San Salvador — El presidente de El Salvador Nayib Bukele respondió a señalamientos de diversas organizaciones internacionales sobre las violaciones a los derechos humanos en el marco del Régimen de Excepción, retándolas a llevarse a los pandilleros.
El país centroamericano suprimió el domingo garantías constitucionales para hacer frente a una escalada de asesinatos que afronta el país desde el viernes. El gobierno culpa a las “maras” o pandillas.
“A la comunidad internacional: Tenemos 70.000 pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ‘persecución dictatorial y autoritaria’. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos ‘violando sus derechos’”, dirigió un mensaje Bukele en su cuenta personal de Twitter.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) sostuvo el lunes que el Régimen de Excepción que decretó la Asamblea Legislativa salvadoreña atenta contra los estándares internacionales de los derechos humanos, amenaza la seguridad ciudadana y vulnera el estado de derecho.
“Gobierno de Nayib Bukele en El Salvador ha decretado un estado de excepción que no sólo no respeta estándares de derechos humanos sino que continúa llevando la democracia al abismo. La comunidad internacional está atenta y las organizaciones de derechos humanos seguiremos alertando y denunciando”, dijo Carolina Jiménez, presidenta de WOLA.
En su postura institucional, WOLA alertó sobre los peligros de la medida. “Los estados de excepción cumplen el propósito principal de, en situaciones de emergencia, el mantenimiento y preservación del orden constitucional. Por el contrario, no deben socavarla ni permitir que las fuerzas de seguridad y otros agentes y funcionarios del Estado actúen de manera arbitraria y discrecional”,
“Las autoridades deben actuar conforme a las normas y principios democráticos y derogar cualquier disposición que contradiga las normas internacionales de derechos humanos”, urgió WOLA.
Advierten sesgo institucional
Juan Pappier, investigador sénior de la División de las Américas de Human Rigths Watch (HRW), opinó que el aumento de homicidios es grave y llamó al gobierno a proteger a la población con “medidas sostenibles y respetuosas de los derechos humanos”.
Sobre el Régimen de Excepción planteó que es “muy preocupante, en un país donde no quedan instituciones democráticas independientes”.
Pappier observó la falta de independencia de instituciones como la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil.
“En El Salvador, la Policía anticipa por Twitter lo que ‘determinará' una investigación. No sorprende en un país con fuerzas de seguridad politizadas y una justicia cooptada por el gobierno”, esgrimió.
El aparato gubernamental enfatiza su labor de arrestos y el trato duro de prisioneros en las cárceles. Paulo Abrao, director de Washington Brazil Office, califica a esta estrategia como “populismo penal”.
“Populismo penal: ilegalidades para enfrentar ilegalidades. Barbaries para enfrentar barbaries. Resultado final: más ciclo de violencia para todos. El Salvador”, compartió en la red social Twitter.
Las garantías a los derechos humanos deben ser el centro de las políticas para resguardar la seguridad ciudadana, planteó Érika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional Américas.
“Estos regímenes de excepción no son cheque en blanco, deben cumplir con estándares dictados por derecho internacional”, sostuvo Guevara-Rosas.
Previamente, Bukele instó a la comunidad internacional a enviar alimentos para los pandilleros recluidos en las cárceles salvadoreñas. Las prisiones solo darán dos tiempos de comida en lugar de tres para alimentar a los detenidos en las últimas horas y así no elevar el gasto presupuestario.
Las capturas de pandilleros ascienden a 1.400 entre el sábado y el lunes, informó el mandatario. “Y no, no saldrán libres”, aseguró.
No es la primera vez que el mandatario salvadoreño ataca a las organizaciones de derechos humanos, recordó Guevara-Rosas. “Su empeño por menoscabar el estado de derecho es alarmante”, concluyó.
Sobre el envío de pandilleros hacia el extranjero, en noviembre del año pasado Jean Manes, para entonces Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, declaró que El Salvador estaba incumpliendo con el tratado bilateral de extradición.
De hecho, la Corte Suprema de Justicia salvadoreña aún estudia una solicitud para revisar el tratado de extradición entre ambos países, que interpuso en enero de este año Rodolfo Delgado, fiscal General de la República.
El acuerdo es una “normativa preconstitucional” y “resulta, por lo tanto, necesaria la revisión de la constitucionalidad de la misma”, dijo el Fiscal General en enero al periódico La Prensa Gráfica.
El medio escrito ha informado que Delgado se opone a la extradición a Estados Unidos del pandillero Eliú Melgar Díaz, conocido como ‘Blue’ a Estados Unidos, requerido por cargos de terrorismo.
--Actualiza en el pie de foto y en la nota las cifras de detención de pandilleros hasta la noche del lunes
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