas el lunes.
“Lo que vamos a recibir es la olla raspada y ahuecada y lo que vamos a tener que hacer es volver a encontrar los recursos para poner la olla en mejores condiciones”, agregó Bonilla, quien fue secretario de Hacienda de Petro cuando fue alcalde de Bogotá.
Los bonos de Colombia figuran entre los de peor desempeño en los mercados emergentes durante el último año, en parte porque las sólidas cifras de Petro en las encuestas y su promesa de detener la exploración petrolera generaron nerviosismo en el mercado. Los bonos en dólares del país han perdido un 11% durante el último año. En América Latina, solo a Argentina y El Salvador les fue peor durante ese período. El crudo es la principal exportación del país y una de las principales fuentes de ingresos del Gobierno.
De 2012 a 2015, como alcalde de la capital, Petro lideró una reducción de la carga de la deuda de la ciudad. Fitch Ratings subió la calificación crediticia de Bogotá un nivel mientras estuvo en el cargo, siguiendo una mejora en la calificación soberana de Colombia y elogió el “sólido desempeño financiero” y la “política de deuda conservadora” de la ciudad.
País de ingresos medios
Los colombianos celebran elecciones presidenciales el 29 de mayo, con la probabilidad de una segunda vuelta tres semanas después. Encuestas recientes apuntan a una disputada segunda vuelta entre Petro y el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez, un conservador que promete una postura de línea dura frente a la criminalidad y los problemas de orden público.
Medina indicó que un nivel de deuda del 55% del producto interno bruto sería una meta razonable a largo plazo para un país de ingresos medios como Colombia, en comparación con su nivel actual de alrededor del 64%. Si bien Petro no tendría una mayoría en el Congreso, suficientes legisladores entienden la urgencia de aumentar los ingresos del Gobierno y respaldarían un plan para subir los impuestos, dijo Medina.
S&P Global Ratings y Fitch redujeron la calificación crediticia de Colombia a grado especulativo el año pasado, luego de que la pandemia hiciera que el déficit se disparara y protestas sociales a lo largo del país llevaran al Gobierno a moderar los aumentos de impuestos.
Ahorro pensional
Los colombianos tienen alrededor de US$97.000 millones de ahorros en fondos de pensiones administrados por empresas privadas, de los cuales aproximadamente un tercio está invertido en bonos locales del Gobierno en pesos. Estos fondos deberían buscar mayores rendimientos en otros activos, incluso en acciones o inversiones alternativas, dijo Guevara, profesor de economía de la Universidad Nacional en Bogotá.
“Tendrán que buscar un rendimiento en inversión productiva y en otro tipo de inversiones que hoy la deuda pública no da”, dijo Guevara.
“En el tiempo hay que ir cambiando el portafolio de ese stock en el cuál el objetivo principal no debe ser financiar deuda pública, sino financiar papeles de renta variable y otro tipo de inversión”, comentó Bonilla, sin entrar en detalles sobre los cambios legales necesarios para lograrlo.
El plan pensional de Petro implica lograr que todos los trabajadores contribuyan al sistema público, y que las personas que tengan ingresos mensuales superiores a cuatro veces el salario mínimo puedan hacer contribuciones adicionales al sistema privado si así lo desean. Una expropiación de los activos de pensiones privadas como sucedió en Argentina en 2008 puede ser descartada, dijo Bonilla.
“Esos fondos no se tocarán”, indicó. “Esta no es una reforma al estilo argentino. Ese dinero permanecerá invertido”.
