Bogotá — Luego de que el piloto de fracking del proyecto Kalé en Puerto Wilches (Santander) obtuviera la viabilidad ambiental, deberán sortearse otros pasos para que la fase comercial de la fracturación hidráulica se inicie en Colombia con miras a aumentar su capacidad de extracción de petróleo.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) defendió este lunes que “este proceso inédito de licenciamiento” tuvo una preparación de tres años, tras las críticas de las organizaciones ambientalistas que acusaron la supuesta falta de socialización.
“La decisión de la Autoridad Nacional se fundamenta en el análisis riguroso del Estudio de Impacto Ambiental, lo verificado en las visitas de campo y lo recogido, entre otros, en los escenarios de participación de la reunión informativa y la Audiencia Pública Ambiental”, señaló.
De acuerdo a la Anla, la licencia ambiental que se le otorga a este piloto de fracking no quiere decir que los proyectos de investigación integral pasen a fase comercial.
De hecho, antes de que esto ocurra los resultados de los proyectos piloto de yacimientos no convencionales serán estudiados por parte del Comité de Evaluación, que se conformó a raíz del Decreto 328 de febrero de 2020 y del que no hace parte la Anla.
Dicho comité está encargado de hacer un seguimiento técnico y científico de los pilotos, tras lo cual se determinará si los mismos cumplen con los requisitos y condiciones establecidas.
Si se logra determinar que los pilotos han cumplido con estos objetivos, se avanzará hacia una fase comercial de la exploración y explotación de hidrocarburos a través de esta técnica.
El proyecto Kalé, a cargo de Ecopetrol, hace parte de un grupo de pilotos que fueron aprobados por parte del Consejo de Estado en 2019, a pesar de la oposición que la fracturación hidráulica ha generado principalmente entre las organizaciones ambientalistas.
En noviembre de 2020 la Procuraduría General advirtió que la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales “no es compatible con el principio de desarrollo sostenible” en Colombia.
En este sentido, solicitó al Consejo de Estado que declarara nulos tanto el Decreto 3004 de 2013 como la Resolución 90341 de 2014 “que establecieron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, entre ellos el fracking”.
En una reciente entrevista con Bloomberg Línea, el ministro de Ambiente colombiano, Carlos Eduardo Correa, dijo que el país tiene que ser responsable en su transición energética, al considerar que no aún no se puede prescindir de una fuente de energía como el petróleo y que no hay barreras para desarrollar proyectos mineros.
“Tenemos que ser responsables, uno no llega y puede simplemente prescindir de una fuente de energía, si no ir en la transición y creo que los combustibles fósiles en algún momento llegarán a eso”, dijo el ministro a propósito de comentarios recientes del candidato Gustavo Petro, líder en las encuestas a la Presidencia.
Carlos Eduardo Correa se refirió al caso de países europeos como Dinamarca que anunciaron la suspensión de su exploración petrolera, pero “hoy tienen reservas garantizadas al año 2040, al año 2045, que le dan un espacio de tiempo para poder hacer la transición”.
“En la medida en que tengamos mayores inversiones, la misma matriz se va a ir acomodando”, comentó el ministro Carlos Eduardo Correa, quien se consideró “consciente de la importancia del sector minero-energético del país”.
La producción de petróleo se ubicó en enero en 739.848 barriles promedio día en Colombia, un 0,75 % menos frente al mismo mes del 2021, manteniendo el ritmo negativo que llevaba desde el año pasado, de acuerdo al Ministerio de Minas y Energía.
La caída en la producción de crudo se explica, según ese despacho, por los bloqueos viales en el campo Yariguí- Cantagallo, en los departamentos de Santander y Bolívar.
Estos hechos provocaron la suspensión de operaciones de 64 pozos que representaban el 54% de la producción total del campo.
