Bloomberg — Se espera que la administración del presidente Joe Biden pronto deje de expulsar a la mayoría de los migrantes que cruzan las fronteras de Estados Unidos, en función de una orden de salud pública relacionada con la pandemia de Covid-19, según una persona familiarizada con la planificación.
Es probable que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) anuncien el cambio de política a fines de semana y se implemente a finales de mayo, dijo la persona. Como resultado, se espera que aumente la cantidad de personas que intentan cruzar a EE.UU. desde México, lo que plantea preocupaciones tanto humanitarias como políticas para la Casa Blanca de cara a las elecciones de mitad de período en noviembre.
La orden de salud pública, conocida como Title 42, no se levantaría de inmediato a fin de que las autoridades tengan tiempo de prepararse en la frontera.
Los CDC tenían como fecha límite el 30 de marzo para revisar la política y decidir si extenderla, reducirla o cancelarla. Legisladores demócratas y los defensores de los derechos de los inmigrantes han presionado a la administración para que cancele la orden, argumentando que ya no existe una justificación de salud pública para la política. Algunos de ellos han acusado a la administración Biden, como antes a la administración Trump, de usar la pandemia como pretexto para impedir que casi todos los solicitantes de asilo ingresen a EE.UU. para pedir protección humanitaria bajo la ley.
El presidente Biden lidia con intereses contrapuestos sobre inmigración y salud pública. Biden dijo que la nación está pasando a la siguiente fase de la pandemia, con menos restricciones en la vida pública a medida que los estadounidenses aprenden a vivir con el coronavirus, a pesar de que autoridades de la salud han advertido sobre nuevas variantes.
La Casa Blanca también ha tratado de evitar una afluencia masiva de inmigrantes y solicitantes de asilo, al tiempo que ha señalado que quiere dar la bienvenida a refugiados que huyen de Ucrania y Afganistán.
Desde que la administración del expresidente Donald Trump invocó la política en marzo de 2020, las autoridades la han citado para rechazar a personas en las fronteras de EE.UU. casi dos millones de veces. Los defensores dicen que la orden se ha utilizado cada vez más para limitar ampliamente el ingreso de migrantes y solicitantes de asilo a EE.UU., en lugar de prevenir la propagación del Covid-19.
Los cruces fronterizos ya están en aumento. Los agentes informaron casi 165.000 encuentros con migrantes a lo largo de la frontera suroeste en febrero, un aumento del 7% desde enero, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.
Más de la mitad fueron expulsados bajo la orden. Tres de cada 10 tuvieron al menos un encuentro previo con agentes fronterizos en el último año.
Biden ha estado bajo el ataque constante de los republicanos que lo acusan de apoyar políticas que alientan a los inmigrantes a correr hacia la frontera. Las críticas llegaron a un punto delicado el año pasado cuando las autoridades detuvieron a decenas de miles de menores no acompañados, sobrecargando las estaciones fronterizas de EE.UU. y la capacidad de los albergues.
La Casa Blanca ha cuestionado las demandas del partido Republicano, diciendo que los desastres naturales, la violencia y las luchas económicas exacerbadas por la pandemia han empujado a las personas de Centroamérica a huir a EE.UU.
Encabezada por la vicepresidenta, Kamala Harris, la administración Biden ha tratado de trabajar con los países centroamericanos de donde se originan muchos migrantes, principalmente el llamado Triángulo Norte que se compone de Guatemala, Honduras y El Salvador, para abordar las causas fundamentales que impulsan a las personas a emigrar.
Los CDC anunciaron a principios de este mes que pondrían fin a la orden para niños y adolescentes no acompañados en respuesta a un fallo judicial contra una exención existente que podría haber obligado a la Administración a expulsarlos sin una audiencia de asilo.
La administración también autorizó a los agentes fronterizos considerar exenciones para los ucranianos que huyen de la invasión rusa.
Ambas medidas han hecho que los defensores cuestionen la justificación de salud pública para mantener la orden más de dos años después del inicio de la pandemia.
