Tras su última visita en noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, regresó a Venezuela y sostuvo un segundo encuentro con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Se acordó, en esta oportunidad, abrir una oficina en Caracas para investigar los presuntos crímenes de lesa humanidad.
“Estoy consciente que mi visita no ha sido sencilla, pero me siento muy agradecido por el compromiso y los francos debates. Usted ha sido consistente desde mi primer viaje, fue muy claro con su posición de que las investigaciones llevadas a cabo por mi fiscalía no están justificadas, yo opino que esto requiere darle mayor crédito teniendo en cuenta que a pesar de esta posición, han vuelto a invitarme”, dijo Khan, durante su intervención.
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En su último viaje, el fiscal de la CPI se reunió con funcionarios de la administración chavista de alto rango, miembros del cuerpo diplomático y representantes de la sociedad civil. Junto a Maduro se dio la firma de un Memorándum de Entendimiento en el Palacio Presidencial y se procedió a dar inicio a una investigación formal, que calificó como “punto de partida de un proceso”.
Ya la Fiscalía había abierto un examen preliminar sobre la situación en Venezuela en febrero de 2018 y en septiembre de ese año, recibió una remisión de un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma solicitando la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio.
La nueva oficina en Caracas supone un paso hacia esta investigación declarada a finales de 2021. Para avanzar en este punto, también se acordó un visado para la entrada del equipo de la CPI, que permita evitar un proceso burocrático.
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“Hemos logrado un consenso para que la Fiscalía pueda trabajar con organizaciones internacionales y asociados, colaborando con el apoyo de Venezuela, incluyendo la oficina de la Alta Comsionada de las Naciones Unidas, para lograr que el Memorándum de Entendimiento se ponga en la práctica”, agregó Khan.
Maduro, por su parte, se refirió a la “asistencia técnica” que obtendrá el Estado venezolano por parte de la Fiscalía de la CPI para que se permita un nivel de diálogo efectivo y en tiempo real. “Que el Memorándum siga su curso y desarrollo, como es nuestro interés. Venezuela es un país con Estado de Derecho y de Justicia, establecido en la Constitución”, puntualizó.
También habló de una reforma profunda, y de la adaptación a los cambios en los últimos años, que de acuerdo a sus declaraciones, se dio a raíz de procesos de diálogos sociales.
