Buenos Aires — La pelea que da el Gobierno argentino en un intento por controlar la inflación continuará en lo que resta de la semana, luego de que la Secretaría de Comercio reclamara a empresas alimenticias y supermercados dejar sin efecto los últimos aumentos. Ahora, las autoridades buscan concretar medidas de control en los comercios de proximidad, mientras que también apuntan a las empresas exportadoras de carne por su impacto en el mercado interno.
Desde este miércoles, los incrementos que fueron “injustificados” deberán regresar al nivel del 10 de marzo. En caso de “cualquier incumplimiento”, la administración de Alberto Fernández advirtió que “se implementarán las multas y sanciones que fuesen necesarias, ya sea en el marco de la ley 20.680 (Ley de Abastecimiento) o de otras normativas correspondientes”.
Sin embargo, la Secretaría no brindó un listado de los productos específicos que serían afectados por esta medida.
A ello se suman las publicaciones del fin de semana en el Boletín Ofician, mediante las que se decidió elevar las retenciones al aceite y la harina de soja al 33% hasta fin de año, mientras que también anunció la puesta en marcha de un Fondo Estabilizador de Trigo, en busca de regular el precio del pan y sus derivados. Además el Gobierno determinó una suba de retenciones al biodiésel del 1%.
Con reuniones de por medio, ahora le tocará el turno a los comercios de proximidad, uno de los sectores que más inflación expuso en el último período, dado que allí, por ejemplo, no cuentan con el programa Precios Cuidados.
- El contexto: En febrero, la inflación llegó a 4,7% y la dinámica de precios en Alimentos y bebidas expuso un comportamiento diferencial. “Si bien en las grandes plataformas de comercialización, los súper e hipermercados, la variación de precios no resultó tan significativa por la incidencia de las políticas de regulación de precios, no sucedió lo mismo en los segmentos de venta de proximidad, donde la diferencia en el incremento de precios es sustancial”, analizó el Centro de Economía Política (CEPA).
Por ello, el Gobierno ahora intentará pautar políticas de precios en los pequeños locales, como parte de la estrategia para moderar el incremento en los alimentos, lo cual a su vez tiene una incidencia indirecta en el índice de pobreza e indigencia.
La carne, por las nubes
Otra de las preocupaciones del equipo económico se vincula con el precio de la carne, que en febrero registró incrementos del orden del 5%.
En términos interanuales, cortes como la paleta, la nalga y el cuadril superaron el 60%, por lo que son aumentos que estuvieron por encima del nivel general.
Días atrás, el Gobierno había intimado al Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC) luego de que la entidad anunciara su intención de abandonar un acuerdo para abastecer al mercado doméstico de siete cortes a “precios populares”.
En las últimas horas, la Secretaría de Comercio anticipó que en los próximos días habrá reuniones con el sector. Según remarcó, las empresas en cuestión “operan contra el establecimiento de una canasta regulada”.
Además, apuntó a los frigoríficos: “El mismo comportamiento se vio la semana pasada por parte de los frigoríficos exportadores agrupados en el consorcio ABC, que intentaron boicotear el programa Cortes Cuidados, lo que motivó una intimación de Comercio Interior y la subsiguiente actuación del Ministerio de Agricultura”.
“Estas empresas serán convocadas en los próximos días para que den explicaciones sobre su accionar y, en caso de ameritar, se les aplicarán las sanciones correspondientes”, advirtió.
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