El comité del Congreso que investiga el ataque del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos el año pasado todavía no ha comenzado las audiencias públicas que se debían haber celebrado. Pero ha producido una importante opinión legal de un juez federal que afirma que la “ilegalidad” del curso de acción en el que se embarcó el entonces presidente Donald Trump después de perder las elecciones de 2020 “era obvia.”
La opinión no coloca a Trump ni a nadie en peligro legal inmediato, aunque podría presionar al Departamento de Justicia para que estudie seriamente la posibilidad de futuras acusaciones. No obstante, es un momento significativo.
El juez David O. Carter escribió sobre Trump y John Eastman, un abogado que había conspirado con el expresidente sobre cómo anular las elecciones y que intentaba ocultar los correos electrónicos del Comité Selecto de la Cámara de Representantes para investigar el ataque del 6 de enero.
El Dr. Eastman y Trump lanzaron una campaña para anular una elección democrática, una acción sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Su campaña no se limitó a la torre de marfil: fue un golpe en busca de una teoría legal. El plan estimuló ataques violentos contra la sede del gobierno de nuestra nación, provocó la muerte de varios agentes de la ley y profundizó la desconfianza del público en nuestro proceso político ... Si el plan del Dr. Eastman y del presidente Trump hubiera funcionado, habría acabado permanentemente con la transición pacífica del poder, socavando la democracia estadounidense y la Constitución. Si el país no se compromete a investigar y perseguir la rendición de cuentas de los responsables, el Tribunal teme que el 6 de enero se repita.
La decisión de Carter de que Eastman no tenía derecho a retener los correos electrónicos porque el privilegio abogado-cliente no se aplica a las conductas delictivas es, en gran medida, es un momento al estilo del cuento de hadas El traje nuevo del emperador (una fábula con un mensaje de advertencia: “No tiene por qué ser verdad lo que todo el mundo piensa que es verdad”).
A diferencia del Watergate, el caso Irán-Contra y muchos otros escándalos importantes del pasado, la investigación sobre los esfuerzos de Trump para anular ilegalmente las elecciones de 2020 no necesitaba descubrir secretos bien escondidos para llegar a la verdad, aunque había algunos secretos, incluyendo la hoja de ruta de Eastman sobre cómo robar las elecciones. Pero la mayor parte de lo que hizo Trump estaba a la vista. Así que, por muy importante que sea completar todos los detalles, lo más importante es lo que el juez Carter hizo el lunes: etiquetar con precisión las acciones de Trump.
No está claro cuál puede ser el efecto de la opinión de Carter. No cambiará las mentes de los partidarios más firmes de Trump, que simplemente creen en sus falsas afirmaciones y se han convencido de que las elecciones les fueron robadas a pesar de que Trump no ha presentado ninguna prueba significativa que respalde la mentira. Tampoco afectará a los demócratas partidistas, que ya se creyeron lo que dijo Carter. Sin embargo, podría tener cierta influencia en dos grupos que están convencidos desde el ataque del 6 de enero de que lo que hizo Trump estuvo mal, pero que están tentados a dejar que retroceda en el pasado, grupos que de otro modo podrían estar abiertos a un argumento de que no tiene sentido golpear el caballo muerto de este escándalo y la mala conducta del expresidente.
Uno de estos grupos es el de los medios de comunicación no partidistas. Los reporteros y editores, corresponsales y productores de medios no afiliados a algún partido les gusta considerarse neutrales, y se sienten incómodos tratando a cualquier persona (y mucho menos a un expresidente) como un criminal y un evidente opositor a la democracia. Especialmente con su propia autoridad. La decisión de Carter puede darles más licencia de la que han tenido para afirmar rotundamente lo que probablemente ya sabían.
El otro grupo es el de los actores del partido republicano que han tratado de transitar por un camino intermedio respecto a Trump. Es difícil saber exactamente cuán grande es ese grupo, pero recuerden que siete senadores republicanos votaron en febrero de 2021 para condenar a Trump durante su segundo juicio político y varios otros dijeron que se habrían unido a ellos si Trump siguiera en el cargo.
No es solo que Carter pueda recordarles lo que creyeron el año pasado. Es que les está advirtiendo de que este asunto no va a desaparecer, y de que pueden acabar teniendo que exponer públicamente sus opiniones al respecto de nuevo. Eso podría empujarlos a alinearse más abiertamente con Trump. Pero si siguen teniendo los mismos puntos de vista que el año pasado y esperaban eludir el tema, también podrían alinearse más abiertamente contra él.
Esa es también una de las razones por las que una serie ampliada de audiencias públicas debería haber comenzado hace meses, y seguiría siendo una buena idea. No es necesario que cambie de opinión; sólo tiene que reforzar lo que la mayoría de los líderes de opinión, así como la mayoría de los votantes, creían en enero de 2021. Cuanto antes, mejor. Es poco probable que las audiencias públicas sobre Trump y sus aliados ayuden a los demócratas en las elecciones de medio término de noviembre, pero cuanto más cerca estén las audiencias de noviembre, más fácil será para los republicanos descartarlas como una forma de electoralismo partidista.
Para ser justos, la citación de Eastman ha producido el tipo de educación pública que la comisión debería tener como objetivo. Con demasiada frecuencia, las noticias que produce la comisión son sobre invitaciones a declarar (a puerta cerrada, al menos por ahora) y posteriores peleas por su cumplimiento. Ahora bien, hay una noticia significativa sobre el mal comportamiento presidencial y la violación de la ley.
Richard Nixon dijo una vez: “La gente tiene que saber si su presidente es o no un delincuente”. Lo mismo se aplica a los expresidentes. Especialmente a los que siguen implicados en la política, y que buscan otro mandato en la Casa Blanca. La opinión de un juez difícilmente resuelve el asunto, pero es un poco la confirmación oficial de que las negaciones de Trump valen tanto como las de Nixon.
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Este artículo fue traducido por Andrea González
