Montevideo — La reforma previsional será uno de los mayores puntos críticos que el sistema político uruguayo deberá abordar después del referéndum del 27 de marzo, donde los uruguayos resolverán el futuro de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, el buque insignia del gobierno de Luis Lacalle Pou.
Una mesa de tres expertos analizó en la mañana de este jueves los retos y desafíos del asunto desde diferentes ángulos. Los expositores fueron el exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Ariel Davrieux, el exgerente general de República AFAP, Carlos Matyszczyk, y el director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve), Gonzalo Zunino.
En Uruguay existe consenso en la necesidad de una reforma para la sostenibilidad fiscal del país. Los especialistas en el tema y los principales actores políticos dan como un hecho que uno de los mayores reclamos de la opinión pública será el aumento de la edad mínimo de retiro a 65 años, aunque se asume como un tema laudado para incluir en el proyecto.
Otro punto de acuerdo está en que se mantendrá un régimen mixto, vigente desde la anterior reforma de 1996. Esto consagró por un lado un programa público reformado basado en el reparto y centrado en el Banco de Previsión Social (BPS), y por otro uno de capitalización individual administrado por Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).
Las diferencias están, entonces, en los caminos para avanzar hacia un sistema más sólido y uniforme, en una discusión que incluye diferentes aristas. Una Comisión de Expertos de la Seguridad Social realizó en Uruguay recomendaciones a tener en cuenta para el proceso de reforma aunque la definición, más allá de cuestiones técnicas, tendrá también un componente político.
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Uno de los que estuvo presente como oyente en la instancia organizada por la Asociación Nacional de AFAP del Uruguay (ANAFAP) fue el actual director de la OPP, Isaac Alfie, que adelantó algunos de los temas en los que el gobierno busca avanzar.
Alfie dijo que el Poder Ejecutivo trabaja en una propuesta para “introducir competencia” en la cobertura del riesgo de longevidad, referido a cuando la persona sobrevive por más tiempo en comparación a los ahorros acumulados en su vida. “Va a haber una propuesta para el riesgo de extralongevidad, que alguien va a tener que asumir. Pero la idea siempre es maximizar la pasividad. Hay otros problemas asociados al proceso de desacumulación”, afirmó.
Otro punto que está en debate es lograr una mejor regulación del sistema, para lo que una de las ideas es tener un organismo superior a los diferentes actores. Además el sistema tiene diferentes subsistemas compartimentados en cajas como la de profesionales, la policial, la bancaria y el Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, conocida como caja militar. Uno de los propósitos es lograr un sistema de convergencia entre las cajas y el régimen de la mayoría.
Además se promueve estimular mayor competencia entre las AFAP, reducir las comisiones por administración, y se planteó introducir un nuevo subfondo de acumulación de mayor perfil de riesgo para los afiliados más jóvenes.
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Los desafíos políticos y la reforma posible
Davrieux, que protagonizó la reforma de 1996, dijo que “los sistemas se tienen que adecuar a las condiciones del medio”, en relación a las formas en que se organiza el trabajo, aunque remarcó que por otro lado se debe contemplar “hacer algo que sea posible políticamente”.
“Hay que buscar algo que tenga consenso. En el grupo técnico que aprobó las recomendaciones ni el diagnóstico tuvo consenso. Lograr consenso general sobre esta clase de temas es imposible. El asunto es lograr un consenso posible”, dijo.
En ese sentido dijo que su recomendación es “aprobar el sistema general, en lo posible adecuando los parámetros de todas las cajas en la misma ley”. Y, en tanto, dejar para una segunda etapa la convergencia de los sistemas.
El diseño y su impacto
Para Zunino, “el desafío más importante es contener el gasto en pensiones” y, a su vez, “se puede aprovechar la reforma para una mejor redistribución intergeneracional del gasto público social”, para redirigir más recursos a otras áreas como salud o educación.
“Lamentablemente la sostenibilidad financiera del sistema se soluciona con medidas que no son muy simpáticas, pero son entendibles”, dijo el economista. Además del aumento de la edad de retiro, también se propone cambios en tasas de remplazo y en cálculos del sueldo básico jubilatorio, recordó.
Zunino dijo que “la combinación entre suficiencia y cobertura determina que el gasto público en seguridad social sea elevado” y, en función del envejecimiento de la población, “las tendencias marcan un crecimiento del gasto que podrían tornarse preocupante”. “Incluso en los escenarios más optimistas de crecimiento económico todo ese espacio fiscal que se generaría lo absorbe el financiamiento de la seguridad social. En escenarios menos optimista ni siquiera alcanza”, agregó.
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La cobertura del sistema de seguridad social es amplía, ya que en el orden del 95% de las personas mayores de 65 años reciben alguna prestación. Además las pasividades rondan el 65% del salario promedio, según números que presentó Cinve.
También apuntó a trabajar en “problemas de diseño” para tratar mejor “las heterogeneidades intrageneracionales”. Es que una de las críticas, remarcó Zunino, es la “inequidad intergeneracional” que tiene el sistema, ya que entre los diferentes subsistemas hay diferentes tratamientos. Además, dijo, incluso en el mismo sistema hay tratamientos diferentes en función de los años cotizados o la pendiente salarial.
Las AFAP y el “conflicto de interés” de República
Carlos Matyszczyk centró su exposición en algunos puntos relativos a las AFAP. El exgerente general de República AFAP, la institución de este tipo con más afiliados en Uruguay, dijo que “tiene ventajas pasar a cobrar comisiones sobre saldo”, aunque eso presenta dificultades operativas.
Además planteó observaciones sobre la recomendación que promueve que el regulador fije una comisión de administración máxima para las AFAP. “Vale la pena recordar que estamos en un contexto en el que muchas de las medidas son para bajar el costo operativo de las administradoras, entonces el promedio ponderado puede ser un criterio posible de aplicar cuando tengamos la tranquilidad que ese menor costo operativo se haya trasladado al precio”, dijo. En ese sentido, hizo un llamado a mirar el costo operativo de las administradoras.
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Matyszczyk realizó otra observación sobre “la institucionalidad” del sistema previsional, y dijo que “le preocupa la propiedad de República AFAP”, que está en manos de distintos organismos estatales como el Banco República, el Banco de Seguros del Estado y el Banco de Previsión Social.
“A mí modo de ver existe un conflicto de interés o potencial en estos casos que deberían tratar de reflexionarse. El BSE además de ser accionista de República AFAP es el único proveedor del servicio que tiene mayor costo para las AFAP que es el de seguro colectivo de invalidez y fallecimiento. Cuesta más de 16 puntos porcentuales del recaudo anual y en este caso República AFAP se lo compra a uno de sus accionistas”, detalló. También, dijo, con el BPS existe intercambio de información “muy estrecha” que configura desde su punto de vista otro conflicto de interés. En conclusión, propuso concentrar el 100% del paquete accionario en el Banco República para lograr un diseño institucional “más robusto”.
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