Lima — En las últimas semanas Fitch Ratings y S&P Ratings decidieron rebajar sus calificaciones crediticias sobre la empresa estatal peruana Petroperú, tras lo ocurrido con su proceso de auditoría del año fiscal 2021 que hasta la fecha no se ha realizado y que no alcanzaría los plazos concordados con los tenedores de bonos de la firma (antes del 31 de mayo).
A la fecha Petroperú tiene US$3.000 millones en bonos globales en circulación, además de un préstamo sindicado de US$1.300 millones garantizado por la agencia española de crédito a la exportación CESCE.
Aunque la compañía emblemática del Estado peruano enfrenta un escenario adverso y la posibilidad de que se acelere el reembolso de los bonos pendientes que adeuda, Moody’s Investors Service determinó que el pedido que hizo Petroperú para extender sus plazos con los bonistas tendría “implicaciones crediticias limitadas para el soberano”; es decir, no tendría un impacto significativo para las finanzas de Perú y su situación crediticia a nivel internacional.
Moody’s recordó que a mediados de este mes de marzo Petroperú celebró una reunión con los tenedores de bonos para ofrecer a los inversores información actualizada sobre el proceso de contratación de un nuevo auditor y delineó los planes para un proceso de solicitud de consentimiento, con el objetivo de concretar una exención con los tenedores de bonos que le permita incumplir el plazo para presentar los estados financieros auditados del 2021. Fernando de la Torre, encargado de la gerencia general de la estatal, dijo recientemente que el escenario optimista es tener los estados financieros auditados de Petroperú para agosto, mientras que un escenario pesimista sería hacia setiembre.
Según las cláusulas de los bonos, si Petroperú no presenta los estados financieros auditados antes del 31 de mayo se desataría una situación de incumplimiento y ello daría paso a los bonistas y prestamistas para acelerar el reembolso de los bonos pendientes que ascienden a US$4.300 millones en total.
Pero Moody’s apuntó que los bonos del Perú no tienen cláusulas de incumplimiento cruzado con los de Petroperú, ni hay garantías explícitas del soberano de asumir alguno de estos casos. “Independientemente del resultado del proceso de solicitud de consentimiento, el perfil crediticio del soberano se mantendrá robusto ante cualquier posible contingencia financiera que surja de la solicitud en caso el soberano decida apoyar“ a Petroperú, remarcó la agencia.
¿IMPLICACIONES FISCALES PARA PERÚ?
Lo primero que resaltó Moody’s es que es muy poco probable que Petroperú pueda presentar los estados financieros auditados antes de la fecha límite “dados los retrasos en el proceso de adjudicación para seleccionar una empresa que audite los estados financieros”.
La agencia crediticia recordó que Price Waterhouse Coopers (PWC) declinó presentar los estados auditados antes del 31 de mayo a la espera del resultado de una investigación sobre un escándalo en el que se alega que Petroperú favoreció a un proveedor en el proceso de selección de una empresa que prestaría servicios comerciales; y ante un pedido que hizo la entidad peruana de incluir en el contrato una cláusula de confidencialidad sin límite de tiempo, en lugar de los dos años que planteaba la consultora.
La Contraloría de la República lanzó en ese contexto un nuevo proceso de licitación pública y se espera que seleccione un nuevo auditor para Petroperú hacia el 5 de abril.
“Mediante la solicitud de consentimiento, Petroperú buscará una dispensa para evitar un incumplimiento técnico del pacto de documentación que exige la presentación de estados financieros auditados antes del 31 de mayo. Si los tenedores de bonos rechazan la solicitud de consentimiento, esto abre la posibilidad de una aceleración de los reembolsos de la deuda de bonos de Petroperú”, destacó Moody’s.
¿Qué significa esto para Perú? Si el soberano decida apoyar a la petrolera estatal, las implicaciones fiscales de tal escenario para el Perú serán limitadas de acuerdo a lo que espera Moody’s. “La deuda de las empresas estatales no financieras (incluyendo a Petroperú) está incluida en nuestra estimación del 36,1% del PIB de la deuda soberana a fines de 2021. Nuestra práctica de larga data ha sido seguir la deuda del sector público no financiero como el nivel de agregación relevante para analizar el balance del soberano peruano”, añadió la agencia.
Es en ese sentido que Moody’s consideró que incluso en un escenario a la baja en el que el soberano asumiera la deuda de Petroperú ello no cambiaría los ratios de deuda relevantes del país. “Aunque el Ministerio de Finanzas peruano sería la entidad que proporcionaría el respaldo en este escenario, las autoridades son conscientes de que la causa subyacente del retraso de los estados financieros auditados de Petroperú está relacionada con los problemas de gobernanza. Por ello, cualquier posible apoyo soberano estaría condicionado a la mejora de los controles de gestión y gobernanza”, acotó la entidad internacional.
Moody’s agregó, además, que si se excluye la construcción de la Refinería de Talara que iniciaría operaciones este 12 de abril, Petroperú sigue siendo rentable y capaz de continuar con el pago de su deuda. “El apoyo sólo sería necesario en caso de aceleración”.
UN DETERIORO DE GOBERNANZA Y DEL SECTOR PÚBLICO
Aunque el escenario para el país no es tan negativo por lo que enfrentaría Petroperú en el corto plazo, Moody’s sí advirtió que los problemas de gobernanza en la petrolera reflejan un deterioro más amplio de la calidad de la administración pública peruana fuera de las instituciones clave de la política económica. Y ello, a la larga, podría generar mayores riesgos para el país andino.
De acuerdo a Moody’s, los nombramientos por motivos políticos en las empresas estatales y otros organismos gubernamentales en los últimos dos años “sugieren que los desafíos de gobernanza seguirán latentes”.
En este contexto la agencia ve la posibilidad de que aumente el estancamiento y la burocracia para la economía peruana “que ya tiene problemas de productividad”. “Estos retos limitan las perspectivas crediticias del Estado, pero se ven compensados por unas políticas macroeconómicas prudentes que afianzan la solvencia”, puntualizó Moody’s.
Cabe recordar quepPara que S&P decidiera recortar el rating de Petroperú al nivel de un bono basura fue clave lo que ocurrió con el proceso de auditoría del año fiscal 2021 y que esto se considerara como una señal clara del debilitamiento del gobierno corporativo de Petroperú.
Petroperú es una empresa del Estado peruano se dedica al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo, y maneja el 40% del mercado de distribución de hidrocarburos en el país. Al cierre del 2021 obtuvo una utilidad de US$106,3 millones.
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