Ciudad de México — El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma eléctrica en México, mientras las comisiones de la Cámara de Diputados se alistan para discutir la propuesta constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO.
Las diputadas Yolanda de la Torre Valdez y Ana Lilia Herrera Anzaldo entregaron a la asamblea la iniciativa para reformar los artículos 25,27 y 28 de la Constitución Mexicana, de acuerdo con el documento publicado este jueves en la gaceta parlamentaria.
El proyecto se concentra en tres ejes: acceso universal a la electricidad con una tarifa justa; transición energética donde participen el sector público, privado y social hacia la autogeneración y autoconsumo, además de que la empresa estatal CFE incluya a las empresas privadas en el proceso de transición.
El plan del partido opositor aparece como una alternativa a la intención presidencial de darle el control del sector eléctrico a la empresa que dirige Manuel Bartlett y restringir la participación privada del actual 68% a solo 46%.
El gobierno priista del expresidente Enrique Peña Nieto, antecesor de López Obrador, promovió y aprobó una reforma energética en 2013 para abrir el sector energético a la iniciativa privada, pero con la llegada de AMLO las subastas eléctricas se cancelaron.
El partido carece de los votos necesarios en el Congreso para aprobar su propuesta y tendría que aliarse con el partido gobernante Morena u otros partidos para lograrlo.
La propuesta
La modificación al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos persigue que el Estado garantice a los ciudadanos el derecho humano de acceso universal al a electricidad de forma suficiente con una tarifa social “justa”.
El PRI propone añadir al artículo 27 que México dirija el proceso de transición energética de manera sustentable con todas las fuentes de energía disponibles en el país que incluyen a los ciudadanos, sector social, comunitario y privado, especialmente las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
Al artículo 28, las diputadas del PRI buscan que se obligue a la CFE a incluir en el proceso de transición energética al sector social, comunitario y privado con prioridad en Mipymes.
Los artículos transitorios establecen que el Congreso y sus legislaturas estatales tendrían 180 días para adecuar la legislación secundaria y sus constituciones al nuevo marco.
También persigue que el Estado mexicano usará la política pública para darle a ciudadanos, comunidades y sector privado, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas instrumentos de producción y consumo energético que logren reducir los costos de energía a los clientes finales a través de las tecnologías no contaminantes como la solar, biomasa, hídrica, geotérmica y eólica.
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