Ciudad de México — México está reactivando la discusión de la reforma eléctrica para definir el control del mercado eléctrico, que tiene un valor de US$315.000 millones.
Las comisiones de Puntos Constitucionales y Energía de la Cámara de Diputados declararon sesión permanente en receso con el objetivo de analizar, discutir y dictaminar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, el 28 de marzo.
“Sería bueno que no se convoque a un (periodo) extraordinario, que sea ahora ya, hace falta que se resuelva. Esa es una recomendación respetuosa a los legisladores y ojalá ya pronto sepamos”, dijo ese mismo día el mandatario mexicano.
El proyecto para cambiar la Constitución mexicana ha activado múltiples alarmas, además de visitas de altos funcionarios de Estados Unidos, quienes cuestionan a sus pares mexicanos por el futuro de las inversiones de empresas estadounidenses en el marco del acuerdo comercial T-MEC y el combate al calentamiento global.
El ejemplo más inmediato es John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima, quien visitará México por tercera ocasión en menos de seis meses el 31 de marzo, después de reunirse con el presidente López Obrador el 9 de febrero, con el fin de acelerar la cooperación en el combate a la crisis climática.
El Gobierno mexicano ha criticado a las tecnologías de generación solar y eólica por ser caras y poner en riesgo con su intermitencia la operación del sistema eléctrico nacional, aunque ha matizado sus críticas con la construcción del mayor parque fotovoltaico de América Latina, un programa piloto de hidrógeno verde, rehabilitación de al menos nueve hidroeléctricas y proyectos geotérmicos.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el principal grupo de presión de la iniciativa privada en el país, ha señalado que las inversiones en riesgo ascienden a US$44.000 millones, mientras que CFE ha dicho que el valor de sus activos es 34 veces mayor a los desembolsos privados, pero solo considerando recursos propios de las compañías por US$11.000 millones.
La iniciativa privada argumenta que los precios de la electricidad subirán por los mayores costos de generación de CFE, mientras que la compañía estatal argumenta que las tarifas subirán si no se modifica su actual participación de mercado.
El Gobierno ha dicho que durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto se entregaron permisos de generación eléctrica que duplican la demanda pico de energía del país y que se integran a una red eléctrica que no fue diseñada para ese fin.
CFE incluso ha señalado que los modelos de autoabasto y de Productores Independientes de Energía (PIE), previos a la reforma energética de 2013, y el modelo de Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) donde compran energía provocan pérdidas por más de MXN$400.000 millones.
Los cambios
La propuesta pretende que la empresa estatal CFE se quede con el 54% del mercado desde el 32% actual, mientras que el sector privado se quedaría con el 46% restante mediante la cancelación de todos los contratos, permisos y certificados en manos de la iniciativa privada.
El Gobierno también propuso suprimir a los reguladores CNH, CRE y que sus funciones las asuma la Secretaría de Energía (Sener), y que el operador de las redes eléctricas, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) regrese al interior de la empresa que dirige Manuel Bartlett.
La integración de funciones de la Sener sobre la CNH tiene impacto incluso para las empresas petroleras -incluida la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex)- las cuales apoyan la autonomía del regulador que preside Rogelio Hernández Cázares.
“Se pretende que sea en abril, pero no hay una fecha precisa para ir al Pleno, señaló el diputado Juan Ramiro Robledo, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales durante el anuncio en San Lázaro.
El receso de las comisiones terminará el 11 de abril y la sesión se reanudará a las 11:00 de la mañana hora local y dictaminar la iniciativa del presidente para reformar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución.
Aunque no hay fecha precisa para que la reforma vaya al Pleno de la Cámara de Diputados y se vote, el partido gobernante Morena pretende que la votación ocurra el 13 de abril, durante la celebración de la Semana Santa en México, un día después del primer informe de gobierno del presidente de 2022 y dos posteriores a la consulta de revocación de mandato.
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