QUITO — Los asambleístas de Pachakutik acusados por el presidente Guillermo Lasso de intentar chantajearlo a cambio de votos, esperan que el mandatario presente las pruebas correspondientes en el proceso investigativo que abrió la Fiscalía. Aunque no niegan haberse reunido con miembros del Gobierno, aseguran que no pidieron favores.
En una rueda de prensa desde el Palacio Legislativo, los cinco parlamentarios señalados por Lasso insistieron en que respetarán el debido proceso y afirmaron que están dispuestos a colaborar con la justicia.
El legislador Édgar Quezada manifestó que entregarán “a la Fiscalía toda la información, pero al estar en indagación previa no podemos adelantar criterios porque estaríamos cometiendo un delito”.
Al ser cuestionado sobre la reunión que habrían mantenido con personeros del Gobierno el pasado 22 de marzo, Quezada de forma nerviosa reiteró: “No podemos dar los nombres (de quienes participaron) por el momento porque está en indagación previa”, apuntó mientras tosía sin parar.
Asimismo, aclaró que “no está prohibido reunirse” y que ellos siempre han escuchado “a ministros y secretarios, pero con toda la honradez que nos caracteriza”. Es decir, no negó el encuentro que Lasso reveló en su carta.
Otra de las asambleístas señaladas, Rosa Cerda, habló en la misma línea y dijo estar lista para que se realice la respectiva investigación “porque estoy limpia, por lo tanto, estaré dispuesta a presentarme ante la Fiscalía. No le tengo miedo”. Y asimismo pidió que el presidente “presente sus justificativos”.
El legislador Cristian Yucailla también se defendió: “Indican que hemos pedido cargos, que lo demuestren, uno siempre ha estado con la honradez, con la ética”.
El domingo pasado, la Fiscalía informó que iniciará la investigación previa tras la denuncia presentada por el presidente Lasso. Según el jefe de Estado, los asambleístas señalados habrían pedido favores a cambio de votar por la aprobación de la ley de inversiones que finalmente fue archivada.
La relación entre el Ejecutivo y el Legislativo pasa por su peor momento desde que ambos poderes iniciaron funciones en mayo de 2021.
