Bloomberg — El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está pidiendo el reemplazo de los reguladores y jueces electorales elegidos por voto directo, intensificando una disputa de larga data con organismos independientes que él considera que limitan su poder.
López Obrador dijo el martes que después del 10 de abril enviará al Congreso un proyecto de ley que propone tales cambios, en busca de una reforma drástica de las entidades que tradicionalmente han servido como contrapeso al presidente.
Es el ejemplo más reciente de sus esfuerzos para consolidar el dominio de su partido, luego de meses de disputa sobre si esos organismos han sido partidistas.
“Vamos a mandar una iniciativa de reforma a la Constitución para garantizar la democracia en México, que ya no haya jueces con actitudes tendenciosas en lo electoral”, dijo AMLO, como se conoce al presidente, a periodistas en su rueda de prensa diaria. “Llegamos a la presidencia luego de luchar muchos años y de padecer fraudes electorales, entonces tenemos que dejar consolidada la democracia”.
El presidente culpó al INE, como se le conoce al regulador, por no hacer publicidad sobre una próxima votación nacional sobre si debiera servir por el resto de su mandato, que terminará en 2024.
Él mismo propuso la consulta pública en un intento por subrayar el apoyo de los mexicanos a su presidencia, pero no está claro si más del 40% de los votantes registrados se presentarían para convertirlo en un referéndum vinculante.
Los comisionados del INE actualmente son elegidos por el Congreso y López Obrador ha tenido una serie de disputas con ellos. En 2018 se negó a pagar una multa impuesta a su partido Morena por presunto uso indebido de fondos.
El año pasado, se negó a detener su conferencia de prensa diaria, que según el organismo electoral violó la regla de no hacer campaña antes de las elecciones de mitad de período. AMLO solo ganó la presidencia después de dos derrotas que, según él, se debieron al robo de votos.
La reforma electoral de México es el segundo de los tres cambios constitucionales que prometió impulsar durante su presidencia y podría enfrentarse a una ardua batalla entre los legisladores.
Otra propuesta, para dar a la empresa estatal de servicios públicos el control mayoritario del mercado eléctrico, está programada para ser votada en abril, pero ha enfrentado el rechazo de miembros clave del partido PRI de centroderecha.
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