Venezuela debe pagar más de $1.600 millones por expropiación de Agroisleña

El tribunal del CIADI determinó que la decisión de la administración chavista en octubre de 2010 de las inversiones del Grupo Agroinsumos constituyó una violación del acuerdo España-Venezuela

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El grupo español Agroinsumos Ibero-Americanos informó sobre la reciente decisión del Tribunal constituido bajo las Reglas de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ante la expropiación sin compensación hecha por Venezuela en la sociedad Agroisleña en octubre de 2010, por la que deberá pagar actualmente la suma de 1.629.000.000 dólares.

En la comunicación difundida por las sociedades españolas constituidas por Agroinsumos Ibero-Americanos, Inica Latinoamericana, Proyefa Internacional y Verica Atlántica, se explicó que la actuación de la administración venezolana, por la que se inició un proceso arbitral en 2016, fue considerada por el Tribunal como una violación del acuerdo España-Venezuela.

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El tribunal del CIADI acordó también un pago de intereses sobre la compensación concedida al tipo Libor, aplicable a los depósitos a seis meses denominados en dólares estadounidenses, más cuatro puntos porcentuales, capitalizados anualmente desde el 4 de octubre de 2010 hasta la fecha en que el gobierno de Nicolás Maduro haya pagado íntegramente.

Las sociedades venezolanas expropiadas fueron Agroisleña, Insecticidas Internacionales, Proyefa y Venezolana de Riego. El Grupo Agroinsumos Ibero-Americanos deberá recibir además 1.108.819,24 dólares por parte de la nación suramericana por los gastos incurridos en la defensa de sus derechos en este procedimiento.

La expropiación de Agroisleña, impulsada por Hugo Chávez y luego bautizada como Agropatria, se dio en medio de una serie de fuertes medidas contra el sector agrícola venezolana, de acuerdo al gremio. En ese entonces, la empresa suministraba el 70% de los insumos a los productores.

En 2013 se hizo la promesa de avanzar en su capacidad de acción, tras lo que calificaron de “recuperación financiera” en la compañía que había sido fundada por el empresario canario, Enrique Fraga Afonso, en 1955, y la que contaba con 60 sucursales en todo el país.