Bloomberg — El gobierno de los Estados Unidos debe enfrentar las denuncias de negligencia y angustia emocional de inmigrantes que dicen estar traumatizados por la política del expresidente Donald Trump de separar familias en la frontera sur.
Un juez federal de Arizona rechazó el viernes la solicitud del gobierno de desestimar una demanda presentada en 2019 por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en nombre de un grupo de migrantes.
Pero el juez federal de distrito, John Hinderaker, desestimó del caso a 15 funcionarios de alto rango de la administración Trump y dictaminó que no se les puede responsabilizar personalmente por la conducta del gobierno.
El presidente Joe Biden calificó la separación por parte de las autoridades de inmigración de miles de niños de sus padres durante una campaña contra los cruces fronterizos ilegales como “una vergüenza moral y nacional”.
El Departamento de Justicia de Biden no pudo llegar a un acuerdo con la ACLU. Pero el departamento apoyó proteger a los exfuncionarios de Trump de responsabilidad personal. Incluyen al exfiscal general Jeff Sessions, el exasesor principal de la Casa Blanca Stephen Miller y la exsecretaria de Seguridad Nacional Kirstjen Nielsen.
La demanda destaca los desafíos que enfrenta Biden, ya que ha tratado de deshacer algunas de las políticas de su predecesor y adoptar otras mientras lidia con un aumento de la inmigración en la frontera con México. El viernes, la administración anunció planes para levantar los controles fronterizos de la era Trump que permitieron a las autoridades expulsar rápidamente a migrantes y solicitantes de asilo durante la pandemia.
“La corte estuvo en lo correcto al negar la moción del gobierno de desestimar el caso contra Estados Unidos y permitir el descubrimiento de la bárbara práctica de separación familiar”, dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU. “El fallo debería indicarle a la administración Biden que es hora de hacer lo correcto para estas familias y dejar de pelear contra ellas en los tribunales”.
Hinderaker concluyó que las demandas de ACLU por negligencia, infligir intencionalmente angustia emocional y pérdida de “consorcio” entre niños y padres son legalmente adecuadas para proceder.
“Un jurado podría encontrar la conducta del gobierno extrema e indignante y que tal angustia emocional fue el resultado de la conducta del gobierno”, escribió.
La ACLU argumentó que los funcionarios individuales deberían compensar a las familias por el trauma y el sufrimiento que supuestamente causaron. El grupo de defensa también busca financiación para el asesoramiento de salud mental.
El juez estuvo de acuerdo con el Departamento de Justicia en que permitir tales reclamos contra funcionarios federales de alto rango individuales no está respaldado por precedentes legales.
Funcionarios de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La administración Biden había argumentado que las “doctrinas legales bien establecidas” también justifican que se desestimen los reclamos contra el gobierno.
Estados Unidos “denunció la práctica anterior de separar a los niños de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México y se comprometió con la reunificación familiar”, dijo el Departamento de Justicia en una presentación de febrero de 2021 en un tribunal federal de Tucson.
El caso es AIIL v. Sessions, 19-cv-481, Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito de Arizona (Tucson).
