Montevideo — El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou recibió junto a su gabinete los resultados sobre el referéndum de la Ley de Urgente Consideración. En la noche del domingo, en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, pidió a los secretarios de Estado pasar la página, salir con mesura ante la ratificación de la ley, y pasar a encarar un conjunto de asuntos que luego en una conferencia de prensa definió como “temas urgentes”.
Uno de los que mencionó en su listado fueron los asentamientos, algo sobre lo que Lacalle Pou insistió una y otra vez desde su primera campaña electoral en 2014. El oficialismo votó el año pasado en el Parlamento más recursos a través de la Rendición de Cuentas y el desafío para el gobierno está en poder canalizar ese dinero en proyectos que cristalicen una mejora sustancial en la calidad de vida de al menos parte de la población más marginada.
“Es un tema de compromiso nuestro hace muchos años. En la Rendición de Cuentas se le consiguieron los recursos. Ahora es el momento de impactar positivamente en los uruguayos que más necesitan”, dijo Lacalle Pou en la conferencia de prensa de la noche del domingo.
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¿En qué consiste ese plan?
El subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, explicó en diálogo con Bloomberg Línea que la acción del Poder Ejecutivo tiene tres pilares. Por un lado, más inversión, que el gobierno cuantificó en US$240 millones adicionales en tres años a través de un fideicomiso para asentamientos. Así, dijo el funcionario, el objetivo será duplicar la inversión, ya que estaba previsto gastar en tres años unos US$200 millones.
Los recursos adicionales serán canalizados a través del Fideicomiso Integración Social y Urbana votado en la Rendición de Cuentas de 2021. “Ese fideicomiso va a volcar recursos al Ministerio y a través del Ministerio con las intendencias se va a trabajar en todo el país en la integración de los asentamientos”, explicó el subsecretario de Vivienda.
El instrumento reúne fondos por US$120 millones de impuestos a la tierra y a las transacciones inmobiliarias en el sector rural. En tanto, el gobierno asumió el compromiso de destinar otros US$120 millones para completar la cifra que Lacalle Pou incluyó en su discurso del 2 de marzo ante la Asamblea General.
Además desde el Poder Ejecutivo promoverán un mayor control territorial en acuerdo con los gobiernos departamentales para la prevención de nuevas ocupaciones. Y también fue establecida la creación de un nuevo modelo de gobernanza bajo la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana (Dinasu), como organismo que centralizará la ejecución de proyectos y coordinará acciones entre las distintas dependencias estatales que trabajan en el tema.
“No va a desaparecer un día para el otro”
El Ministerio de Vivienda estima que la problemática de los asentamientos en todo el país requiere unos US$2.000 millones, por lo que el dinero de este quinquenio alcanzará a un 20% de lo requerido. La estimación es que en Uruguay hay 200 mil personas que viven en unas 50 mil viviendas.
La mayoría de los 600 asentamientos están ubicados en Montevideo, la capital del país, y Canelones, un departamento limítrofe y en varias zonas parte del área metropolitana de la región donde viven más personas.
“Hay que ser muy cuidadosos en que no es que esto va a desaparecer de un día para el otro. Le queremos dar una especial atención a que junto con la integración de ese asentamiento hay una política firme de prevención en los departamentos”, dijo Hackenbruch.
En los hechos el plan prevé que en algunos casos sea necesario relocalizar por completo algunos barrios, pero habrá otros donde se pueda mejorar las condiciones de vida en los mismos lugares, mediante más servicios como mejoras techos, baños y condiciones de urbanización. La atención depende de cada circunstancia y la complejidad que tenga, pero puede variar entre US$30 mil o US$70 mil por casa.
Hackenbruch insistió con la relevancia de “no generar expectativas más allá de lo real”. “Hay que tener en cuenta que todos los gobiernos han gastado mucha plata. Acá lo que sí va a haber es un aumento en la inversión. No es que arrancamos de cero. Hay una historia larga”, dijo.
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El proceso también puede llevar años por aspectos legales. Si bien el objetivo es que las personas sean propietarias de su tierra, eso requiere en algunos casos expropiaciones, en otros compras, o también puede tratarse de terrenos públicos. Para cada caso, se debe realizar el trámite de titularidad de la tierra y su fraccionamiento.
El subsecretario explicó que, además del control por parte de las intendencias, a nivel Parlamentario habrá una nueva discusión sobre una Ley de ordenamiento territorial que abordará el crecimiento de las ciudades y los terrenos a edificar, donde fomentarán lotes con servicios a bajo costo.
“Ataquemos lo que está hecho pero no demos el mensaje que la forma de acceso a la vivienda es a través de la ocupación o de los asentamientos. Generemos una política de prevención en lotes con servicios a un acceso razonable para que esos sectores socioeconómicos tengan una salida para ponernos adelante del problema”, concluyó Hackenbruch.
Indicadores
El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgará este miércoles 30 el dato de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2021. En el primer semestre del año pasado, el total de personas bajo la línea de pobreza se ubicó en 10,2%, según los datos oficiales.
Con base en la información presentada este lunes por el INE, el índice de Gini tuvo un valor de 0,386 en el año 2021, un valor similar al del año 2020 (0,387) y “levemente superior” al 0,383 de hace dos años. “Esto implica un nivel de desigualdad similar entre 2021 y 2020 y algo superior respecto al 2019″, sostuvo el INE. El boletín técnico apuntó que coeficiente de Gini es un indicador que varía entre cero y uno, indicando mayor nivel de desigualdad cuanto más cercano a uno se encuentre.
Por su parte, el valor de la brecha de pobreza se ubicó en 1,7% para el año 2021, mientras que en 2020 fue de 1,9% y en 2019 de 1,3%. “Una estimación menor de este indicador respecto a 2020 implica que los hogares pobres necesitan, en promedio, un nivel menor de ingresos para alcanzar su línea de pobreza”, señaló el informe. La brecha de la pobreza es una medida promedio del ingreso faltante para alcanzar la línea de pobreza.
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